Denuncian a dirigente y secretario de Finanzas del Sindicato de Burócratas

Aproximadamente a las once de la mañana del miércoles 25 de junio, Víctor Guluarte Castro, asesor jurídico del Sindicato de Burócratas de Baja California Sur, interpuso una denuncia en contra del dirigente estatal, Maximino Iglesias Caro, y del secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo estatal, Carlos Eligio Llerar Meza, ante la Agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por supuestos hechos que revisten el carácter de delito, como son malversación de fondos del Sindicato y/o lo que resulte. “Se están entregando, mejor dicho, 20 mil pesos mensuales al comité estatal, para el mantenimiento del albergues, y aparte, un millón 200 mil pesos para la rehabilitación del albergue. Exhibiremos al Ministerio Público una serie de fotos, donde demostramos que efectivamente el albergue está en condiciones que no se puede habitar, no sé cuánto tiempo tiene; no obstante, se están recibiendo los 20 mil pesos, y no hay ninguna obra de rehabilitación, entonces, necesitamos saber qué se hizo con ese recurso, dónde está”, cuestionó Guluarte Castro. La denuncia quedó asentada en el número de averiguación previa LPZ/427/AMP1/2014+ZK8EF8, donde el denunciante señala que el albergue sigue sin mantenimiento ni la supuesta remodelación por la cual se recibe jugoso recurso. “En este caso recibió el recurso Maximino Iglesias Caro y su secretario de Finanzas, Carlos Eligio Llerar Meza, concretamente la denuncia va en contra de los dos. Estamos citando una serie de testigos, estamos pidiéndole al Ministerio Público una fe ministerial de lo que nosotros estamos diciendo, para que revise y se cerciore de que estas obras, a la fecha no se han realizado”, acusó el asesor jurídico del sindicato. El albergue se localiza en el mismo edificio sindical, el cual es utilizado por agremiados foráneos, con la necesidad de hospedaje y alimentación, ya sea por visitas con fines médicos, o por algún requerimiento del propio sindicato. Agregó que “urge transparencia” dentro del gremio. En respuesta a dicha denuncia -entablada en la mesa Número Uno de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común-, Iglesias Caro declaró que sí se utilizó el dinero destinado a la remodelación del edificio, para “salvar el edificio de un embargo”, esto por una demanda sindical que obra desde 2004, por la cual el Tribunal para los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios falló, ocho años después, a favor de los trabajadores María Esther Baeza y Marco Antonio Murillo Talamantes, quienes recibieron un millón 160 mil pesos. Pero este proceso se hizo proponiendo “a la convención donde dice el compañero secretario, la convención uno, que se asiente en el acta que el recurso para liberar el edificio sindical, fue en calidad de anticipo de apoyo para el albergue sindical, acordado en el pliego petitorio. De los diez mil pesos de apoyo mensual para el albergue sindical para su mantenimiento, fue un anticipo para el albergue, diez mil pesos mensuales se nos iban a dar, de esto es un anticipo un millón 200”, sostuvo Iglesias Caro. Por otro lado, Francisco Javier Osuna Frías, secretario general del Sindicato Burócratas de La Paz, externó que el caso de Guluarte Castro, “es un asunto político y económico”, por lo que no se van a dejar chantajear y se verán “en las instancias correspondientes y en los tribunales correspondientes, primero conspiración sindical, en Comondú; conspiración, y los estatutos marcan traición sindical”, detalló. Al finalizar, Maximino Iglesias Caro entregó a ZETA el oficio SG/334/2014, que manifiesta “el cese de la relación laboral que mantiene el Gobierno del Estado y el trabajador Víctor Manuel Guluarte Castro”. Ante ello, el dirigente cuestionó: “¿Sigue perteneciendo al sindicato? El día de hoy queda cesado, ya se firma en el tribunal el cese”.