Secretaría de Finanzas, cómplice de falsificadores

Homicidas, traficantes y secuestradores, son detenidos en posesión de documentos expedidos por la Secretaría de Finanzas de Baja California, y a la fecha, ningún funcionario es investigado por esa causa. Los cómplices de criminales enquistados en las oficinas gubernamentales logran evadir a la autoridad, que se conforma con procesar a capos por delitos mayores y no hacen el desglose a las subprocuradurías para que éstas indaguen los delitos de suplantación y falsificación. El resultado es que estos casos no se siguen de oficio. En octubre de 2012, Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, hija del narcotraficante  Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fue detenida -y luego deportada- al intentar cruzar la garita de Tijuana a San Ysidro. Al momento portaba una licencia que se le otorgó en Tijuana, con dirección en esta ciudad, su fotografía y el nombre de una residente legítima. Al capturar al más reciente cabecilla del Cártel Arellano Félix,  Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, se le encontró una licencia de Baja California presuntamente emitida en 1998, a nombre de Fernando Canales Villanueva. A su opositor, Eduardo García Simental “El Teo”, el Consejo Estatal de Seguridad de Baja California le detectó, en 2009, dos licencias locales con distintos nombres. Y en enero de 2010, al ser detenido en Baja California Sur, se hacía pasar por un ingeniero. De hecho, en octubre de 2009, la Procuraduría del Estado anunció que estaba investigando a la Secretaría de Finanzas por el otorgamiento de los documentos mencionados, luego de que el grupo criminal que García Simental encabezaba, secuestró y asesinó a Rogelio Sánchez,  jefe de la oficina de licencias en Tijuana, porque su contacto en la misma dirección, un joven llamado Isaac Alcalá, dijo a los delincuentes que su jefe había dado esos datos a la autoridad. A pesar del asesinato de un funcionario público, después de cinco años, ese expediente tampoco tuvo avances para detectar qué empleados estaban proveyendo de documentación a la célula delictiva de “El Teo”. Impunidad continuada El 20 de julio de 2014, la Procuraduría estatal anunció la detención del michoacano Juan Carlos Almazán Mendoza “El Pillo”, ex policía municipal en aquella entidad.  La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aseguró en Tijuana que se trata del presunto líder de  la célula de Los Templarios en Nueva Italia, Michoacán, con nexos directos con los cabecillas del cártel. Peor aún, admitió que existe la posibilidad de que pretendieran agruparse para operar en Baja California. Almazán fue aprehendido a solicitud de la Procuraduría de Michoacán, donde se dieron cuenta que el detenido se había trasladado a Tijuana -la fiscalía local fue informada de este hecho en noviembre 2013-, donde lo mantuvieron ubicado, mientras les otorgaban las órdenes de aprehensión por secuestro y homicidio. Al ser detenido, “El Pillo” se identificó como un empresario de la construcción, con una identidad  distinta que la autoridad no hizo pública, y que tampoco desglosó para su investigación. Otro caso documentado, el de Daniel Arce González (35 años), quien asesinó a Josué Crok la tarde del 17 de junio de 2014 frente al restaurante de mariscos Rincón del Mar en la Avenida Highland en National City, California. El presunto homicida cruzó después a Tijuana, violando así la libertad condicional que se le había impuesto por el delito de tráfico de drogas.  Para las corporaciones coordinadas  de California y Baja California, se trata de un sujeto dedicado al trasiego de droga entre Tijuana y San Diego, a quien le estaban dando seguimiento, pero el homicidio cometido contra Crok y su huida, obligó a un cambio de estrategia. Pasaron 37 días para que la Unidad de Inteligencia de la Policía Municipal de Tijuana lo pudiera ubicar en condiciones de ser detenido con el menor riesgo posible. En ese momento, Arce González circulaba en una calle de la colonia Madero, tuvieron una identificación positiva y lo abordaron. El homicida trató de evadirse mostrando documentación con un nombre distinto, una licencia oficial de conducir expedida por la Secretaría de Finanzas con número 2106008157, Tipo D, para choferes que manejan vehículos de alquiler. El documento estaba a nombre de Luis Carlos Figueroa y, pese a tener una dirección en Avenida Central número 61, Los Olivos, La Mesa, en Tijuana, la tramitó en Rosarito apenas el 21 de marzo de 2014. Sin embargo, como los agentes ya conocían su verdadera identidad, Arce González finalmente fue detenido y entregado al Instituto de Migración, entidad que posteriormente lo entregó a las autoridades de Estados Unidos, país donde está siendo juzgado. Respecto a quién le otorgó o cómo obtuvo esa licencia oficial para conducir, no se instruyó averiguación alguna porque la Procuraduría del Estado simplemente no se enteró. En la tercera semana de julio de 2014, la Policía Municipal de Tijuana detuvo por una falta administrativa a Luis Francisco Lozano Beltrán “El Paco Trokas”. Apenas en junio, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado había identificado a este hombre como uno de los 60 “Más Buscados” (ZETA edición 2099). La autoridad informó que se trataba de un delincuente que había sido detenido el 25 de septiembre de 2009, y liberado el 1 de octubre del mismo año por falta de elementos. Sin embargo, Lozano Beltrán también tenía un expediente en la Policía Municipal; había sido arrestado la madrugada del 8 de junio de 2009 en compañía de cinco sujetos por detonaciones en el fraccionamiento El Lago, Delegación Cerro Colorado, en posesión de una metralleta Uzi robada el 30 de abril del mismo año a un policía, durante el atraco a un comercio. Los capturados fueron entregados al Ejército, después regresaron a la Municipal, donde Lozano Beltrán amenazó a los uniformados diciendo que “trabajaba”  para Raydel López Uriarte “El Muletas”, que pronto saldría la cárcel. Y advirtió a los agentes que López Uriarte los mataría. Al final, los delincuentes fueron remitidos a la Procuraduría General de la República (PGR) junto con el arma aquí descrita y 13 casquillos. Lozano Beltrán fue remitido por la posesión de una licencia oficial de automovilista número 51 0070441, con dirección en Lomas de Rosarito, tramitada el 8 de abril de 2014; documento que le fue entregado con el falso de nombre de Francisco Beltrán Espinoza, además, por “usurpación de identidad”, un delito menor que alcanza fianza, y pese a que la Policía Municipal lo grabó declarando que pagó 60 dólares para que le dieran el documento oficial con identidad falsa, ante el Ministerio Público del Fuero Común se desdijo. Aseguró que el funcionario que le hizo el trámite se equivocó, poniéndole los apellidos de su mamá. No obstante, este delito se está investigando, confirmó la Subprocuraduría en Tijuana.    Investigaciones oficiales De los casos anteriores y en lo que va del año, la Subprocuraduría de Tijuana solo fue informada del caos de Luis Francisco Lozano Beltrán “El Paco Trokas”, quien se identificó con la Policía como Francisco Beltrán Espinoza, pero en la PGJE negó haber comprado documentos falsos, afirmando que todo se trató de un error. En este expediente, la PGJE aún se encuentra en proceso de averiguar si hubo suplantación, falsificación, o si se alteraron sistemas de informática, y de ser así, quién lo hizo. Además, falta saber si hay una persona dentro del gobierno a quien se le deba responsabilizar por estos hechos, o si la culpa está en manos de tramitadores externos. El detalle es que, a pesar de los casos que se presentan una y otra vez, a la fecha no hay otras indagatorias de presuntos criminales mayores con identidades y documentos falsos.  De enero a julio, la Procuraduría en Tijuana solo ha recibido tres investigaciones más por falsificación: dos de licencias falsas, a nombre de Luz María Pérez y Luis Alberto Cisneros Heredia; y solo un caso por falsificación de documentos de vehículo, relacionado con el robo de autos en California. Se trata de un hombre que acudió a denunciar que a su nombre aparecía un vehículo que no es de él, además, robado, y al localizarlo, tenía la serie de otro carro que circula legalmente y con dueño en Estados Unidos. “Así es como pasan aduana y sacan placas sin problemas, pero estamos en proceso de analizar de dónde proviene, desde la importación, quiénes participaron, cómo ingresó, cómo se hizo el trámite de importación” explicó el subprocurador en Tijuana, Gilberto Cota Alanís. Recordó que existe el problema de algunas tramitadoras, incluso en Estados Unidos, que se anuncian para sacar licencias en ambos lados, “y la gente los cree, el señor que vivía en Los Ángeles se dio cuenta de la falsificación cuando vino a renovar el documento a Baja California”. El licenciado Cota Alanís detalló respecto a las posibilidades de fincar responsabilidad: “La situación para que sea delito es que la persona sepa que está usando un documento falso”,  y en el caso de los funcionarios de finanzas que sepan que los documentos que les están entregando para el trámite son apócrifos. El directivo agregó que a veces no es posible detectar si los documentos son legítimos, “sabemos que hay tarjetas del IFE alteradas, pasaportes mexicanos alterados, lamentablemente es una situación de las bandas delictivas, y lamentablemente pueden sorprender a cualquier servidor público”. Sin embargo, expuso que si el documento es auténtico, con información falsa, se puede dar seguimiento a las firmas electrónicas que lo autorizaron, además de verificar quiénes lo aprobaron en las diferentes fases. “Y eso es lo que se está haciendo”. Para identificaciones positivas, “la huella es más fácil de detectar y determinar la identidad real, es donde se ha identificado que no es la persona del documento, que es genuino porque lo expidió la autoridad, pero es adulterado en el contenido”, concluyó el subprocurador. Por su parte, Bladimir Hernández Díaz, contralor general del Estado de Baja California, apuntó que actualmente la Contraloría lleva a cabo una investigación en la Secretaría de Finanzas por expedición de documentos con falsedad de contenido, iniciada el 20 de julio de 2014. Se calcula que tardarán dos semanas en concluir este proceso emprendido por información vertida en los medios de comunicación, acerca de una mujer que intentó obtener una visa para cruzar a Estados Unidos con documentos falsos comprados en Mexicali. Según el funcionario, se trabaja en varias líneas: “Una, verificar si lo que se denuncia en medios se puede comprobar documentalmente, si hay personal que labore actualmente en la Secretaría de Finanzas y que pudiera estar implicado, o sean documentos elaborados fuera del gobierno. “Si internamente es un asunto de corrupción, hay que mejorar procedimientos de vigilancia del trabajo de los servidores públicos. Si fue externa, hay que  mejorar los puntos de seguridad que deben tener los documentos emitidos por la Secretaría de Finanzas. En cualquiera de los casos existe un delito”, aseveró Hernández, para luego agregar que desde hace dos años están trabajando con un sistema -que forma parte de un proyecto nacional- para dar seguimiento informático a quién hace determinado trámite, a quién le toca vigilar qué sistema. Las claves de acceso les permiten dar un seguimiento puntual a todo el proceso para emitir un documento oficial. “Debemos ver si podemos demostrar fehacientemente que fue una o varias personas la que introdujeron de manera fraudulenta sus claves para un uso ilegal, o pudiera ser una falta de supervisión del propio servidor público, que por carga de trabajo no haya hecho una supervisión correcta y no haya detectado algunos elementos en el documento que podían sugerir” concluyó. Código Penal de Baja California 1. Suplantación.- Artículo 175, con penalidad de seis meses a seis años, y cuatrocientos a seiscientos días multa. Alcanza fianza. 2. Falsificación.- Artículo 259, pena de seis meses a tres años y de veinte a cien días multa. Alcanza libertad bajo caución.