Quieren despojar a ejidatarios

Caborca, Sonora.- De repente uno de los directivos del Ejido Celestino Gasca se planta frente al reportero. Se acomoda la gorra y suelta: “Sabes que yo tengo 75 años, no voy a dejar que nos quiten nuestras tierras, nuestro patrimonio. A mí si viene alguien y me empuja, me quita por la fuerza, yo lo mato”, dice resuelto, erguido, enojado. Está parado sobre un manto de arena desde donde se atisba un magnífico estero que hace curva en una zona de pesca de almeja. Dicha área forma parte de las más de 43 mil hectáreas que -a través de una resolución federal- pretenden despojar a una serie de ejidos  dedicados a la ganadería y pesca. Después de años, a las tierras oficialmente les salieron nuevos dueños. El atractivo es que en la mayoría de los casos, se trata de terrenos frente al mar. En el impresionante litoral del Golfo de California, desde Puerto Peñasco hasta Caborca, esta última ciudad donde hasta parte del fundo legal les pretenden arrancar. “Si los dejamos, el siguiente tramo va a ser hasta el Golfo de Santa Clara”, expresa uno de los ejidatarios en alusión al amplio litoral en la parte sonorense del Golfo de California. De hecho en esa zona ya existe un conflicto que en junio de 2008 llevó al violento desalojo de los ejidatarios y posesionarios, al resultar una pretensión similar en el Ejido Campodónico -una impresionante bahía con más de cuatro kilómetros de litoral-, hasta la fecha sigue en litigio. El mecanismo parece sencillo, pero a la vez nada claro: en 1985, una veintena de campesinos solicitó la creación de un nuevo centro de población ejidal, al que denominaron “Heraclio Bernal”. Ocho años después, la Secretaría de la Reforma Agraria negó la solicitud que considero improcedente, debido a que “no agotaron los procedimientos”, pero hasta 25 años después, en abril de 2010, tramitaron un amparo. Para esto, de los 24 solicitantes originales, nueve habían fallecido o se habían “desavecindado”, y solo quedaban 14, pero surgió la maniobra y, en presunta asamblea, acordaron sumar nuevos miembros, por lo que ahora, 194 personas pelean 43 mil 34 hectáreas que actualmente ubican aproximadamente 50 predios, la mayoría pegados al mar; 36 corresponden a Puerto Peñasco, nueve a Caborca y cinco al municipio de Plutarco Elías Calles. El 15 de marzo de 2013, el Supremo Tribunal Agrario falló un amparo a favor del nuevo núcleo de población ejidal Heraclio Bernal para dotarlos de las miles de hectáreas que ya tienen dueño y posesión, a través de una resolución presidencial que data de 1970. “Se trata de actos corruptos, maniobras ilegales y dolosas”, aseguran los ejidatarios, señalando que la nueva lista está integrada por prestanombres, abogados y parientes de personajes ligados al poder económico y político. “Qué bueno que les tocó esto” dice Domingo Zavala, un pescador moreno, descalzo, que se mira fuerte pero apoya su humanidad en un bastón hechizo, recién festejando el rescate de dos autos -uno de ellos de los reporteros- que se embancaron en el camino de arena de varios kilómetros, entre el acceso, la carretera y la playa. “Para que vean lo que hemos sufrido, antes no había ni carreteras, ni otros caminos, así nos la pasábamos batallando, y ahora resulta que ahora nos quieren quitar nuestros terrenos…”. Tambores de guerra José Lucas Reyna  recuerda que desde 1966 es dueño y está en posesión de poco más de mil hectáreas ejidales entre Caborca y Sonoyta. Antes esos terrenos fueron de sus abuelos. Es uno de los ejidatarios que se ha amparado -amparo 667/2013- ante un Juzgado federal en Nogales, Sonora, contra la pretensión de quitarle sus tierras. “Esos no son propietarios, son solicitantes”, refiere el posesionario y dueño del espacio ahora en disputa. Gerardo Cid Orduño es el comisariado en el Ejido Guillermo Prieto. Porta un folder con sus documentos, entre éstos, un título que lo acredita como propietario. Se trata de una resolución presidencial emitida por el Gobierno Federal en 1970, que inicialmente benefició a 60 ejidatarios, a quienes repartieron 29 mil hectáreas. “De ahí quieren afectarnos 271 hectáreas, puras de la orilla de la playa”, comenta el comisariado, asegurando que en todos esos terrenos donde pretenden desplazarlos, tienen títulos que acreditan su propiedad. Comenta que ellos también tienen un amparo en el Juzgado federal con sede en Nogales, para evitar ser despojados de los terrenos que actualmente utilizan para ganadería, con un promedio de 300 cabezas de ganado. “Casi todo lo que vienen agarrando de ese ejido (Heraclio Bernal) son puros litorales, desde el Golfo de Santa Clara hasta Puerto Lobos”, comenta Cid Orduño, quien es parte de una segunda generación de los dueños del terreno. Reunidos en torno a la gran mesa central del salón de juntas de la alcaldía de Caborca, el secretario del Ayuntamiento, Daniel Zavala, explica a ZETA lo que está sucediendo. “Entregan una resolución presidencial que no cumple con los requisitos de ser ejidatarios. Aquí localmente tenemos a una persona multimillonaria, que tiene más de cincuenta pozos, dos gasolineras, un sinnúmero de propiedades, su nombre es Raúl Elías Fabela, esta persona no califica para ser ejidatario. ¿Cómo es posible que estén dotando a gente que no califica?”, cuestiona. Con esa resolución -refiere- no se están respetando los títulos de estas personas -en función de la veintena de ejidatarios presentes en el salón-, emitidos por la autoridad. “Estamos hablando de todo el litoral de Caborca, y así como a Caborca, están afectando Puerto Peñasco”, expone en relación al problema que enfrentan y que así sintetiza: un grupo en el poder político se ha arrimado a un grupo de ejidatarios solicitantes de tierra. “No quieren un solo surco para sembrar, quieren todo el litoral”, acusa el funcionario, quien calcula que con esa resolución federal se está afectando a 250 familias de ejidatarios, aparte, al municipio de Caborca, al que también están cortando mil 958 hectáreas que son parte del fundo legal. Menciona cómo a través de un predio que encimaron con el nombre de Lindavista, quieren quitarle terreno a la zona que realmente se trata del poblado de Puerto Lobos, una de las principales zonas turísticas de esa región. Hace mención del dictamen de un perito -Martín Dávila Durazo-, quien oficialmente declaró que no existe nadie en esos predios, “lo hicieron de escritorio, ni siquiera fueron a ver físicamente”. Comenta que hay otros predios alrededor de una mina de oro que también pretenden apropiarse, siendo que los ganaderos y dueños tienen cerca de 40 años en esos terrenos. Asegura que una señora, Teresa Rodríguez, es quien lo reclama, siendo que ella es esposa de un funcionario estatal en Hermosillo. “Desde 2011 ando yo en trámites con eso, lo que me dijo el de la Reforma Agraria: ‘usted ampárese’”, argumenta el propietario del terreno aledaño a la mina que explota el grupo Peñoles. Los ejidatarios en peligro de ser desplazados de sus tierras ubican a varios personajes ligados al poder económico y político, como Sergio Hunger, financiero en Monterrey, Nuevo León; Raúl Elías Favela, Alfredo Vergara. Todos ellos encabezados por  Luis Fernando Heras Portillo Sánchez, a quien ligan con el ex gobernador de Sonora y actual coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso federal, Manlio Fabio Beltrones Rivera. Una versión incluye que Heras Portillo es la cabeza operativa de todo ese grupo, que incluso ha llegado a amenazar al alcalde panista de Caborca, Francisco Alfonso Jiménez Rodríguez. A Heras -ex titular de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del gobierno estatal de Sonora- lo ubican junto con los adinerados Ricardo Mazón y Javier Tapia, como parte del grupo de propietarios del lujoso complejo turístico-residencial Las Palomas, en Puerto Peñasco, donde en diciembre pasado, el lugarteniente en esa estratégica zona del Cártel de Sinaloa, Gonzalo Inzunza Inzunza “El Macho Prieto”, fue presuntamente abatido -la versión es que sus gentes se llevaron el cadáver-. Controversia, la historia El 15 de marzo de 2013, los cinco magistrados del  Tribunal Superior Agrario –liderados por el magistrado Marco Vinicio Martínez Guerrero- aprobaron de manera unánime y desde la Ciudad de México, la resolución en torno al juicio agrario 5/2012 y el  amparo 667/2010 en relación al poblado Heraclio Bernal, en Sonora. El caso inició desde 1985, cuando un grupo de 24 campesinos que dijeron residir en Puerto Peñasco, solicitó al entonces gobernador estatal, Rodolfo Félix Valdez, la creación de un nuevo centro de población ejidal que se llamaría Heraclio Bernal. De acuerdo al camino legal, marcado en la Ley de la Reforma Agraria, los solicitantes habían agotado el procedimiento federal, por lo que en septiembre de 1993, la SRA consideró “no procedente la instauración de la solicitud presentada…”. El 26 de abril de 2010, el comité de solicitantes interpuso un juicio de garantías –667//20210-, tocándole al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, autoridad que en noviembre de 2010 concedió la protección de la justicia, modificando la sentencia que sobreseía el caso. Fue hasta octubre de 2011 que la delegación estatal de la SRA en Sonora comisionó a personal para recabar información de esos predios supuestamente “propiedad de la nación”, bajo la premisa de que los solicitantes “manifiestan tener en posesión y usufructo en forma pacífica, continua y pública, algunos de los desde hace más de veinte años…”. Luego, el 31 de marzo de 2012 -casi 30 años después de la solicitud original-, los integrantes de ese nuevo centro poblacional efectuaron una asamblea general, aunque solo quedaban 14 de los 23 solicitantes originales, ya que nueve de ellos o murieron, o se “desavecindaron”, es decir, ya no vivían en la zona. El caso es que se sumaron 142 nuevos aspirantes, que con los 14 sobrevivientes, ya eran 156 los “capacitados que pasan a formar el grupo de solicitantes”. De paso le sumaron otros 49, para llegar a 191 los enlistados. En el documento-resolución emitido el 15 de marzo de 2013, se hace una detallada lista de las zonas a afectar, tanto en Peñasco como Caborca, y Plutarco Elías Calles. Finalmente, se resolvió de manera textual: “Es procedente la creación del Nuevo Centro de Población Ejidal, promovida por un grupo de campesinos que se denominara Heraclio Bernal, Municipio de Puerto Peñasco, Estado de Sonora”, dotándoles con 43 mil 34 hectáreas que finalmente beneficiaron a 191 “campesinos” con capacidad agraria. La medida provocó la inmediata y múltiple respuesta, desde amparos, denuncias, quejas ante Derechos Humanos, cartas al Presidente Peña Nieto, al gobernador Guillermo Padrés, y al titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Sobre todo, ha provocado el coraje de cientos de ejidatarios y sus familias, quienes de un plumazo ven en peligro su patrimonio y parecen estar dispuestos a todo, como expresó uno de los directivos en el Ejido Celestino Gasca: “Si me quieren quitar mis tierras, las de mi familia, yo los mato…”. Campodónico En junio de 2008, un grupo de ejidatarios fue expulsado de sus tierras en el Ejido Rodolfo Campodónico, a raíz de una decisión federal, implicando el uso de la fuerza y la intervención de policías estatales para concretar el desalojo de esos terrenos estratégicamente ubicados, y también pegados al litoral de las mansas aguas del Golfo de California. A raíz de ese despojo, los ejidatarios siguieron el cauce legal, a través de juicios agrarios aún vigentes, explica el abogado del grupo, Sergio García: “Iniciaron unas acciones de servidumbre de paso, porque las personas que golpearon estaban en terrenos del ejido y el predio en conflicto estaba como a seis kilómetros de ahí”. El caso se fue a revisión, y apenas esta semana les notificaron que se había perdido la revisión por parte de los afectados. “Lograron su propósito, pero de una manera muy burda”, dice García en relación a las cerca de 700 hectáreas que conforman una pequeña península destacada por su magnífica ubicación. Ahora están por promover un amparo contra la más reciente resolución judicial, pero seis años después, el litigio continúa.