Preocupa al GIT cambio de discurso en el gobierno de Hirata

Ensenada.- Las declaraciones del asesor jurídico del  Alcalde Gilberto Antonio Hirata Chico,  generaron descontento y confusión al interior del Grupo Interdisciplinario de Trabajo para la Defensa  del Territorio de Ensenada (GIT), por un aparente cambio en el discurso del XXI Ayuntamiento, en torno al conflicto territorial que existe entre los municipios de Playas de Rosarito y Ensenada. Así lo expresó Andrés Armenta González, coordinador del  organismo, este lunes 7 de julio de 2014, en las instalaciones del Hotel San Nicolás en el puerto. De acuerdo a Armenta González, Guillermo Hurtado Aviña, quien es asesor jurídico del Presidente Municipal, declaró ante la prensa: “Que no hay conflicto alguno territorial entre los municipios de Ensenada  y Rosarito”, debido a que no existe ninguna ley vigente que fije los límites territoriales entre los 5 ayuntamientos de Baja California. Por lo tanto, el asesor jurídico del Alcalde Hirata Chico, manifestó que ni éste, ni Silvano Abarca Macklis, Presidente Municipal de Playas de Rosarito, pueden resolver el problema y tampoco el Congreso del Estado el que determine a cual ayuntamiento le pertenece el poblado de Santa Anita. Según los integrantes del GIT, “siempre han coincidido” con la postura del Alcalde Hirata Chico, el de que el poblado de Santa Anita le pertenece a Ensenada, y no al municipio de  Playas de Rosarito. A manera de ver de los integrantes del GIT, el asesor de Hirata Chico, contradice la postura del primer edil. Por lo que Alfonso García Quiñones, también integrante del GIT, señaló”: “No sabemos si es un cambio de política (del Ayuntamiento de Ensenada) o lo hace a título personal”. Armenta González exhortó al Alcalde Hirata, a que aclare la situación, y que manifieste cuál es su postura actual, debido a que las declaraciones vertidas por su asesor jurídico dan a entender que Ensenada tiene que cederle territorio que le es  propio, a Rosarito. Los miembros del GIT,  exigen también, que no sea el Gobierno del Estado el que determine a qué municipio le pertenece Santa Anita. Argumentan que la administración estatal (en aquel entonces también panista) es la culpable del conflicto actual, cuando el Congreso aprobó que Playas de Rosarito se convirtiera en Ayuntamiento en el año de 1995. En particular, acusan a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), de no fijar los límites territoriales de manera “correcta”, y que “metieron unos planos que ni siquiera estaban firmados (o validados legalmente)”. El coordinador del GIT hizo énfasis: “Que no sea una institución  estatal, porque entonces vamos estar donde mismo, y va volver a meter sus manos el Gobierno del Estado”. El grupo ha planteado a la XXI Legislatura, y en particular a los diputados locales por el PRI, René Adrián Mendívil Acosta y Marco Antonio Novelo Osuna; que sea una institución académica y de investigación ajena a los intereses del Gobierno del Estado la que funja como árbitro, y resuelva el conflicto de manera colegiada e imparcial. Como ejemplo mencionaron distintas universidades con prestigio a nivel nacional, quienes incluso pudieran tener más documentación histórica del tema, y descartaron a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y al Colegio de la Frontera Norte (COLEF), por tener nexos económicos y/o políticos con los grupos en el poder.