Transas heredadas en CESPT

Antes de concluir su periodo al frente de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Hernando Durán Cabrera dejó perder un juicio de amparo en contra del Ejido Mazatlán, con el que tenía la posibilidad de revertir una sentencia que lo condenaba al pago de 44 millones 217 mil 134 pesos. A pesar de haber contratado en 2011 los servicios de la firma César Alejandro, Fernanda & Victoria, Abogados, S.C., representada por César Cristiani Ramírez para atender esa gestión judicial, al final determinó no dar seguimiento al litigio. Tampoco cumplió con el pago total de los convenios celebrados con el abogado externo, uno de ellos celebrado en términos irregulares, ya que para el pago de honorarios, concede “todos los derechos que al final de los juicios pudiera tener derecho a cobrar este organismo a los demandantes…”, cesión que la dependencia carece de facultades de otorgar. Al arribo de Alfonso Álvarez Juan como director de la Comisión, Cristiani Ramírez pretendió dar continuidad al juicio agrario, mediante nuevas vertientes: comprobar que el Ejido Mazatlán está anormalmente conformado, al no haber sido expropiado y carecer de plano original de deslinde de límites y colindancias; además de demostrar que en el proceso contra CESPT, el Gobierno del Estado de Baja California, no había sido notificado. Sin la formalización documentada de un contrato, Álvarez Juan dio vista al litigante para el seguimiento del juicio. Luego se celebraron reuniones con César Cristiani en la propia dependencia, de una de las cuentas de la Comisión, se hicieron transferencias a la cuenta de Cristiani, e intercambiaron correos dando instrucciones los funcionarios y recibiéndolas el profesionista. Pero la firma de un nuevo convenio de servicios profesionales, Álvarez Juan solo la evadía, hasta que un día, Fermín Gómez Gómez  le condicionó el pago de contratos anteriores y la firma de un nuevo acuerdo hasta que no accediera a entregar el 50 por ciento de los convenios a cuatro funcionarios de la CESP, incluyéndolo a él y al propio director. Así lo asentó César Cristiani en la demanda 6657/14/211/AP, presentada el 2 de julio de 2014 en la Unidad de Atención y Orientación Temprana de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. Los contratos En 2010, el Ejido Mazatlán inició un juicio, demandando a la CESPT la restitución de dos predios ubicados en Playas de Rosarito, mismos que la dependencia viene ocupando desde 1971. Al carecer la Comisión de abogado especialista en derecho agrario, el litigio con número 35/2010 y radicado en el Tribunal Unitario Agrario de Distrito 45, con sede en Ensenada, fue dejado en manos de un defensor de oficio de la Procuraduría Agraria. Sin defensa oportuna, el tribunal resolvió que CESPT tendría que pagar o devolver los inmuebles en cuestión, por lo que la dependencia se abocó a solicitar a la Comisión Estatal de Avalúos, determinar el valor de los dos predios. La instancia resolvió lo siguiente: el valor del lote de una superficie de 2.4 hectáreas -que alguna vez asentó una desaladora y hoy sirve como bodega-, lo cuantificó en 38 millones de pesos; mientras que el de 4 mil 064.89 metros cuadrados -en el que actualmente operan oficinas administrativas-, se tasó en 6 millones 217 mil 134 pesos. CESPT signó un contrato de compraventa con el ejido para la adquisición de ambos predios, pagando por el de menor valor la cantidad de 5 millones 125 mil pesos, dejando pendiente una diferencia de poco más de un millón de pesos. Fue entonces cuando Hernando Durán decidió contratar en forma directa los servicios de César Cristiani para revertir el fallo, en junio de 2011, cuando el juicio se encontraba en etapa de alegatos y sentencia. Para ello se comprometió al pago de 650 mil pesos, adicionando un “bono especial” por un millón 850 mil pesos, siempre y cuando lograra el Ejido Mazatlán devolver los 5 millones 125 mil pesos que se le habían pagado por uno de los predios. Al contraataque legal iniciado por Cristiani, el ejido respondió requiriendo ya no solo la restitución de los dos lotes, también el pago de rentas vencidas durante los 43 años en que la Comisión había tenido la posesión de ellos; arrendamiento tasado en 40 millones 777 mil 957 pesos. No obstante, la CESPT fue absuelta del pago de renta y, para evitar devolver o pagar por los predios ocupados, la firma de César Cristiani propuso al organismo estatal presentar una denuncia penal, al indicar haber encontrado elementos que comprobaban que la compraventa del predio menor se efectuó de manera irregular, toda vez que el núcleo ejidal nunca acreditó la ejecución de la resolución presidencial, en cuanto a expropiación y deslinde. Sin embargo, avanzada la defensa, en 2012,  Durán Cabrera optó por reconocer los derechos de propiedad y posesión del ejido, e impidió a Cristiani presentar las denuncias penales, por lo que el litigante no logró la devolución del anticipo pagado por uno de los lotes, por lo que no cubrió el “bono especial” pactado. A la par del contrato para dar seguimiento al caso del Ejido Mazatlán, Hernando Durán signó con Cristiani un convenio para atender un juicio ordinario civil, en el que se requería al organismo el pago de 355 millones 245 mil pesos. A cambio, se comprometió a pagarle una cantidad “simbólica” de un millón 300 mil pesos y, a manera de honorarios, estableció en una de las cláusulas del acuerdo, “la cesión de todos los derechos que al final de los juicios pudiera tener derecho a cobrar este organismo a los demandantes, los señores Manuel Mauro Prieto Crespo, Manuel Alfonso Castillo Hernández, por conducto de sus apoderados legales, Jesús Quezada Salas y Luis Alfonso Olivares Barbosa”. César Cristiani presentó denuncia penal en contra de todos ellos, al descubrir que dicho contrato se presentó con documentos falsos, optando los demandantes por desdecir lo alegado en el juicio civil. Lejos de continuar con la demanda por la supuesta falsificación de su firma, optó por abandonar el litigio. Cristiani tampoco obtuvo beneficio adicional, además del millón 300 mil pesos, porque no hubo cobro indemnizatorio a la contraparte, sobre todo, porque dicha cláusula resultó improcedente, ya que CESPT está imposibilitada a ceder derechos a terceros. El soborno Al cambiar de administración la CESPT, Álvarez Juan le autorizó continuar con la defensa del organismo en este caso, aunque el acuerdo fue solo de palabra. Como evidencia de ello, el litigante mostró a ZETA el intercambio de correos y depósitos para el requerimiento de copias certificadas de documentos requeridos en el Registro Agrario Nacional. Incluso acompañó a los directivos de CESPT el 1 de abril de 2014, a una audiencia con el comisariado ejidal del Ejido Mazatlán. Pero el acuerdo nunca se asentó en un documento, por lo que el profesionista insistió hasta que el 13 de marzo fue atajado por Fermín Gómez Gómez, jefe de la Unidad Jurídica del organismo. El funcionario le advirtió: “De todo lo que quieres que se te pague en éste y en los otros contratos anteriores que tienes firmados con la CESPT, nos tienes que dar el 50 por ciento de cada cheque que se te dé, y lo queremos en efectivo para no dejar huella…”. Así acusó César Cristiani en la denuncia formal interpuesta el 2 de julio de 2014, ya ratificada, en la que acusa a Alfonso Álvarez Juan; Jorge Ortiz Díaz, jefe de la Unidad de Auditoría Interna; Leonardo Hernández, asistente de Álvarez Juan; y el propio Fermín Gómez. A decir de Cristiani, todos ellos fueron mencionados por el propio Gómez Gómez como “parte de la polla” de esa estafa. Luego de la indecorosa propuesta del jurídico de CESPT, Cristiani informó de tal situación a Alfonso Álvarez, quién se comprometió a tomar cartas en el asunto, pero no hizo nada. Cristiani siguió con el juicio que lo ocupaba, y concluyó la redacción de una demanda de amparo indirecto a nombre del Gobierno del Estado para revertir la sentencia que había sido favorable al Ejido Mazatlán. El 7 de abril de 2014, el litigante acudió nuevamente a las oficinas centrales de CESPT a requerir el anticipo del contrato pactado de palabra en febrero de este mismo año, demandado la firma del mismo. Álvarez Juan le dijo que sería atendido por Fermín Gómez, quien a su vez le indicó que no se le debía nada y le recordó que no habían firmado ningún contrato. Del juicio de amparo elaborado por el abogado, Gómez Gómez le aclaró que éste sería interpuesto directamente por el Gobierno del Estado. Y le advirtió: “Cuídese mucho licenciado Cristiani en lo que vaya a hacer, porque tengo entendido que el ORFIS ya le está haciendo una investigación…”. Un día después de la demanda interpuesta por César Cristiani en contra de los funcionarios de CESPT, ZETA entrevistó a Alfonso Álvarez Juan y a Fermín Gómez Gómez, se dijeron no enterados de la demanda y negaron cualquier acuerdo de palabra con el abogado. Sin embargo, el viernes 11 de julio de 2014, Cristiani recibió un oficio del propio Luis Fermín Gómez Gómez, requiriéndole la comprobación de gastos de su viaje a la Ciudad México para gestionar trámites ante la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, por una suma de 97 mil pesos; dinero trasferido de una cuenta del organismo, a la cuenta del abogado, con fechas que van del 14 de marzo al 28 de marzo de 2014. Los depósitos se hicieron para el pago de hotel, viáticos y copias certificadas, gastos que sin convenio de por medio, no tendría que haber erogado la dependencia. La inconsistencia del Ejido Mazatlán Sin antecedentes de un proceso de expropiación, porque éste se asumió implícito en un decreto presidencial que data de 1938, el Ejido Mazatlán define sus límites y colindancias en un plano que validó 52 años después de su fundación,  porque “el plano original se extravió”, anotó su actual comisariado ejidal, el cual preside Rodolfo González Pitones. Por ello, justifica, no existe un documento que avale en sí la expropiación de las 4 mil 671 hectáreas de las que fue dotado el 17 de agosto de 1938, a través de un decreto emitido por el entonces Presidente de México, Lázaro Cárdenas; resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 1940. La ordenanza presidencial determinaba tomar íntegramente dichas hectáreas de un predio mayor de 19 mil 314 hectáreas, propiedad de la sucesión mancomunada y acumulada de once miembros de la familia Machado para, posteriormente, ser expropiadas al ejido. Sin embargo, en ninguno de los archivos oficiales se encuentran antecedentes de que la expropiación fue llevada a cabo tal y como se determinó. La única constancia de su supuesta ejecución se resume en un acta de dos hojas tamaño carta, “copia fiel y exacta sacada de su original, que obra en su expediente respectivo”, archivo no localizado del cual solo se encontraron certificados de notarios públicos dando fe de su existencia. El documento hace mención de la comparecencia de miembros del comisariado ejidal, pero no determina el nombre de ninguno en particular, ni hay rúbrica alguna de los beneficiados, aun cuando en el mismo se indicó que firmaron “al calce los que intervinieron, quisieron y supieron hacerlo”. Para el abogado Cristiani, el Ejido Mazatlán “solo se sentó en las 19 mil 314 hectáreas dotadas, sin llevar a cabo la expropiación requerida, por lo que no es dueño de los terrenos cuya restitución reclama”. De esta aseveración de César Cristiani, el tesorero del ejido, Óscar Salazar subraya: “La verdad es que él inventa su propio código agrario y su procedimiento de dotación”. El comisariado responde que con los tres documentos, se podían formar los ejidos: resolución presidencial, plano proyecto y el plano de ejecución, sí se cumplen, aunque las pruebas datan de años recientes, apegadas a los nuevos lineamientos agrarios. Por último, del plano original de deslinde y colindancia, aceptaron no contar con él, porque se extravió y fue repuesto hasta 1991.