Confirma corrupción en PDH

El primer día que Arnulfo de León Lavenant pisó la Procuraduría de los Derechos Humanos en Baja California, despidió a 18 empleados. “Es lógico… por eso se llama cambio de administración”, justifica. El detalle es que después del despido del 20 por ciento de su nómina, la PDH necesitó, según la versión de Arnulfo de León, 2 millones y medio de pesos para pagar las liquidaciones a los ex trabajadores. El lunes 23 de junio de 2014, en la comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado, el procurador de los Derechos Humanos confesó que infló la nómina a cambio de dinero. Dijo que diez días después de asumir su cargo, solicitó al Congreso los 2 millones 500 mil pesos para liquidar a ex empleados. Frente a cinco legisladores, reporteros, empleados y decenas de interesados, Arnulfo admitió que en 2012, “verbalmente me lo autorizaron tres diputados”. De los millones de pesos, aseguró, eran bajo “una consigna… que metiera (a la nómina) a nueve personas de ellos”. Agrega el encargado de velar por las garantías humanas: “Nos vimos envueltos en un juego donde les dije, ‘dame el dinero para finiquitar y te doy esos espacios’. Finalmente yo cedí”. El procurador revela que desde eso arrastran las finanzas de la PDH. “Ahí empieza todo el agravio”. Y es que quienes fueron introducidos a la Procuraduría a cambio de mayor presupuesto, algunos familiares de ex diputados, al tiempo fueron despedidos. Hoy son parte de una lista de 22 demandas laborales que tienen endeudada con millones a la PDH por concepto de indemnizaciones. Efectivamente, los números de la Procuraduría alarman a los diputados. Primero fueron los 18 despedidos que debió indemnizar. Luego sacó de la plantilla a los nueve que contrató a cambio de dinero y que -sostiene- nunca recibió. Las operaciones laborales del titular lo llevaron a los aprietos económicos. Aun así, no se han detenido en expulsar a empleados durante su gestión, lo cual le ha significado más demandas y más millones de pesos en indemnizaciones. Compromete un presupuesto que no tiene. Arnulfo recibió una nómina de 91 personas. Durante su periodo ha corrido a 56 colaboradores y ha contratado más. Debido a ello, los casos han sido llevados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Ministerio Público. El ombudsman del Estado es un indiciado en abreviaciones judiciales y de violación de los Derechos Humanos, además de múltiples señalamientos de sus ex empleados de hostigamiento, acoso, prepotencia y hasta agresiones físicas. Aunado al desorden laboral y personal del procurador, diputados detectan irregularidades “serias” e indicios de delitos en sus movimientos financieros.  Por ejemplo, durante 2013 hizo transferencias a su cuenta por más de 900 mil pesos, las cuales fueron “subsanadas” por facturas en restaurantes caros y comidas de varios miles de pesos, abonos en efectivo e, incluso, su aguinaldo fue puesto como abono a su deuda con la Procuraduría al cierre del año. Además, recientemente el gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, autorizó a la PDH un millón y medio de pesos para que Arnulfo de León liquidara a ocho ex empleados. A la fecha solo entregó a tres demandantes su cantidad correspondiente, del resto, más de 800 mil pesos, no se sabe dónde quedó. Por si fuera poco, el procurador autorizó “préstamos personales” a sí mismo por varios miles de pesos, y se pagó hospedajes en Puerto Rico durante toda una semana. Asimismo, ingresó decenas de facturas en mariscos y comidas por arriba de los mil 800 pesos cada una, incluso en sábado y domingo. Casualmente en meses de elecciones. Pero no es todo. El procurador se aumentó el sueldo por arriba de 99 mil pesos al mes, empleados señalan aviadores, pago y carro oficial para su hijo. El abogado encargado de despedir a los empleados cobra en nómina y está dado de alta en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California (ISSSTECALI), pero despacha desde su oficina privada en Plaza Patria, entre otros señalamientos. A pesar de todo, Arnulfo de León alegó frente a la comparecencia de los diputados que se requiere la “sensibilidad” del Congreso para que se le autorice una nueva ampliación al presupuesto de 4 millones y medio de pesos. Los préstamos Copias en posesión de ZETA, de la contabilidad de la PDH,  evidencian que desde los primeros días de 2013, a Arnulfo de León Lavenant se le abrió una cuenta, la cual casi llegó al millón de pesos. El procurador giró oficios firmados por él mismo para que se le hicieran depósitos a su cuenta personal por 907 mil 864 pesos, bajo los conceptos de “gastos por comprobar”, “préstamo personal”, “gastos de representación” y  “boletos de avión” a días de la jornada electoral, entre otros. Tan solo del 1 al 31 de enero, el procurador había sacado 159 mil pesos de la cuenta pública a su nombre, en varias, cargos de 50, 30, 20 y 15 mil pesos. Durante el año firmó autorizaciones por 160 mil pesos a su persona. En ese caso, su rúbrica aparece como quien autorizó y como quien recibe.  El mismo domingo 4 de julio (día de la jornada electoral para renovar gobernador, alcaldes y diputados en Baja California), la contabilidad de la PDH registra un retiro de 50 mil pesos por concepto de “préstamos personal” para De León Lavenant y otra cantidad de 15 mil pesos por “gastos a comprobar”. Las solicitudes de préstamos personales por parte del procurador son dirigidas a Ferrer Guillermo Armenta Abril, director de Administración y Finanzas de la PDH, quien las autoriza. Fuera de control En la contabilidad gubernamental, el concepto de “gasto por comprobar” implica todo un proceso de verificación y requerimiento. Generalmente son salidas de recuerdo público que, al no tenerse a bien sabido dónde se gastarán, se dejan a cargo de quien lo solicita. En todo caso que no compruebe los gastos, se descontarían de su salario. Por ejemplo, cuando un funcionario tiene una gira oficial fuera de la localidad y gastará en viáticos, los cuales también están regulados por cantidad, como no se sabe a qué proveedor irá, la suma se deja “abierta”. Pero los retiros a De León Lavenant, según explica la diputada Rosalba López Regalado, presidenta de la Comisión de Hacienda, estuvieron fuera de control: “No puedes pedir 50 mil, y luego 30 mil pesos para gastos por comprobar, esto no existe en esquema contable”. Según la diputada panista, estos depósitos al titular de la PDH a su cuenta personal estuvieron “fuera de todo sistema y toda regla”, una vez que cada salida de dinero debe estar justificada previamente bajo una reunión de trabajo, traslado o gira fuera de la ciudad. El procurador no es el único. Carlos Villavelázquez Gastélum, su secretario particular, también tiene una deuda acumulada con la PDH por 205 mil 472 pesos, la cual no ha comprobado, según la información del Congreso. Para poder reducir su deuda con la dependencia, Arnulfo ingresó facturas y recibos de pagos tan variados como sus fechas de retiros. López Regalado detalla: “En diversas reuniones y comidas, entre 2012 y 2013 le costaron a la PDH más de 2 millones de pesos, sobrepasando lo presupuestado para tal efecto, alimentación, viajes y reuniones de trabajo”. Todo tipo de gastos Para comprobar -ZETA tiene copias- se registraron gastos en ferretería, plomería, facturas en una cafetería Starbucks del Distrito Federal (por 439 pesos el 8 de enero de 2013), o bien, en la cadena de pizzas Little Caesars (por 689 pesos en Tijuana), notas de gasolina, recibos de car wash y comidas en Villa Saverios. Pero para alcanzar todos los gastos adjudicados a las partidas de viáticos y alimentos, Arnulfo de León metió una colección de facturas de restaurantes locales, que van desde  mariscos gourmet, hasta platillos mediterráneos y de alta cocina. A la par, se registraron pagos en hospedajes, como en el Caribe Hilton de Puerto Rico, lo cual tuvo un costo de 923 dólares (11 mil 600 pesos) por cinco días -del 3 al 8 de noviembre de 2013-. Además, Arnulfo presentó una recopilación de facturas expedidas por el restaurante de Hotel Palacio Azteca, ubicado en Tijuana. Van desde del 11 de mayo al 29 de junio de 2013. En tiempos de campaña electoral. De este paquete de facturas, todas y cada una fueron realizadas en sábado y domingo. Los nueve comprobantes de fin de semana suman más de 15 mil 350 pesos por “consumo de alimentos”. En suma, las facturas de alimentos y de gastos que ingresó el ombudsman en 2013 tenían el propósito de comprobar más de 2 millones y medios de pesos. Por mencionar algunas más, en La Fogata (Tijuana) pagó mil 294 pesos por “un consumo”, incluyendo propina, el 31 de mayo. En Carnitas Quiroga, también en Tijuana, se gastó mil 200 pesos el 2 de junio. En El Convento, del Distrito Federal se fueron otros 4 mil 445 pesos por “un consumo”, el 22 de junio, a cargo de la PDH; en Tijuana, en Las Parrillas Carnes y Más, mil 83 pesos  por una comida el 18 de  junio. De igual manera, ingirió mariscos en Villa Marina en Tijuana, por un monto de mil 708 pesos el 2 de julio. Coincidentemente, ese mismo día, ingresó cuatro boletos de avión a nombre de Arnulfo Lavenant. Y también ese día, otra comida en Hotel Lucerna, por mil 425 pesos. Los comprobantes de comidas en esos meses electorales parecen no tener fin. Son decenas. En El Rey Sol, en Ensenada, consumió 2 mil 146 en junio. En Mariscaros, Tijuana, mil 163 pesos por una comida. En Marenca, unas cuantas por arriba de los mil 600 pesos. En los días que supuestamente De León Lavenant estuvo fuera de la ciudad, se siguieron facturando comidas en restaurantes. Por ejemplo, la del 3 de julio en Rabelos Mariscos, en Tijuana, por mil 670 pesos, incluyendo propina. De todas las facturas de las que se hablan, ZETA tiene copias que inicialmente fueron certificadas por la propia Procuraduría de los Derechos Humanos. Los despidos Luego de despedir a 56 empleados de su plantilla, a lo largo de la gestión de Arnulfo, la Procuraduría ha acumulado el mayor número de demandas laborales en su historia: 22 en total que han derivado en jugosas indemnizaciones. Según el titular de la PDH, y luego de que el Gobierno del Estado le diera recientemente un millón y medio de pesos adicionales para liquidar ex empleados, faltarían otros 4.5 millones de pesos para salir del “agravio”. En total se necesitan 6 millones de pesos para subsanar los despidos injustificados que el procurador ha encabezado. Es decir, una quinta parte su presupuesto de todo un año (34 millones de pesos en 2013 y 2014). De hecho,  y como lo aceptó el propio De León Lavenant, su problema financiero fue a raíz de los despidos cuando recién ingresó, y para salir, espera una ampliación más por parte del gobernador, junto con un “plan de autoridad” que según ha implementado, y el cual anunció en la competencia. Sin embargo, el ombudsman se aumentó el sueldo de 77 mil 763 pesos, a 99 mil 536 pesos, mensuales. Con el millón y medio de pesos que solicitó y le autorizó el Gobierno del Estado, según consta en un documento expedido al Órgano Superior  de Fiscalización el 25 de febrero, se liquidaría a una lista de ocho personas, a las que corresponden cantidades entre 75 mil y 434 mil pesos. Parientes, los beneficiados       Esta alta suma, de más de 400 mil pesos, corresponde a Elizandro Correa Acevedo, hermano del ex diputado perredista Abraham Correa, y quien asegura el procurador, es de la gente que fue incluida en nómina a cambio de mayor presupuesto. Otra cantidad elevada de indemnización por ser despedidos de la PDH, es para el hermano de la ex diputada Roxana Soto Agüero: 825 mil 335 pesos, es el laudo aproximado para J. Alfonso Soto Agüero. A Víctor Vázquez Durán, hijo del magistrado Víctor Manuel Vázquez Fernández (presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado en 2008), y despedido igual que el resto, tiene una suma acumulada por 535 mil 437 pesos. Otro más, identificados por pertenecer a la “ideología” de Jorge Hank Rhon, motivo que ellos mismos alegan, fueron despedidos por el procurador. Entre ellos, el hermano de Ranier Falcón Martínez, director de Desarrollo Social en Tijuana, de nombre Roberto Falcón Martínez, y Nohé Ramos Balderas, a quienes se les adeudan 599 mil 167 pesos, y 199 mil 31 pesos, respectivamente. El 8 de abril de 2014, la PDH dio aviso al Congreso sobre la ampliación automática que el Gobierno del Estado le autorizó para pagar los juicios laborales. En poco más de dos meses, al 23 de junio solo se ha liquidado a tres empleados de los ocho que se comprometió, y a diez más que no estaban incluidos, pero con cantidades menores y, en algunos casos, con un pago parcial. A la fecha, según el reporte de la Comisión de Hacienda del Congreso, faltan 801 mil 826 pesos por aplicar, de los cuales se desconoce el destino. Denuncias penales y en CNDH Aunado a las numerosas demandas laborales interpuestas en la Junta de Conciliación y Arbitraje, los despidos injustificados y los malos tratos ahora reposan en expedientes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Según la denuncia penal en contra, con el número de expediente 4050/14/211/AP, Arnulfo de León Lavenant está indiciado por los delitos de fraude procesal y falsedad ante las autoridades, interpuesta desde el 4 de abril de 2014. El denunciante es Nohé Ramos Balderas, despedido el 31 de mayo de 2013 de su cargo de visitador adjunto. De acuerdo a la declaración de hechos, el ex empleado lo demandó laboralmente. En la etapa de conciliación, Ramos fue reinstalado solo para ser despedido al día siguiente. Esa es una constante. Michel Guardado, otra demandante, expuso su caso a ZETA. Fue despedida en septiembre de 2013, en ese entonces por el secretario particular, Carlos Villavelázquez (recientemente despedido). Guardado fue reinstalada el 12 de mayo. Cuatro días después, se le despidió de nuevo por Emilio Mayoral Rodríguez, quien aparece en la nómina como coordinador operativo, pero despacha desde su oficina privada en Plaza Patria. Empleados de la PDH señalan a Mayoral como quien encabeza la defensa del procurador ante las demandas laborales. Pero no asiste a la oficina oficial, de hecho durante tres días se intentó contactarlo por teléfono a su despacho particular. Su asistente confirmó que toda la semana ahí se le encuentra. De igual forma, Ramos Balderas interpuso una queja en la CNDH. En la relatoría de hechos, explica que “mi despido se dio por no compartir la misma ideología política que el titular del organismo, ya que éste me tachó de ser afín a la ideología del ingeniero Jorge Hank Rhon”. Además de Ramos, Carlos Falcón Martínez, Víctor Vázquez y Marla Flores interpusieron su queja ante la CNDH, y refieren, se les despidió posterior a la elección estatal de 2013, donde resultó perdedor el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la gubernatura, Fernando Castro Trenti, y por haber “participado y votado en contra”. Un grupo de ex empleados ha solicitado un juicio político contra Arnulfo de León Lavenant. En entrevista, la diputada López Regalado indica que ha hecho una solicitud formal para que el Órgano de Fiscalización realice una auditoría a la PDH, y analiza una demanda penal por daño patrimonial en contra del titular de la Procuraduría, su administrador y su personal de contabilidad. Su defensa Cuando ZETA preguntó personalmente algunas imputaciones en su contra, De León Lavenant se negó: “Usted siempre escribe mal las cosas, hágale como quiera; no, no, no” y, sin más, ignoró los cuestionamientos y su derecho a réplica. En la comparecencia y después de admitir que ingresó “a gente de diputados” a cambio de recursos, Arnulfo justificó: “Hubo confianza en los diputados, porque yo hablé con diputados, hablé con gente seria, honorable… ya cuando había metido a las nueve personas, que ellos me presionaron que metiera, no me dieron los recursos… los tuve que despedir”. En cuanto a los préstamos, dijo ante los diputados: “Si hay necesidad y de que alguien no lo ocupe y lo hago, tengo yo también prestaciones, por favor, tengo prestaciones”. Sobre los gastos y préstamos personales trasferidos a su cuenta personal, el procurador estatal de los Derechos Humanos aceptó que fueron “gastos que yo hice, cuando anduve modificando todas las oficinas y poniendo malamente, porque cuando una institución… yo todavía recuerdo cuando la PGJE no tenía dinero para gasolina, pararon todas las unidades; nosotros no paramos”. Y concedió: “Sí, efectivamente, por eso me trasferí dinero a mí”. En todo caso, alegó el titular de la PDH, actuó de buena fe: “El error que cometí en aras de ayudar y de servir, utilizando mi tarjeta que después me rembolsaron, ese es un error gravísimo que lo he comentado con mis allegados, no lo vuelvo a hacer, si no hay dinero, me paro, me cruzo de brazos y se acabó”.