Tratar como delincuentes a los conductores morosos será desde ahora la política del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, quien a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas se abrogó dicha facultad. Resulta que como vehículo policiaco de emergencia, han sido balizadas las unidades de la Verificación Fiscal Vehicular del Estado, con torretas en luces rojas y azules, similares a las de las patrullas y armados con sirenas, lo cual, vaya, no tiene sustento legal. Los vehículos que hacen cumplir ahora el “terrorismo fiscal” ponen en tela de duda a los verdaderos servicios de emergencia, ya que ahora no se puede identificar a uno de otro, además los empleados administrativos quienes no cuentan con la capacitación para atender los conflictos sociales, ponen en riesgo a los conductores que no saben cómo actuar ante las nuevas “patrullas”. La Ley de Seguridad Nacional indica cuáles corporaciones pueden utilizar vehículos equipados con esos artefactos para emergencias y vigilancia, y bueno, las dependencias de Planeación y Finanzas quedan fuera. Pero en Baja California…
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