A Carlos Ruiz Santamaría le dicen “El Negro”. Es un omnipotente mafioso en España. Tiene el grado de comisionado en la Cosa Nostra europea. Respetado y preferido para tratar por los carteleros colombianos. Normalmente le remitían suficiente cocaína para repartirla por casi todo el Viejo Continente. Para su desdicha y finalizando 2000, la policía le cayó como gavilán a indefensa polla. Traía 10 toneladas de cocaína y 208 kilos heroína. Absoluta pureza. La Fiscalía Antidrogas de España reclamó 60 años de prisión y multa de 69 mil millones de pesetas. En la segunda semana de diciembre, sus abogados solicitaron y les autorizaron ser examinado por un psiquiatra particular. El científico dictaminó “trastorno bipolar con tendencias suicidas”. Papel en mano, los litigantes se fueron a la Sección Cuarta Penal de la Audiencia Nacional. Reclamaron libertad bajo fianza. Necesitaban atenderle como no podían en prisión. Rápidamente les dijeron “…está bien. Paguen una fianza de cinco millones de pesetas”. Pero con una condición: no abandonar el domicilio donde recibiría el cuidado médico. El 22 de diciembre salió la cárcel. Cinco días después otro juez descubrió la torpeza. Ordenó detener inmediatamente a “El Negro”. Pero los policías se pusieron descoloridos. Huyó. Tronó el escándalo en la Corte. El soborno fue descarado. El Consejo General del Poder Judicial ordenó investigar el asunto. El Fiscal General del Estado acusó a los funcionarios de “prevaricación intencionada”. En referencia más digerible, quedó demostrado cómo el billete del narcotráfico tuerce a la justicia. En México también suceden cosas raras: Eduardo Luna y René Montiel Núñez son servidores del Cártel de Juárez. En octubre 30 los detuvieron durante una balacera en la lujosa colonia Hacienda Santa Lucía de Monterrey. De volada y volando a “La Palma” con escala en arraigo. Pero los cargos “no fueron bien acreditados” por la Unidad según eso Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO). Por eso los puso en libertad un juez. Luego, el 12 de diciembre en Los Mochis, Sinaloa, el Juez Quinto de Distrito tomó su pluma fuente. Firmó la sentencia: libertad inmediata a Sergio Castañeda Medina. A este rufián le falta un grado para componerle un corrido con su apodo “El Guacho”. Podría ser algo así como “Llevaba cuernos de chivo/y una Suburban blindada/la tropa lo agarró vivo/pero no le hicieron nada”. Aparte, Sergio traía una Ford Lobo último modelo. Dos pistolas .38, tres “pases” de cocaína y calcomanías con el escudo de la policía sinaloense. El Ministerio Público le amontonó los delitos: asociación delictuosa, violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, portación ilegal de armas, uso indebido de insignias oficiales y delitos contra la salud. Pero con todo eso el señor juez “no encontró pruebas suficientes”. Mire otro caso: “Don Neto” Fonseca era el papá de los pollitos del narcotráfico. Fue detenido el 84. Pero 16 años después el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito lo limpió parcialmente de pecados y delito. Dispuso regresarle 33 millones 497 mil 867 pesos que le decomisaron. Tres fincas en Jalisco, acciones de inmobiliarias y varios predios. Con todo esto no lo pienso dos veces, “Don Neto” sabe muy bien a que santito le debe este milagro. Y empezando enero, otra: el Tercer Tribunal Unitario de Guadalajara absolvió a Héctor “El Güero” Palma y Arturo “El Texas” Martínez. Los magistrados les borraron el delito de evasión de reos en el caso de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Es que la Procuraduría General de la República (PGR) torpemente los consignó por soborno… como si fueran funcionarios. Sigue la cascada: la PGR acusó en 1997 a su ex comandante Rigoberto García Gaxiola. Le congelaron cuentas bancarias por 187 millones de dólares. También inmovilizaron varias empresas sospechosas de ser utilizadas para “lavado”. Infortunadamente tan acaudalado policía que fue, lo ejecutaron en Ciudad Obregón el 98. Obviamente enemigos del narcotráfico. Pero recientemente un juez ordenó regresar a su familia billetes y negocios incluidas las utilidades que generaron. Continuamos: el 11 de enero la prensa defeña publicó: Un tribunal federal canceló la sentencia de 26 años al General Brigadier retirado en 1985, Jorge Mariano Maldonado Vega. Estaba prisionero desde 98. Una juez lo sentenció a 26 años de prisión por relación con el Cártel de Juárez. El General defendió a “El Señor de los Cielos”, Amador Carrillo Fuentes, cuando fue capturado. Luego lo visitó en prisión y el mafioso pidió conectarlo con otros militares. El General en retiro terminó incluido en el famoso “maxiproceso”. Pero ahora le dejaron libre… por falta de evidencias. Y el 15 de enero, el Primer Tribunal Unitario de Circuito con sede en Toluca, exonero al ex Gobernador Mario Villanueva. Otra vez falló la UEDO. Los cargos, en papel, no tenían peso. Por coincidencia todo esto ha sucedido después del 11 de noviembre. Ese día el narcotráfico ejecutó en Mazatlán a los magistrados Benito Andrade Ibarra del Primer Tribunal Unitario y Jesús Alberto Ayala Montenegro del Segundo Tribunal Unitario. Estaban acomodándose para viajar en una Suburban cuando se les emparejó un Stratus rojo. Desde allí les dispararon y mataron. No dudo sobre autoría intelectual y material: narcotráfico. El 15 de diciembre “Conversaciones Privadas” tocó el tema y ahora reproduzco uno de los párrafos: “No les voy a enseñar el Padre Nuestro a los obispos de la PGR para investigar. Pero creo que si los pistoleros no dejaron huella ni los testigos los vieron, la pista está en: 1.- Los expedientes en los tribunales. 2.- Respetuosamente, la hipótesis de que dictaron sentencia prometiendo lo contrario. Y 3.- La más grave de todas: pudieron ser tomados como ejemplo para que todos los juzgadores sepan a lo que se exponen”. Ahora los hechos coinciden con las hipótesis: 1.- No han detenido a los asesinos. 2.- Una pista está en los expedientes del narcotráfico. Tanto así que Agustín López Pérez, proyectista del Tribunal, está arraigado por su presunta participación criminal. Y 3.- Ha sido muy notable la cadena de sentencias retirando acusaciones a mafiosos y regresándoles sus bienes. No tengo duda: la doble ejecución en Mazatlán funcionó como advertencia. Tomado de la colección “Conversaciones Privadas” de Jesús Blancornelas, publicado el 29 de enero de 2002.
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