Está muy difícil creerle a un gobierno sin credibilidad. Por un lado el abogado dice que José Mireles debe probar que no portaba las armas, es decir que debe probar que es inocente, arremetiendo Alfredo Castillo –el abogado- con el principio que rige el estado de derecho; para la justicia eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por el otro lado están miles de personas, los seguidores de Mireles, los michoacanos oprimidos por el narco y por las fuerzas federales, los que se auto defienden luego de sufrir la indefensión gubernamental provocada por la impunidad que en este país es privilegio de los criminales. Está el doctor Mireles y su abogada quienes dicen que no, que el autodefensa Mireles no fue detenido ni portando arma corta ni arma larga, ni con droga; sí con mucho dinero que no ha sido reportado en su totalidad por la autoridad que lo aprehendió. Y en medio del caos, está la inseguridad creciente no solo en Michoacán, estado que ha servido de conejillo de indias al Gobierno de Enrique Peña Nieto para probar un plan de ataque al crimen organizado, deteniendo a los ciudadanos que se revelan y no a los delincuentes, y aplicando toda la fuerza de la corporación federal pero no con estrategia integral. El caso del doctor Mireles es rápido de ver como un caso político. Aun si efectivamente lo detuvieron con armas, droga y dinero de procedencia ilícita -cuestiones que el fiscal federal deberá probar en tribunales a partir de investigaciones y la integración de una averiguación previa- en su caso son perceptibles los abusos que comete el estado cuando quiere exhibir, oprimir y castigar mediáticamente a una persona que le es molesta al sistema. A José Manuel Mireles lo detuvieron según armado y con su grupo de autodefensas en iguales circunstancias, lo esposaron y según el detenido y sus acompañantes, lo torturaron verbalmente, psicológicamente. Lo raparon. Le rasuraron el bigote, y le niegan alimento y medicina necesaria para amortiguar sus dolencias producto de enfermedades propias y de un accidente aereo que casi le cuesta la vida. Además, permitieron que uno de sus defensores lo video grabara en esas condiciones de decaimiento y sometimiento físico. Así los mexicanos hemos visto imágenes del doctor Mireles con la mirada perdida, con la cabeza agachada, rapada. Sin su característico bigote, con uniforme color beige de preso peligroso y quejándose de dolores, de hambre. Es evidente que el gobierno permitió que se le grabara. Cuando de interrogar a un preso en penal se trata, y más siendo federal, los aparatos de comunicación les son retirados a los abogados, sea un encuentro físico, o como en este caso, a través de un sistema de comunicación digital. Pero el gobierno federal quiso que la imagen de un doctor Mireles abatido y sometido por el sistema judicial y carcelario, se diera a conocer. Igualito le hizo con el caso –guardada toda la proporción criminal, pero en idéntica circunstancia política- de Elba Esther Gordillo Morales. A la señora la esperaron los policías federales, la esposaron y la trasladaron al penal, y cuando su audiencia primera correspondió, alguien le tomó una imagen tras las rejas, sin maquillaje, achicada, sometida por el sistema. Los tintes políticos en una detención como la del doctor Mireles, se aprecian en la exhibición que hacen de la persona para denostarla ante la sociedad, para señalarlo como un delincuente y no como un luchador social –que lo es- apoyado por líderes de opinión, activistas y muchos ciudadanos a los cuales el gobierno ignoró hasta que Mireles y los suyos y muchos como ellos, tomaron las armas. Vea la diferencia en un caso criminal. La aprehensión de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Supimos que lo detuvieron porque la información le fue proporcionada de manera anónima a la agencia de noticias AP, a diferencia del caso que nos ocupa, no salió comisionado alguno, procurador o secretario, de manera inmediata a confirmar la detención del capo más buscado. Pasaron horas, horas, antes que el gobierno de Enrique Peña Nieto se colgara la medalla que la DEA (Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos) le dio. Y luego de terminada la conferencia de prensa pasar “inadvertidamente” al reo frente a las cámaras de televisión, con ropa informal, con pantalones de mezclilla y camisa blanca, limpio y con todos sus pelos, para que la población mexicana diera fe de la detención, para que los mexicanos le creyeran a un gobierno que no tiene credibilidad. Pero no hemos vuelto a saber nada de “El Chapo” Guzmán. Es obvio por los procedimientos judiciales que ya ha sido presentado a declarar, pero no sabemos si le raparon la cabeza o le cortaron el bigote, tampoco lo hemos visto disminuido tras las rejas, ni agachado sin pelos alrededor de la boca o en las sienes. Al “Chapo” el sistema mexicano lo ha protegido en prisión como lo protegió en libertad, en el anonimato. La del “El Chapo” no fue una detención con tintes políticos, fue una aprehensión criminal que debieron hacer cuando obligados por el Gobierno de los Estados Unidos, luego entonces no les interesa exhibirlo, ni propagar las declaraciones, ni mostrarlo, lo mantienen cuidadito en el sigilo que les obliga una Ley Nacional de Seguridad que con el doctor Mireles no han aplicado a rectitud. No sabemos, porque no vimos la aprehensión en vivo, ni nos mostraron las armas en el cuerpo del doctor o los suyos, si efectivamente traía armas, y en esas condiciones, creerle al gobierno de Peña Nieto es difícil. Desde que Alfredo Castillo fue nombrado Comisionado para la Seguridad en Michoacán, se ha empeñado en desactivar a las autodefensas que hicieron la labor del gobierno, en lugar de aprehender a los criminales. Dividió el gobierno federal a estos grupos ciudadanos para acabar con ellos. Ya le habían cantado la aprehensión al doctor José Mireles, es probable que se haya descuidado, que haya caído en el cuatro que desde el ámbito federal le pusieron, pero lo que están haciendo con él, es una exhibición mediática para acabar con la personalidad, la humanidad y la dignidad de un hombre de lucha que tiene seguidores. Podremos no estar de acuerdo con la toma de ciudades por parte de Mireles, con el uso de las armas o la promoción de más violencia para acabar con la violencia, pero coincidiremos con el hartazgo que lo llevó al extremo de defender con sus manos lo que su gobierno no le ha asegurado ni a él ni a los suyos. Y podremos estar de acuerdo con que el gobierno imponga el estado de derecho, pero de que hay tintes políticos y de que existen diferencias evidentes y mediáticas en la detención de un criminal y un líder social, las hay. ¿No?
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