Maltrato infantil y negligencia: Estado abandona a sus hijos

Mientras toda la maquinaria del Gobierno del Estado de Baja California, recauda millones de pesos para construir un Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT, de Fundación Televisa), miles de menores de edad están en la orfandad. Expuestos al maltrato, el abandono y la negligencia. Mediante su patronato, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), encabezado por Brenda Ruacho -esposa del gobernador Francisco Vega de Lamadrid-, por un lado dedica esfuerzos para gestionar el millonario hospital auspiciado por Televisa, y por otro, tiene en la indefensión a niños pobres o abandonados en casas hogares. A tal grado que ni la Secretaría de Desarrollo Social, ni DIF, destinan un solo peso para subsanar carencias o hacerse cargo de la manutención de los menores. De hecho no existe una casa hogar para menores de edad en Baja California, que sea sostenida con recursos enteramente del DIF, lo que en todo caso hace la dependencia, es dirigir a los pequeños a asociaciones civiles sin regulación, muchas veces, incluso fuera del municipio donde residen los infantes. En uno de los casos, un menor bajo la tutela del DIF y sin presentar problemas de adicciones, fue recluido -por la Procuraduría de Defensa del Menor- en un centro de rehabilitación, luego de escapar del orfanato Puerta de Fe. No es el único en la misma situación. El menor ingresado en un centro para drogadictos, narra para ZETA que durante su estancia, cuatro hombres abusaron sexualmente de otro menor de 13 años, ingresado de igual forma, quien dio aviso a los directivos del lugar. Este caso fue uno de los reclamos hechos por el diputado Juan Manuel Molina en la comparecencia del DIF ante el Congreso del Estado, hace más de un mes. Abusos sexuales, agresiones, violencia, trabajos forzados y el aislamiento de su familia (quienes tienen), es lo que padecen los niños de Baja California. La propia Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), documenta embarazos de niñas desde los nueve años de edad, huérfanas y residentes de refugios.  Más grave: voces como la de Molina señalan que personal de DIF en Ensenada trabaja en complicidad y con lentitud, incluso con una de las casas hogares donde se han denunciado maltratos. Los testimonios de Puerta de Fe, orfanato en el sur del estado, indican lo mismo frente el abuso sexual de una menor edad: “Nos hemos dado cuenta del encubrimiento oficial de las autoridades, porque ellos estaban enterados de este caso y nunca hicieron nada”, cavila Isidro Escobar, tras vivir 29 años en el lugar. Niños en abandono, negocio político En diciembre del 2011, todos los diputados priistas de Baja California (además del PT, PEBC y PVEM) en la XX Legislatura, firmaron un punto de acuerdo para “fortalecer los programas dirigidos a los menores en abandono, específicamente aquellos que se encuentran en casas hogar”. En ese documento presentado al pleno del Congreso, se señaló la “omisión, desatención y falta de respuestas por parte de la autoridad responsable”, es decir, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOE) y el DIF, pues en ese entonces se había documentado la “clara desarticulación de los programas” para los niños. Además de declarar “urgente” un análisis “que permita establecer las pautas de tipo programático y presupuestal”, para atender  a los niños en casas hogar o albergues infantiles”. La urgencia nunca llegó. A lo más -y tratándose de presupuesto-, la anterior Legislatura destinó en ese mismo punto de acuerdo 4 millones 300 mil pesos a la Procuraduría de los Derechos Humanos, encabezada por Arnulfo de León Lavenant, “para impulsar un estudio diagnóstico”. De León ejecutó el recurso y no terminó ese “diagnóstico”. Con los 4 millones de pesos no alcanzó a evaluar por completo las supuestas 200 instituciones que el Congreso tenía identificadas. En ese punto de acuerdo, firmado por los ex diputados priistas días antes de aprobarse el presupuesto para 2013, se contemplaron también 500 pesos mensuales para cada menor en abandono para su manutención. El recurso nunca se destinó. Dice el documento legislativo que los niños en todo el estado se encontraban “en plena indefensión y vulnerabilidad a enfermedades o padecimientos discapacitantes”, ya que el Estado no les proporciona atención médica, y que frente a eso, el DIF no tenía “el menor interés en atender los caos denunciados”. Desde ese año, el Congreso tuvo conocimiento de Puerta de Fe, casa hogar donde existían denuncias que los propios internos hicieron llegar. Por ejemplo, a un menor le fue detectado un tumor cerebral. Los directivos consiguieron patrocinios y aportaron recursos. Lo que necesitaban del DIF era la firma para tramitar el pasaporte e intervenirlo urgentemente. Ante la negligencia y la tardanza de las dependencias de gobierno, el joven (bajo tutela del DIF) perdió un ojo “por suplicar ayuda durante tres semanas al DIF, sin que éste atendiera”, documentó el Congreso. En la sesión del 26 de junio de 2014, la diputada Nereida Fuentes, del Partido Revolucionario Institucional, denunció en otro punto de acuerdo la desatención del gobierno hacía los niños en casas hogar, en particular el caso de Puerta de Fe, donde, aseguró, se denunciaron maltratos y agresiones sexuales. A cambio de favores, no hacen nada: Molina El diputado Juan Manuel Molina, del Partido Movimiento Ciudadano, trabaja con grupos de menores sobre las casas hogar. Ha denunciado la complicidad del DIF y su negligencia ante el tema. Sin embargo, critica que esto se pueda politizar. “El tema (el PRI) lo ha tratado de manejar como lo hizo Nancy Sánchez desde la pasada Legislatura, que solamente utilizó para extorsionar políticamente al gobierno de Osuna Millán, pues al final no hicieron nada. Lo que me preocupa es que ahora tampoco se hiciera nada”, explica en entrevista. Sobre Nereida Fuentes y su reciente punto de acuerdo, el presidente de la Comisión de Justicia aclara: “La diputada no conocía a los muchachos, la sentí más como decir que el Gobierno del Estado no ha estado haciendo en el tema, y también alertar muy detalladamente a la gente de la casa hogar. Es lo que me preocupa, que el tema se politice, cuando esto es jurídico y muy serio”. A decir de Molina, el punto de acuerdo presentado en 2011, da fe del desinterés de los diputados, sobre todo del PRI: “La XX Legislatura tuvo conocimiento pleno de la situación de Puerta de Fe y no hicieron nada. El estudio de la PDH lo encajonaron, y siento yo que solamente esto arrancó favores políticos a la administración de Osuna. Pudieron detonar este tema hace dos años y no lo hicieron, no se resolvió. La Legislatura anterior se llevó millones de pesos de los fondos de Desarrollo Social a los diputados para un proyecto fracasado, el cual ya todos sabemos cuál fue. A cambio de no detonarlo en los medios de comunicación, presionaron a la administración anterior. Y este temor lo tenemos ahora”, concluye. Puerta de Fe Además del joven que perdió la vista por la desatención del DIF, en Puerta de Fe -una de las casas hogar más grande y más antiguo en Baja California- se denuncia la complicidad del DIF frente a algunos maltratos denunciados. Ubicada en Ensenada, Puerta de Fe tiene 120 niños, la mayoría bajo la tutela del DIF. Se sostiene por donaciones estadounidenses y por iglesias cristianas. Los directivos estiman que para cada menor se necesitan aproximadamente 3 mil 800 pesos mensuales. En su totalidad, los niños del orfanato asisten a la escuela, tienen tres comidas diarias, dormitorios, atención médica. Hay menores desde meses hasta su mayoría de edad. Se estima que para sostenerlo, se requiere de por lo menos 456 mil pesos al mes. ZETA se entrevistó con algunos jóvenes, quienes señalan ocasionales maltratos físicos y agresiones verbales de contenido sexual por parte de uno de sus cuidadores, Julián Arroyo González. Igual, acusan a la esposa del director, Eduarda Ocampo Mena, de maltrato verbal, humillaciones  y “cachetadas”.  Además, a Julián Arroyo los menores le atribuyen el someterlos a trabajos forzados, como ir a “quemar basura al cerro a las tres de la mañana”, y “picar piedra” para la construcción de una casa, supuestamente para un hijo del director. Arranques de violencia y vulgaridades, las describen para Arroyo, a quien identifican como uno de los empleados protegidos de los directivos del lugar. A tal grado que fue “despedido” frente al DIF luego de ser señalado, y reintegrado al albergue, según el testimonio de los menores. El 9 de abril de 2014, cinco jóvenes (cuatro chicas y un varón) escaparon de Puerta de Fe. Los localizó el propio personal del lugar. Cuentan que el DIF no los buscó, pese a estar bajo su tutela oficial. Luego de ser encontrados, a las menores las dirigieron al albergue infantil El Faro II, en Ensenada, institución que mantiene un antecedente: en abril 2014, de El Faro I en Tijuana fueron “rescatados” 24 menores por presunto abuso sexual por parte de los empleados. De las cuatro mujeres, dos escaparon y, a pesar de que aún están bajo tutela del DIF, viven con familiares. Asimismo, sin tener problemas de adicciones, un menor fue recluido por el DIF, particularmente por Ricardo López Gutiérrez, encargado de las casas hogar, en un centro de rehabilitación de nombre CIAD (Centro de Integración para Alcohólicos y Drogadictos). Ahí, el ex residente de Puerta de Fe atestiguó –explica a ZETA– que otro menor de 13 años fue abusado sexualmente por cuatro adultos. El hecho fue denunciado a los directores. El entrevistado, de quien se omite nombre, argumenta que durante su estancia de dos semanas nunca fue apoyado, visitado  o entrevistado por personal del DIF. Otro de los casos en Puerta de Fe, versa sobre abuso sexual. Una menor declaró ante el Ministerio Público en Ensenada, haber sido agredida sexualmente a los 9 años de edad por parte de uno de los empleados de la casa hogar, de nombre Jorge Raúl Delgado Hernández, esposo de su cuidadora. Hoy, la denunciante tiene 14 años. Según Gabriel Diego García, director de Puerta de Fe, el supuesto agresor fue despedido desde que él tuvo conocimiento. Sin embargo, afirma, el Ministerio Público determinó que el dicho de la menor era una mentira. Menores y adultos que vivieron en el orfanato contradicen la versión, aseguran que la esposa del agresor volvió a trabajar en la casa hogar y que la defensa legal para Raúl Delgado es patrocinada por los mismos directores. En entrevista, Gabriel Diego García revela que el presunto agresor “solo la tocó” y, dado eso, no se puede considerar violación, ni abuso sexual. “Le hicieron todos los estudios y todo, y salió que la niña estaba bien”, cuenta para ZETA. Otra denuncia penal en Puerta de Fe, se registró en la PGJE Ensenada, contra Ricardo Aguilera Ramírez, igualmente, por abuso sexual a un menor con discapacidad. El mismo que en 2006, según el registro del Sistema Estatal Penitenciario estuvo preso por robo de vehículo y daños a la salud. Habría trabajado en la construcción y albañilería de la casa hogar. Según el director de Puerta de Fe, Aguilera fue despedido y, en todo caso, ingresó a la casa hogar mediante un contratista. Isidro Escobar, quien llegó a los cuatro meses de edad a Puerta de Fe, ahora denuncia las irregularidades y omisiones por parte del director. Afirma que él mismo señaló en su momento al matrimonio que cuida a los niños de cuna (recién nacidos a dos años) de maltratos ocasionales. El cuidador, de nombre Eliodoro, puso su pie sobre un menor para que éste dejara de llorar. La complicidad Luego de una petición expresa al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, personal de DIF Estatal se apersonó en Puerta de Fe el 17 de junio. En ese operativo se les pidió a niños y jóvenes, contar de manera confidencial algún maltrato. Más tarde, ese mismo día, según el testimonio de los menores, los directivos del orfanato llamaron a quienes señalaron de alguna queja. El DIF había roto su promesa. La información ahora estaba en manos de los encargados de la institución. Algunos inconformes mayores de edad fueron corridos de la casa hogar, otros reprimidos por hablar. El diputado Juan Manuel Molina, quien estuvo al tanto del operativo y solicitó al gobernador intervenir, sostiene que “la gente de la administración actual hace el operativo, pero las autoridades que están heredadas, como son en Ensenada, al día siguiente ya les habían revelado la información a la gente de la casa hogar; entonces sí hay colusión, de consentimiento, incluyendo a la subprocuradora de Ensenada”. Molina se refiere a  la subprocuradora para la Defensa del Menor y la Familia en Ensenada, Blanca Berenice Escudero Ibarra, a quien ha visto trabajar con “negligencia y lentitud”. Escudero mantiene la titularidad de la Subprocuraduría desde la administración de Eugenio Elorduy Walther. Además, el diputado ha documentado cómo Ricardo López, coordinador de Asistencia Privada, oficina de DIF encargada de las casas hogar en Ensenada, también actúa en complicidad en los casos. “A Berenice Escudero la hemos visto actuar con lentitud y negligencia, y en otros casos, ni siquiera acata resoluciones de juicio de amparo para entrega a los padres de menores de edad que están en otras casas hogar. En el personal del DIF en Ensenada, no se demuestra voluntad”, son las palabras del legislador. Falsedades El director de Puerta de Fe niega todos los señalamientos. En un primer acercamiento, Gabriel Diego García los calificó de “lamentables”: “Son falsedades que esos muchachos quisieron hacer”. En un recorrido por la institución, este reportero constató unas instalaciones limpias, despejadas, de primera. A simple vista, los menores cuentan con lo necesario: atención,  buenas instalaciones, comida, transporte. Gabriel Diego explica que la mayor parte se sostiene monetariamente de los patrocinios que busca “sin que nos apoye el gobierno”, con excepciones de despensas. Sobre la diputada Fuentes García lamenta: “Yo no sé por qué  una persona de tan alto rango como una diputada, se pone a hablar y escuchar solamente un lado, el lado de unas personas sentidas que están manipulando a otros muchachos”. Gabriel Diego asegura que todos los problemas que se cuentan los ha atendido, que algunos jóvenes tienen problemas de disciplina, que no hay trabajos forzados, que él y su personal atendieron al joven que perdió la vista por un tumor cerebral. Las mismas atenciones a Isidro Escobar, a quien cuidaron desde meses de edad, hasta terminar su carrera profesional. Por su lado, y luego del operativo en la casa hogar, Isidro y un grupo de ex inquilinos del orfanato, fueron corridos de la institución. Escobar, hoy abogado de 29 años de edad, acusa: “Salimos por represalias, por amenazas”. Levantan y DIF priva a menor El 14 de marzo de 2014, Adán Morales, indígena mixteco de 32 años, se enteró que una unidad de la Policía Municipal detuvo a su hijo de siete años de edad, al salir de la Escuela Primaria “Sentimientos de la Nación”, en la zona rural al sur de Ensenada. En el parte policiaco firmado por los agentes Tomas Arellano López y María de Lourdes Gutiérrez Bojórquez, no se describe el motivo de la detención. Pero el juez calificador, de nombre Paul Angello Monroy Isaís, puso al menor a disposición de Berenice Escudero, subprocuradora de Defensa del Menor, según el oficio 115/2014. Cuando Adán y su esposa Pilar, ambos de la etnia mixteca, acudieron a la comandancia, no le entregaron a su hijo. Les avisaron que fue detenido por “caminar solo” de la escuela a su casa. Que debía dirigirse a la Procuraduría de Defensa del Menor. Ese día, viernes, los padres no alcanzaron abiertas las oficinas del DIF, así que debieron esperar hasta el martes (lunes fue puente) sin tener noticias de su hijo. Ese día, después de insistir a la trabajadora social de la dependencia, y luego de ver que no resolvían la desaparición de su hijo, Adán Morales pidió hablar con Escudero. El hombre recuerda las palabras de la trabajadora social: “Olvídese, señor, a la jefa usted nunca la va a ver, mejor regrese mañana para que hable con el abogado, porque si sigue de insistente, entonces sí jamás verá a su hijo”. Un abogado que se identificó como Talamantes, le dio la ubicación de su hijo. Ya estaba en una casa hogar. “Tajantemente”, recuerda Adán, el abogado Talamantes le dijo que aun así, no le entregarían a su hijo. Además, le negaron que fuera a acompañado de algún abogado. Adán y su esposa recibieron asesoría legal e interpusieron un juicio de amparo indirecto (número 95/2014) en el Juzgado Séptimo de Distrito en Ensenada. A pesar de tener el documento que le garantizaba el regreso de su hijo a casa, tuvieron que pasar semanas para que la Subprocuraduría acatara la orden judicial. De hecho el presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso tuvo que intervenir para que la funcionaria obedeciera. El niño duró más de cinco semanas en una casa hogar, retirado de su familia. Su padre cuenta la angustia que toda la familia sobrellevó por estos “actos arbitrarios”. Detalla el “trauma” que su hijo sufrió, pues de repente y durante semanas no supo de sus padres.   El diputado Juan Manuel Molina refiere que la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF en el Estado, sigue retirando igualmente a otros niños indígenas e internados en orfanatos, violando sus derechos, siendo humillados, expuestos y obligados a violar sus usos y costumbres. Lo mismo a familias pobres. DIF, el tutor más desobligado En Baja California, desde 2011, los padres que no otorguen manutención a sus hijos están expuestos a cárcel y una multa. La XX Legislatura modificó el Código Penal del Estado para que su Artículo 235 dijera: “A quien injustificablemente no proporcione los alimentos a las personas con las que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de tres meses a cuatro años, y de diez a cincuenta días de multa, así como suspensión o privación de los derechos de familia”. De hecho, el Estado tiene la tutela de cientos de niños, mediante la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. La dependencia del DIF reporta que está a cargo de mil 672 niños y niñas que no sostiene económicamente. El DIF solo cuenta con albergues temporales donde los menores no pueden durar más de tres meses. Posteriormente son canalizados a las casa hogar. El DIF no se hace total cargo de “sus hijos”. A lo más, despensas en algunos meses del año, entre otros productos. Se consultó a la Secretaría de Desarrollo Social, para conocer si se contaba con alguna partida para la manutención de los menores. Negativo. Ni siquiera despensas son programadas para las casas hogar. En todo caso, cuando éstas se dan, son “trianguladas” por alguien que las gestiona. Según los números del DIF, de los mil 672 niños bajo su autoridad, 825 son hombres y 847 mujeres. Además, reconoce a otros mil 91 menores como “niños voluntarios”, es decir, la patria potestad la mantienen sus padres o familiares, pero están recluidos en un orfanato. Bajo estos cálculos, oficialmente existen 2 mil 763 menores en estado de abandono, viviendo en 108 instituciones de albergue infantil. Contrastando esta versión, la XX Legislatura estima que en Baja California existen más de 5 mil menores en abandono distribuidos en 200 casas hogar para menores -y no los 108 que reconoce SEDESOE- , mismas que operan  “sin supervisión o regulación por parte de la autoridad”. A tal grado es el descuido de las autoridades, concluye el diputado Juan Manuel Molina, que cualquier persona que inicie a recibir niños, el DIF comenzaría a enviarle menores bajo su tutela. Sin Ley, justifican Consuelo Luna Pineda es la procuradora de Defensa del Menor y la Familia, es decir, la encargada del DIF de velar y administrar la protección de los derechos de los menores, entidad que se encarga de la seguridad jurídica de los niños, sobre todo de aquellos que están bajo su tutela. En entrevista, la procuradora niega que haya complicidad entre el DIF y las casas hogar, menos aún, “negligencia”. En todo caso –justifica- son lagunas legales. “No existe una legislación que obligue a esas instituciones o que nos dé a nosotros como institución, atribuciones específicas para poder intervenir”. Luna Pineda argumenta que para la detección de niños abusados o maltratados, ninguna Ley “establece un procedimiento por el cual va a llevarse a cabo esta supervisión. No viene en ninguna Ley un procedimiento para que nosotros podamos intervenir en esta manera”. En su defensa, la tutora de más de mil 600 menores, promete  presentar en próximos días una iniciativa de Ley para regular la operación de casas hogar. En ella se estipulará la “obligación legal para que  (las casas hogar) acudan ante nosotros y obtengan una licencia para poder abrir operaciones”. Actualmente no se tiene, refiere. A decir de la funcionaria, para que el DIF envíe menores de edad bajo su “protección” y tutela, basta que alguna organización presente su acta constitutiva de sociedad y los permisos de Protección Civil. Abusos sexuales y confesiones En lo que va de la administración, la Procuraduría de la Defensa del Menor ha tenido que intervenir en dos albergues infantiles donde se han documentado abusos sexuales y maltrato. Entre ellos, en  La Gloria de Tijuana y en Oasis, en Valle de la Trinidad en Ensenada. Allí se tuvo que poner “bajo protección a todos los menores”, por detectar los abusos sexuales que actualmente siguen en “integración” en el Ministerio Público. Además, según Luna, en su gestión se han recibido 13 denuncias de abusos o maltrato, sobre todo, matiza “de formas de cuidado o métodos disciplinarios”. Ninguna “situación grave”, resume. Sobre el joven que fue ingresado a un centro de rehabilitación sin tener problema de adicción, la procuradora detalla: “No me gustaría entrar a los detalle personales, por su vivencia y toda la situación de abuso que ha pasado en la familia, (el joven) no nos lo recibe ninguna casa hogar, y ha representado un riesgo dentro de los propios albergues”. En los casos donde el DIF ha retenidos niños, la funcionaria argumenta su función “no es  quitar niños”, sino que los menores “ingresan por disposición de una autoridad, que es como viene establecido en la Ley, juez calificador, Ministerio Público o algún juez de lo Familiar o Penal”. Luna Pineda acepta que basta con que la Policía Municipal  detecte “alguna situación de riesgo para los menores en caso de que permanezcan en el seno familiar, son puestos bajo protección en estas instituciones (casas hogar)”. Por último, la procuradora niega que las condiciones económicas sean un motivo para retener el menor. Más bien situaciones de riesgo o maltrato, lesiones, o los casos de omisión de cuidados, donde los menores se encuentran solos, sin alimentación o sin una persona adulta para su supervisión. Zanahorias y cacahuates: el DIF no mantiene a sus hijos Si se trata de cuidados y alimentación, el DIF no pone el ejemplo. Solamente cuenta con dos albergues temporales. Ninguno permanente para los menores que tiene bajo su tutela. La procuradora de Defensa del Menor detalla cuántos y cuáles “apoyos” son los que se les proporciona a sus hijos. Asegura que desde mayo (hace un mes y medio), DIF destina 2 mil 948 despensas mensuales. Una despensa por cada niño en casa hogar, 108 en total. “Es un monto de inversión de 10 millones de pesos este año, y una meta de 23 mil 584 despensas de mayo a diciembre de 2014”. Además, expone la “aportación extraordinaria” para cada menor por 5 millones 421 mil pesos, que consistió de colchonetas, artículos de aseos personal, ropa interior y calcetines. Asimismo, 878 mil 964 pesos para “medicamentos y artículos de aseo personal”. Y 40 mil pesos adicionales para estudios médicos y de laboratorio. Luna Pida agrega un monto de 529 mil 440 pesos “para contratación psicólogos y psiquiatras que acuden a las casas hogar”. En especie, a través de donaciones que reciben, el DIF  ha destinado: * 2 mil kilos de zanahoria. * 15 mil 300  cobijas. * Mil kilos de cacahuate. * 43 mil barras energéticas. * 15 mil 360 mazapanes. El mismo DIF estima la manutención de un menor “bajo la tutela del Estado” por un monto de 402.74 pesos al día, eso, a decir de la procuradora, incluye “todos los servicios”, sin contar educación: “Alimentos, medicinas, psicológicos y terapia ocupacional”. Bajo este cálculo, cada menor cuesta 12 mil 462 pesos al mes, 149 mil 544 al año. Es decir, para mantener a los mil 672 menores que dependen del Estado, se requiere anualmente de 250 millones 37 mil 568 pesos, de los cuales, según sus cifras, el gobierno solamente aporta 16 millones 339 mil; es decir, ni el 7 por ciento de lo que cuesta mantener a un hijo.