Desde el miércoles 18 de junio, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, iniciaron una serie de operativos sorpresa a más de 85 casas de empeño en la ciudad capital. Isaías González Nava, delegado de PROFECO en Baja California Sur, aseguró que “el impacto que se desea crear, principalmente ante la ola de robos que se vive en el estado, es que las empresas la piensen dos veces al recibir productos o artículos de dudosa procedencia. Por violar los derechos del consumidor, 36 casas de empeño fueron suspendidas, principalmente en La Paz y Los Cabos”, informó. Por su parte, autoridades de Seguridad Pública Municipal reconocieron que los robos siguen en alza: “La incidencia delictiva es creciente en el municipio de La Paz, el robo, estos ejercicios nos permite a nosotros, aparte del mapeo de análisis de toda la información que se genera en la ciudad de La Paz de este giros comerciales, que de alguna manera indirecta o involuntaria participan en la cadena de comercialización de los productos del robos, es importante conocerla e ir corroborando la información que tenemos. Y es que en la entidad, “se ha acrecentado más el delito de robo, sobre todo aquí donde son las cabeceras municipales y en la capital del estado, y una de las preocupaciones es precisamente esa”. Mientras que el titular de la Policía Ministerial del Estado, Francisco Javier Camacho, complementó que “Villas del Encanto es una de las colonias que se ha hecho muy popular aquí, sobre todo por el delito de robo, Paraíso del Sol, Miramar y Santa Fe”, para después confirmar que los amantes de lo ajeno aprovechan que las familias salen a trabajar para cometer los delitos entre ocho de la mañana y tres de la tarde. En contraste, en la Zona Centro, también catalogada como área delictiva, se cometen delitos en horarios nocturnos, cuando los empleados salen de trabajar. El operativo de la PROFECO en coordinación con las policías municipales del Estado, va en torno a limitar a los delincuentes en cuanto a la venta de productos de procedencia ilícita, pero también para la revisión de contratos de adhesión, donde en algunos casos, se violentan los derechos del consumidor, principalmente por cláusulas alevosas, o bien, los negocios ni siquiera contaban con contrato. Lo que sorprende a muchos, es que uno de los propósitos es “inhibir” los robos a casa habitación, exigiendo a las casas de empeño solicitar documentación a sus clientes, pero también que se abstengan de adquirir productos de dudosa procedencia. Aunado a ello, es de extrañarse la ausencia de agentes de la Policía Ministerial del Estado, quienes en realidad se dedican a investigar los casos de robo y, por consiguiente, deberían determinar si los artículos son de legal procedencia o no.
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