Jurídico de Tijuana transa con ex trabajadores

El pago en exceso en un laudo insubsistente, causando un daño patrimonial al erario de Tijuana de más de un millón de pesos, puso de manifiesto el cobro de un diezmo a la Consejería Jurídica municipal para que agilice el pago de las demandas laborales condenatorias. De esta práctica fue acusado David Rincón Rey, Director de lo Contencioso en la Consejería Jurídica del XXI Ayuntamiento de Tijuana. El abogado laboral, Edmar Pérez Castro, lo señala en una denuncia, de pedir cuando menos un 30 por ciento de las liquidaciones a las que se condena a pagar al ayuntamiento, producto de las demandas laborales presentadas por trabajadores despedidos. Efectivamente, un trabajador denunció el despido y pidió salarios caídos en compensación, ganó el juicio y fue contactado por el abogado del Ayuntamiento para pedirle un porcentaje de lo logrado, a cambio de tramitar el pago. El abogado Pérez Castro, en una queja presentada ante la Sindicatura Procuradora, evidenció el manejo irregular en la cuantificación de los montos con los que se liquidan a los demandantes. Es el caso de la demanda revocada por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja  California, a la cual David Rincón dio seguimiento, ordenando el pago conjunto de un millón 600 mil pesos a trabajadores demandantes, cuando en suma se les debió entregar poco más de 300 mil pesos, pues un amparo resuelto a favor del municipio, lo eximía de tener que pagar el total de monto requerido por los quejosos. El titular de la Consejería Jurídica, Gerardo Herrera Zavala, advierte que al XXI Ayuntamiento no se le notificó de dicho amparo y su resolución favorable al Ayuntamiento, y se dice abierto a cualquier investigación a la dependencia que representa. Admite que sí hubo un daño patrimonial con el pago del caso señalado, por lo que exige que Sindicatura lleve la indagatoria hasta sus últimas consecuencias, en tanto, dice ocuparse en blindar la futura cobertura de laudos. Ignoran resolución favorable A principios de junio de 2014, el Ayuntamiento de Tijuana dio cumplimiento a un laudo inexistente para cubrir el pago de indemnizaciones demandadas por dos trabajadores de acuerdo al expediente laboral 1435/2010-IV. La demanda conjunta fue presentada en 2010 por Alejandro, Francisco y César, y la cual el 6 de septiembre del 2012 se resolvió contra el municipio. De ese dictamen adverso, el XX Ayuntamiento promovió un amparo, recurso legal que no dejó asentado en el acta de entrega-recepción para notificar a la administración de Jorge Astiazarán. De acuerdo a la relación de los casos seguidos por la entonces Dirección Jurídica del gobierno de Carlos Bustamante, este caso fue clasificado como laudo condenatorio, es decir, debía ser pagado de acuerdo a la condena emitida en septiembre de 2012. Sin embargo, el amparo directo 1018/2013 siguió su curso, y el 10 de abril de 2014 el Primer Tribunal Colegiado de Circuito resolvió a favor del municipio, ordenando al Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California su cumplimiento, procediendo esta instancia a dejarlo sin efecto a partir del 14 de mayo. El 23 de mayo de 2014 se notificó y dio copia certificada a Francisco Javier Jiménez de la Peña, apoderado legal de la parte demandada, el H. Ayuntamiento de Tijuana. Jiménez de La Peña representa al despacho De La Peña & Rivera, S.C., firma de abogados con sede en Mexicali y que desde hace cinco años brinda el servicio al Ayuntamiento de Tijuana para recibir notificaciones laborales en la capital del Estado, las cuales remite al área laboral de Oficialía Mayor. Pero haciendo a un lado el laudo favorable, el 30 de mayo de 2014, David Rincón –de la Consejería Jurídica– armó el expediente y realizó las diligencias correspondientes en Oficialía Mayor y Tesorería Municipal, para que Consejería Jurídica diera cumplimiento a un pago incorrecto. En una semana se giraron los oficios para el pago del laudo condenatorio que había sido invalidado, ordenando la Consejería actualizar hasta el 30 de mayo la cobertura de los salarios caídos. Pagan y dañan arcas municipales De nada sirvió el dictamen del Primer Tribunal Colegiado de Circuito que absolvía al municipio de otorgar a los demandantes las prestaciones reclamadas. La demanda de una base laboral, reinstalación de su puesto de trabajo, pagos de días de descanso semanal, así como el pago de todos y cada uno de los salarios caídos que se siguieran sucediendo a partir de su despido injustificado, era algo de que se libraba de cumplir al gobierno municipal. Pero aun así el Ayuntamiento de Tijuana, pagó una indemnización por ello. A lo que sí se le condenó al municipio fue a reconocer la antigüedad de los trabajadores a partir de su fecha de ingreso, vacaciones no devengadas y aguinaldo relativo al 2010. No obstante, el 3 de junio Alejandro y Francisco recibieron del municipio de Tijuana una indemnización que sumó la cantidad de un millón 600 mil pesos. A decir del abogado Edmar Pérez Castro, el tercer trabajador que conformó la demanda colectiva 1435/2010, de nombre César, había sido liquidado tres meses antes, pago realizado mientras el amparo por parte del municipio se encontraba en promoción. De acuerdo a la estimación del representante legal de los trabajadores, a Alejandro el municipio debió pagarle 199 mil 754.71 pesos, mientras que Francisco debió recibir una indemnización de 113 mil 972.81 pesos. Es decir, el municipio debió cubrir 312 mil pesos y no un millón 600 mil pesos. La transa para liberar pagos Uno de los trabajadores beneficiados con la generosa indemnización, señaló al abogado laboral, Edmar Pérez, que su pago se promovió al interior de Consejería Jurídica a cambio que entregara el 40 por ciento del monto del cheque. La conversación grabada por el litigante y compartida a ZETA, muestra el supuesto modus operandi en la ejecución del pago de laudos resuelto en contra del municipio. De acuerdo al testimonio del ex empleado municipal: David Rincón, Director de lo Contencioso de la Dirección Jurídica, lo citó en Consejería para informarle de las condiciones para que su pago fuera liberado. La condición del funcionario fue que dejara de lado a su abogado Edmar Pérez y contactara al licenciado Damián Vázquez, quien fungiría como intermediario entre él y el municipio. A cambio, el trabajador tuvo que comprometerse a entregar de su indemnización el 30 por ciento a Damián Vázquez, y un 10 por ciento para funcionarios de la Consejería. Ambas cantidades debía dárselas a Damián, abogado que no tiene una relación laboral con el municipio. Una vez contactado el abogado externo fue liberado el pago, no sin antes firmar el trabajador de recibido y desistirse de la demanda laboral por llegar a un acuerdo con el municipio. Aunque este acto se llevó a cabo a principios de junio, el municipio notificó al Tribunal del desistimiento hasta el 27 de ese mes, cuando ya había pagado. Le dan el cheque, pero lo acompaña a cobrar A principios de junio de 2014, el ex empleado municipal, Damián lo citó en el Starbucks de la Zona Río, le reafirma las condiciones para que le pueda ser entregado el cheque de casi un millón de pesos. “Era más de lo que yo esperaba”, confiesa en su testimonio grabado. Hecho el compromiso, ex trabajador y abogado se dirigen a la sucursal del banco HSBC, ubicada frente al Campestre del bulevar Agua Caliente, cobran el pago indemnizatorio, el trabajador cumple con el diezmo correspondiente, y concluye el trueque. Una semana después el ex empleado da cuenta de todo este proceso a Edmar Pérez, abogado laboral que fue dejado fuera de la transacción laboral. Demanda inhabilitación del Consejero Jurídico El licenciado Edmar Pérez dice haber hecho del conocimiento de esa irregularidad al Consejero Jurídico del XX Ayuntamiento, Gerardo Herrera Zavala. Indica que lo hizo de manera informal en los pasillos de Palacio Municipal. “Pero no hizo nada, por lo que opté por presentar una queja ante Sindicatura Municipal demandando la destitución e inhabilitación de Herrera Zavala”, expuso. La denuncia la presentó el 25 de junio de 2014 contra quien resulte responsable del daño patrimonial ocasionado al Ayuntamiento de Tijuana por la cantidad aproximada de un millón 600 mil pesos. Del supuesto pago del diezmo anotó que no lo incluyó en la queja porque ello representaría que sus clientes pudieran ser demandados penalmente. Además, reconoció que la grabación con la que cuenta no es una prueba fehaciente que pueda acreditar la extorsión. Lo que sí se puede probar y debe sancionar, subrayó, es el pago en exceso autorizado por la Consejería Jurídica, en detrimento del erario de Tijuana, pago legalmente improcedente. No fuimos notificados: Gerardo Herrera A pesar de haberse amparado contra la sentencia de un laudo que le fue desfavorable, el XX Ayuntamiento no dio cuenta de este proceso legal pendiente y la relación de casos entregada por la Dirección Jurídica, etiqueta el caso de Alejandro, Francisco y César, como condenatorio y pendiente de pago. Así se lee en la foja 114/235 del acta de entrega recepción que se depositó a la actual Consejería Jurídica y de la cual Sindicatura Municipal tiene copia. “El anterior jurídico del Ayuntamiento giró un oficio a Tesorería para que pague, nosotros solo dimos cumplimiento a esa resolución”, expuso a ZETA Gerardo Herrera. De este caso en particular se ocupó David Rincón, director de lo Contencioso de la Consejería, quien le informa que los trabajadores hacen la gestión de pago. “Él me informa que ya estaba el oficio por lo que se procedió al pago, no se tenía ninguna constancia de que existiera el amparo, por lo que se dio seguimiento al laudo normal”, prosiguió. Fue tres semanas, sostiene, que la Consejería Jurídica que representa tuvo conocimiento del amparo en relación con ese expediente, “fue a raíz de la queja que se interpuso en Sindicatura, por lo que procedimos  indagar y estamos por tener copia de ese documento, ya tenemos una copia simple donde se vuelve a condonar al ayuntamiento a pagar, aunque se concede el no pago de los salarios caídos”, agregó. Blindarán pago de laudos A raíz de este hecho, el gobierno de Jorge Astiazarán asegura que pondrá candados que impidan que, a excepción del Consejero Jurídico y Tesorería Municipal, el personal del Ayuntamiento se involucre en el pago de los laudos. “Desgraciadamente que en todo donde hay dinero se presta a esto”, consideró Gerardo Herrera. Para blindar la ruta del cobro de los laudos de los trabajadores, se optó por entregarse de manera directa el pago al trabajador, a través del Consejero o la tesorera municipal. De los convenios que los trabajadores tengan con sus abogados, gestores o terceros, mientras no sea personal del Ayuntamiento la que esté involucrada, es una situación que ellos deberán resolver, nuestra obligación es dárselo al trabajador, añadió. Y dijo: “Si alguien resulta afectado es una cuestión entre ello y no va  a ser pauta para involucrar a alguien del Ayuntamiento, nosotros estamos haciendo las cosas en forma honesta y transparente”. A la par que Sindicatura Municipal lleva a cabo el seguimiento de la queja por daño patrimonial, la Consejería Jurídica asegura que indaga la razón porque no tuvo conocimiento a tiempo del amparo promovido y resuelto a favor del municipio. Herrera Zavala anunció que promoverá una acción legal de pago de lo indebido en contra de los tres ex trabajadores que recibieron una indemnización superior a lo que debían de obtener, como una forma de resarcir el daño patrimonial causado al erario de Tijuana.