Los Cabos, Baja California Sur.- En el caso de la sustracción ilícita de agua potable por parte de invasores en algunos puntos de San José del Cabo y Cabo San Lucas, y según las primeras investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), aparecen líderes de colonias, servidores públicos e incluso el precandidato a alcalde de Los Cabos, Narciso Agúndez Montaño como presuntos responsables de los delitos de desvío, robo, daños y despojo de agua potable y lo que resulte. Datos recabados por ZETA exhiben que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos (OOMSAPAS) ha presentado, de 2012 a la fecha, más de 40 denuncias penales en contra de particulares, por reconectarse el servicio sin haber liquidado adeudos de hasta 24 meses, y cinco acusaciones más en contra de habitantes de invasiones. Son las siguientes: * 3 de agosto de 2012, en contra de los pobladores de la invasión “La Ballena”, en San José Viejo, por haber introducido una red de tubería de tres pulgadas a la propiedad; el caso quedó asentado en la averiguación previa SJC/172/PAT/2012. * 7 de noviembre de 2012, en contra de los habitantes de la invasión “Vado de Santa Rosa”, en San José del Cabo, por haber introducido una red clandestina a válvula de expulsión; averiguación previa SJC/213/PAT/2014. * 25 de abril de 2014, en contra de pobladores de la invasión “Vado de Santa Rosa” en San José del Cabo, por haber introducido una red de agua potable en un camino de terracería con rumbo a las cribas; caso asentado en la averiguación previa SJC/326/TUR/2014. * 11 de abril de 2014, en contra de los habitantes de la invasión “Lomas del Sol” en Cabo San Lucas, por haber introducido una red de agua potable, incluso de drenaje; caso registrado en la averiguación previa CSL/232/AMP5/2014. * 6 de junio de 2014, en contra de los pobladores de la invasión del “Vado de Lagunitas” en Cabo San Lucas, por haber introducido una red de agua potable, incluso drenaje; averiguación previa CSL/384/AMP5/2014. El propio director del OOMSAPAS, José Manuel Curiel Castro, dijo desconocer a ciencia cierta si detrás de la introducción de las redes de agua potable, sobre todo en zonas invadidas y de alto riesgo, están involucrados servidores públicos o políticos de Los Cabos. “Lo que sí te puedo decir, es que sí detectamos redes de agua potable conectadas a nuestras tuberías, obviamente afectaron la distribución del líquido y están poniendo en peligro la eficiencia del servicio, por lo que presentamos las denuncias penales correspondientes y va contra los presuntos responsables, sean o no funcionarios o políticos; eso es lo que tendrá que investigar la Agencia del Ministerio Público”, expuso, y de su parte, “solo revisamos las instalaciones, comprobamos que había tomas clandestinas y metimos las denuncias por la evidente afectación económica que se está cometiendo en contra del organismo de agua potable”. Los daños Desde un principio, el robo de agua potable fue tomado muy a la ligera por parte del Ayuntamiento de Los Cabos, pero después de la realización de un estudio técnico de OOMSAPAS, derivaron datos sumamente preocupantes, sobre todo por las siguientes razones: * Genera un serio desabasto de agua en las colonias aledañas a las invasiones, es decir, el agua primero cae a las invasiones y después a los contribuyentes que puntualmente pagan el servicio. * Se introdujo una red clandestina que abarca una parte muy significativa de las invasiones. * Actualmente hay pérdidas económicas muy fuertes en contra del organismo operador. Aunque Curiel Castro no quiso revelar el monto financiero de los daños causados por el robo de agua potable, lo cierto es que -según la copia de un estudio técnico en poder de ZETA- las cinco invasiones están robando y consumiendo alrededor de 100 litros de agua por segundo, lo que en números fríos representa el 50 por ciento de lo que actualmente produce la planta desaladora de “Los Cangrejos” en Cabo San Lucas. En otras palabras, el volumen de agua extraído ilícitamente por los invasores es ligeramente un poco más que la que se pretende extraer con la construcción -en base al proyecto- de una nueva planta potabilizadora de agua conocida como “San Lázaro”, la cual surtiría de 80 litros por segundo del vital líquido a las colonias Vista Hermosa y El Zacatal, en San José del Cabo. En dinero -y de acuerdo al estudio técnico- el golpe económico en pérdidas es aproximado a 250 millones de pesos al año, lo que equivale a la mitad de la inversión que se pretende consolidar en cualquiera de las dos nuevas plantas desaladoras: * “Los Cangrejos” en Cabo San Lucas, cuya ampliación pretende generar 200 litros de agua por segundo con un monto de inversión de 546 millones 339 mil 649 pesos. * La construcción de la planta desaladora en el arroyo El Tule, que generaría 200 litros de agua por segundo, con un monto de inversión de 500 millones de pesos. Los responsables Actualmente la PGJE investiga el caso del robo de agua en las cinco invasiones, inclusive el 22 de julio de 2014, y como parte de las diligencias, la Dirección de Servicios Periciales levantó un estudio sobre las tomas clandestinas para determinar el tamaño de la red, tipo de tubería utilizada y el número de casas conectadas de manera ilícita. Durante una entrevista con ZETA, el subprocurador de la zona sur, Alejandro Martínez Beltrán, dijo estar recabando testimonios y evidencias que permitan comprobar la responsabilidad de todos los involucrados. — Según las primeras investigaciones, ¿son muchos los implicados? “Sí, es mucha gente. Por cuestiones de sigilo no podemos ofrecer nombras hasta deslindar responsabilidades”. No obstante, de acuerdo al expediente, en el caso del robo de agua potable en el “Vado de Lagunitas, los propios invasores han señalado como el responsable y sin temor a equivocarse, al ex gobernador de Baja California Sur y actual precandidato a alcalde de Los Cabos, Narciso Agúndez Montaño. Vastamente conocido en ese ambiente ilegal, pues fue líder e impulsor de muchas de las invasiones en Los Cabos, Agúndez “nos dijo que nos conectáramos de la red de agua potable, hasta nos mandó tubos y maquinaria para excavar e introducir las tomas”. Uno de los agentes de investigación asignados al caso, afirmó a ZETA que “la participación del precandidato a alcalde va dirigida a evidentemente ganar votos, lucrando políticamente con la necesidad de los invasores, aunque esté plenamente consciente de que está cometiendo un delito”. En ese caso en particular, y según datos que obran en el expediente, también están implicados los líderes de la invasión, identificados como Julián de la Rosa Gómez y Héctor González, inclusive el gerente del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cabo San Lucas, Martín Salinas Ceseña, y otros servidores públicos de las direcciones de Operación y Mantenimiento. Datos recabados por este Semanario indican que esta semana la PGJE comenzará a citar a todos los implicados para que declaren en torno a los hechos. Actualmente el OOMSAPAS produce mil 200 litros por segundo, distribuyendo 600 en San José del Cabo e igual cantidad en Cabo San Lucas, con un déficit de cobertura de 300 litros por segundo; por lo que consolidando tres proyectos estratégicos, se tendría una cobertura al 100%. Obviamente los proyectos –una planta potabilizadora, una nueva planta desaladora y una ampliación de otra planta desaladora- tendrían una inversión de mil 46 millones 349 mil pesos, lo que representa casi el total del presupuesto que el Ayuntamiento de Los Cabos gasta en todo un año. Las violaciones Un abogado consultado por ZETA refirió que el robo de agua es un delito sancionado administrativa y penalmente, aun cuando no tiene el estatus de ser grave, y cualquier persona encontrada culpable puede salir libre bajo caución. En materia administrativa, la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur establece: Artículo 94.- Las personas que se harán acreedoras a sanciones administrativas, son aquellas que utilicen los servicios públicos de manera clandestina, quienes deberán pagar las tarifas que correspondan a dichos servicios. Artículos 139 y 140.- Las personas que instalen en forma clandestina conexiones en cualquiera de las instalaciones del sistema, sin estar contratadas, y sin apagarse a los requisitos, se harán acreedoras al pago de una multa equivalente de cinco a cuarenta veces el salario mínimo vigente en el estado. En materia penal, y según el Código Penal, cometen el delito de robo, despojo y daños las personas que hagan lo siguiente: Artículo 294.- Al que se apodere de una cosa mueble ajena, sin consentimiento de quien pueda otorgárselo conforme a la Ley. La fracción IX, explícitamente cita: “Sobre tubos, conexiones, tapas de registro, señalamientos o cualquier objeto destinado a un servicio público”. Artículo 314. Fracción III.- Se impondrá prisión de 5 a 9 años de prisión y multa hasta por seiscientos días de salario mínimo vigente al que por medio de la violencia física o moral, la furtividad o el engaño, “desvíe o derive de su provecho aguas ajenas o ejerza actos de dominio respeto a aguas propias, lesionando los derechos de otros”. Artículo 324.- Al que por cualquier medio destruya o deteriore una cosa ajena. La Fracción II establece textualmente, “cuando el daño se cometa en bienes del dominio público”.
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