El diputado René Mendívil Acosta, priista, presentó una serie de iniciativas ante el Congreso del Estado del cual es miembro, para intentar reformar leyes y reglamentos locales, que lleven a una mejor administración de los recursos de los bajacalifornianos que integran anualmente el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado. Sin dedicatoria pero a propósito de los hartos señalamientos que pesan sobre presuntas irregularidades en el manejo de los recursos, particularmente en la actual Secretaría de Finanzas, donde ya en tres ocasiones han cancelado licitaciones públicas para entregarlas a empresas hechizas y raras, de manera directa y por millones de pesos. Los casos por los que de hecho se citará a comparecer al Secretario Antonio Valladolid, ya sabe, aquel donde le dieron una licitación de más de 16 millones de pesos de manera directa a una empresa experta en hacer corcholatas, para la realización de las placas vehiculares, empresa que después se supo, incluso antes que le dieran la obra, había apenas comprado maquinaria para tales efectos. Luego también las licencias de conducir que el Gobierno del Estado comprará a razón de 123 pesos cada una, pero la compañía a quien le dieron la licitación directa, comprará a su vez a una empresa de los Estados Unidos por tan solo un dólar cada licencia. Y otros más contratos que se han concedido de manera que aparenta ser irregular y que, vaya, no han sido debidamente aclarados para transparencia, certeza y seguridad de los bajacalifornianos, ni por el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, ni por el Secretario de Gobierno Francisco Rueda, mucho menos por el de Finanzas Antonio Valladolid. Una de las iniciativas ya en el Congreso, propone determinar el porcentaje que del total del presupuesto para el Estado, destine el Gobierno para la inversión pública. Ese dinero que se gasta en construir calles y avenidas, bulevares y presas, desalinizadoras y carreteras, acueductos y presas, puentes y edificios, y otras obras que no solo contribuyen al mejoramiento de la infraestructura sino que benefician a las compañías locales, generan trabajo y hacen rodar la economía. En ese punto, propone el priista adicionar un párrafo al artículo 37 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público para garantizar el crecimiento anual del gasto en inversión pública. Y justifica: “que el Gobierno del Estado asuma su responsabilidad como impulsor del desarrollo económico…No obstante la importancia que reviste la inversión pública, para este año fueron aprobados…Mil 576 millones de pesos menos. Refieren que en 2013 la anterior administración, presupuestó para inversión pública mil 113 millones 710 mil 462 pesos, pero que el ex Gobernador incrementó ese gasto a 2 mil 86 millones 472 mil 623 pesos, “es decir, 973 millones de pesos más que lo aprobado por el Congreso. Para este año, la propuesta remitida por el Ejecutivo y aprobada por la XXI Legislatura contempla solo 510 millones 250 mil 813 pesos en Inversión Pública. De concretarse la ejecución del gasto del Presupuesto aprobado, Baja California perdería en términos reales casi mil 576 millones de pesos en Inversión Pública. Mientras que en el 2013 la Inversión Pública representó el 5.35% del Presupuesto de Egresos del Estado, para el 2014 solo representará el 1.29%”. Otra de las propuestas tiene como objetivo que el Gobierno del Estado, cuando se trate de concurso de obras, licitaciones, concesiones o contratos para la realización de productos y servicios que requiera para satisfacer las necesidades de los bajacalifornianos, se dé preponderancia a las propuestas de empresas, constructoras y compañías de Baja California. Es el caso que las tres empresas a las que Finanzas les adjudicó directamente la producción de placas, la producción de licencias y la compra de despensas, están radicadas fuera del estado y todas tienen su registro público de la propiedad en el Distrito Federal. Una más de las iniciativas, contempla reformar artículos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California así como del Código Penal del Estado, para que se tenga en calidad de órganos de control a “las áreas o unidades administrativas de las dependencias y entidades de los poderes del Estado, de los Municipios y de los organismos autónomos, que tengan a su cargo las funciones de Contraloría Interna y de financiamiento de responsabilidades”. La idea es que los funcionarios que administran el Gobierno y quienes se encargan de supervisar el buen trabajo en la entrega de licitaciones, concursos, contratos, adjudicaciones y convenios, sean sujetos de responsabilidad cuando actúen de manera indebida o con omisión respecto a una irregularidad cometida. Justifican: “El objeto de asegurar al Estado, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, garantías, formas de pago, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, sustenta su interés jurídico en que las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos, y demás elementos para acreditar la economía, eficiencia, eficacia y honradez que garanticen las mejores condiciones financieras, comerciales y de servicio”. Y que el funcionario que no cumpla con ello, que actúe en su provecho o en el de terceros, como las empresas beneficiadas de manera directa sin ofrecer lo antes descrito, sea sometido a proceso por “negociaciones ilícitas”. “En esta ponderación, es pertinente, con el propósito de brindar mayor certeza y seguridad jurídica en la actuación de los servidores públicos involucrados; que las conductas emanadas de su intervención en el Procedimiento de Licitación Pública, sean reguladas en el contexto de las prohibiciones establecidas en el Artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, e incluidas en el tipo penal de “Negociaciones ilícitas” dentro del Artículo 305 del Código Penal para el Estado de Baja California, para lo cual se modifica su denominación para quedar reclasificada como “negociaciones ilícitas y ejercicio indebido de atribuciones y facultades”. La idea de estas propuestas de reforma, y otras que vendrán en el futuro inmediato, es de entrada, para transparentar el gasto y la inversión con los dineros públicos; para evitar transas e irregularidades de funcionarios con empresas privadas, y de ponderar la empresa y la mano de obra local. Y claro, amarrarle las manos a aquellos que gustan lucrar, sacar provecho o comisión del dinero que no es suyo, sino de los bajacalifornianos. Ahora falta que se comprometan los diputados del PAN y le abonen a la transparencia, la certeza jurídica y el buen ejercicio de gobierno. Falta eso.
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