La falta de acuerdos entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado para el ejercicio de dinero en zonas con pobreza, disminuye la posibilidad de cumplir una promesa que los gobiernos comparten: abatir la pobreza extrema en Baja California. Según las mismas instancias, en Baja California la pobreza extrema alcanza a 91 mil ciudadanos. Pero no hay acuerdo para ayudarlos. Francisco Vega de Lamadrid prometió acabar con la pobreza extrema en tres años, la Secretaría de Desarrollo Social de Ricardo Magaña solo lanza un programa de asistencia social y proyectos de infraestructura propios. En este contexto, Marco Antonio Corona, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social asegura que en un año es posible abatir la pobreza extrema, pero conjuntando recursos con el Gobierno del Estado, pues el de los municipios, dice, ya lo tiene. De entrada las políticas de Sedesol en Baja California iniciaron 2014 con una evaluación poco prometedora: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), coloca a la entidad en los últimos seis lugares del país. Expone la inexistencia de criterios para programas, para sus adecuaciones y falta de difusión para integrar ciudadanos a éstos. La Evaluación fue hecha durante los 12 meses del año 2013. Destaca que aunque no existe una Ley de Desarrollo Social en la entidad, hay una Ley de Asistencia Social, sin embargo esta normativa pondera lo que en Baja California no puede lograrse: una concurrencia en los recursos de los tres órdenes de gobierno que garantice una adecuada implementación para abatir la pobreza. La (no) concurrencia de los recursos Con la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal que entró en vigor este año, Federación, Estados y Municipios, tendrán que destinar el presupuesto que se les inyecta al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), para construcción de obra que beneficie a sectores con pobreza: agua potable, alcantarillado, drenaje, electricidad, mejoramiento de vivienda y urbanización en general. El programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre de Enrique Peña Nieto, se beneficia con la modificación, pues permite directamente mejorar indicadores de marginación identificados por Coneval: pobreza moderada, por carencia de servicios y alimentaria. Para el ejercicio fiscal 2014, 294 millones de pesos caen a Baja California al FAIS, alrededor de 35 millones para inversión del Estado, 101 millones de pesos en Tijuana, 79 para Ensenada, 68 para Mexicali, 7 millones 800 mil pesos para Playas de Rosarito y 7 millones con 300 mil para Tecate. Un proyecto en puerta que implicaría el ejercicio de este recurso, trata de la consolidación de un convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para dotar de alumbrado público a zonas en los cinco municipios que de ello carezcan. La inversión, en teoría, se dividiría en 33.33 por ciento entre los tres niveles de gobierno. Sin embargo, el Gobierno del Estado no ha confirmado su participación presupuestal, “aun cuando los ayuntamientos están comprometidos con la causa”, explica el delegado de Sedesol. Además existen 821 millones de pesos, que llegan al Estado con la etiqueta de Fondo de Apoyo para las Fronteras, que se creó con la intención de mitigar las afectaciones generadas por la homologación del Impuesto al Valor Agregado. En marzo se aclaró que tal fondo sería invertido en políticas o programas de carácter social, en sectores con pobreza. En entrevista, el delegado de Sedesol en Baja California, asegura que ese dinero enviado por la federación se ejercerá principalmente así: * En la construcción de 184 comedores comunitarios. * Programas Empleo Temporal. * Proyectos Productivos. * Entrega de 56 mil tarjetas Sin Hambre para la adquisición mensual de productos de la canasta básica en tiendas Liconsa. * En desarrollo de viviendas. * Remodelaciones de espacios públicos, entre otras obras. Lo anterior se suma al presupuesto que la delegación de Sedesol tiene este año: 525 millones de pesos para programas exclusivos, más 40 millones para programas como Oportunidades, Diconsa y el instituto Nacional de las Persona Adultas Mayores. Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, dijo que la federación ha hecho diagnósticos en la entidad para entregar recurso adicional, sin precisar cantidad. No obstante, la liberación de los dineros está condicionada a la participación del Estado. Por ello, insiste Bolaños, la concurrencia de recursos federación-estado, es determinante para que las metas locales y nacionales puedan cumplirse. Destaca que de 106 mil personas en extrema pobreza identificadas en el año 2010, este 2014 el número descendió a 91 mil personas. De ahí su hipótesis: “Baja California está dentro de los estados menos pobres, podemos erradicar la pobreza en tres dimensiones: alimentario, de espacios de vivienda, y de los servicios de la vivienda con el recurso donde pudiera entrar el Estado, los municipios, pudiéramos estar levantando bandera blanca”. Si no llegan a un acuerdo para la inversión de recurso con el estado, habría que postergar el avance hasta que los esfuerzos se conjunten. Duplican programas De la relación con el Secretario de Desarrollo Social del Estado, dice Corona que Ricardo Magaña sí le responde llamadas telefónicas, pero…“hemos estado en reuniones pero no hemos avanzado como quisiéramos, tenemos la instrucción de seguirle, no podemos parar”. En relación al programa de De la Mano Contigo, un proyecto de Vega que consiste en la entrega de diferentes beneficios y al cual se destinaron 180 millones, el delegado reflexionó: “Son proyectos del Estado; el gobierno ya tiene una tarjeta también. Eso es lo que no queremos. El Gobierno Federal del presidente Enrique Peña Nieto lo que busca es que no sea un gobierno asistencialista, que sea un gobierno productivo y de lo más poderoso que pueda ser con base en la participación social. “Nosotros seguimos la línea de lo que corresponde a la nueva política social de nueva generación, y eso es lo que buscamos, nuestra tarjeta, tenemos de adulto mayor, el apoyo de seguro de vida de jefas de familia. (Lo de programas duplicados…) Eso pregúntenselo a ellos, nosotros tenemos nuestra política muy bien definida. Son estrategias de ellos, yo a lo mejor lo usaría en mover indicadores”. — ¿Lo de ellos lo definiría como puro asistencialismo? “Yo no sé cómo es su política, lo que sí es que nosotros tenemos un camino claro, caminamos en relación a los indicadores de Coneval e Inegi para mover los indicadores de pobreza extrema y alimentaria, ése es nuestro trabajo”. Con el presupuesto federal –y aunque el Estado no le entre a los proyectos–, Corona afirma que se avanzará en la inversión para que todo el presupuesto tenga un futuro tangible a más tardar en agosto, lo cual “sería histórico para Baja California”. “Y la presión, te lo comento porque es importante poder aterrizar el recurso en agosto, principalmente porque empiezan las evaluaciones de Coneval y debemos dar resultados”. Magaña: Sedesol, “con la bolsa cerrada” Ricardo Magaña, secretario de Desarrollo Social del Estado, lo confirma: tienen sus propios programas, similares a los federales, con el mismo objetivo, pero por su lado. Coincide que unir objetivos y dineros permitirá reducir índices de desigualdad social; pero en los hechos, ambos funcionarios ponderan su voluntad, y el resultado es inversión dispersa. “Yo siempre he dicho que si conjugamos el presupuesto municipio, estado y federación, sí logramos ese objetivo que tanto el presidente de la República como Kiko Vega se han echado a cuestas en que bajarán la pobreza”, refiere Magaña. Pero cuando se le pregunta por políticas conjuntas en desarrollo social, el resultado es el mismo. No hay acuerdos, solo buenas intenciones, “es lo único que hemos logrado”. Para Magaña, el problema es la centralización del recurso en Sedesol, la falta de voluntad de funcionarios federales para trabajar en conjunto, y hasta intereses partidistas: “Yo sí lo voy a decir como es: está centralizado de más el recurso de Sedesol. Con la Sedatu yo te puedo decir, hemos tenido una apertura tremenda con la nueva delegada en comparación del otro delegado, nos ha ayudado mucho al ejercicio del presupuesto, ojalá todos tuvieran esa voluntad de no anteponer los colores, los beneficiados serían los ciudadanos”. Los 35 millones que el Gobierno del Estado tiene como parte del FAIS se ejecutarán, afirmó, pero no aseguró que participe en el convenio con la CFE como Sedesol espera. Del Fondo de apoyo a las fronteras: “No tenemos nada que ver ahí”, mientras habla que otros 50 millones de pesos serán destinados a iniciativas similares a las federales, por ejemplo, comedores comunitarios propios. “Ellos abren los suyos, y nosotros abrimos los comedores del programa De la Mano Contigo, no teníamos participación, yo me vi obligado a entrar en polígonos que ellos no atacan, abrir los comedores del gobierno del estado: 8 Mexicali, 8 Tijuana, y es donde le invertimos. Con los ahorros que hemos generado es lo que estamos invirtiendo”. Además, el estado invertirá 180 millones de pesos en la prestación de servicios médicos, de comunicación, adquisición de productos y seguros de vida y accidentes. Llegar a 118 mil personas, con un padrón de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado. Y no existe garantía que ciudadanos no repitan beneficios de federación y Estado. Magaña destaca la colaboración con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) a partir de un convenio para realizar obras de electrificación, vialidades, pavimentación y otros apoyos sociales en zonas indígenas de Tecate y Ensenada. La inversión, 57 millones de pesos para este 2014. — ¿Cómo va la comunicación con Sedesol?, se le pregunta. “Muy bien, en lo personal, muy amena la relación, pero la bolsa cerrada, es lo único que te puedo decir…se están asustando con cantidades pequeñas cuando traen la bolsa enorme, y no sé dónde la están aplicando, la verdad”. — ¿Hay invitaciones abiertas para aportar a los 821 millones que ya están? “Como Desarrollo Social no me han dicho ‘tú puedes conjugar recursos como en otros programas’, en Hábitat sí, por ejemplo, yo pongo 40 y ellos 60 automáticamente. Los 800, no sé dónde lo van aplicar”. Dos instancias de desarrollo social, duplicaciones de programas, poca comunicación y nada de coordinación. Al final, los afectados: los pobres. El mes de la cruzada y los avances Este mes de junio es para el gobierno Federal, el mes de la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia a la que se han alineado 17 dependencias federales, gobiernos estatales y ayuntamientos. A nivel estatal, autoridades de la delegación de Sedesol, afirman que la pobreza extrema se ha disminuido de 106 mil personas en el 2010 a 91 mil en este año, según datos de Coneval. Y Aunque no definen cuánto se redujo del arranque de la cruzada (julio 2013) a la fecha, anuncian sus resultados como determinantes. El delegado, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, explica que en un año se han entregado como parte del programa de Acciones en Zonas Prioritarias, alrededor de 4 mil 100 paquetes de techumbre y se han instalado 505 pisos firmes a lo largo del Estado de Baja California. También que 100 mil mujeres han sido afiliadas al Seguro de Vida para Jefas de Familia que en caso de muerte, tienen garantizada la continuidad educativa de sus hijos hasta la universidad. En el caso de la pensión de adultos mayores, actualmente son 69 mil mayores de 65 años que reciben 580 pesos mensuales. En el caso de pobreza alimentaria o extrema, Oportunidades, Diconsa y Liconsa, benefició a 97 mil 579 personas. Corona Bolaños Cacho, afirmó que como parte del Programa Proyectos Productivos, donde se apoya a personas que proponen un negocio para generar sus ingresos, se benefició en el 2013 a 38 proyectos. Y para este año se espera que sean entre 40 y 50 más los creados. Además, destacó la coinversión que hace el Instituto Nacional de Desarrollo Social con asociaciones civiles en diferentes sectores que será de 4 millones de pesos, sumado a 10 millones de pesos para el programa 3 x 1 para migrantes. Instalaciones de los 90 Todas las mañanas, adultos mayores, madres solteras y otros beneficiarios de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social esperan su turno para cumplir con la burocracia y recibir su apoyo del gobierno federal En el mejor de los casos esperan sentados dentro de las oficinas, en el peor, deben permanecer parados en el patio cubiertos por lonas plásticas, algunos alcanzan silla. Y esto sucede lo mismo en temporadas de calor extremo, cuando está templado, o si llueve, y estas personas que presentan grupos desprotegidos deben aguantar, si desean recibir algún recurso. Las oficinas son casas móviles de madera, algunas paredes apenas han sido resanadas con pintura a lo largo de 21 años de existencia., y son insuficientes. Jaime Martínez Veloz, actualmente comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación, habilitó esas instalaciones desde 1993 cuando fungió como delegado de la Sedesol y Luis Donaldo Colosio Murrieta era el titular federal pionero de la dependencia. “Era la secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SIDUE federal), había una casa movible, de esas casas de madera, ahí estaba el programa Solidaridad aún lado y en la esquina las oficinas de SIDUE. Solidaridad estaba en la Secretaría de Programación y Presupuesto y posteriormente se generó la Secretaría de Desarrollo Social. Enero del 1993. Actualmente, ahí operan además de Sedesol, su programa sectorizado Oportunidades, la Comisión Nacional para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Sobre lo anterior el delegado de Sedesol en Baja California, afirma, sin especificar tiempo, que las dependencias ajenas a Sedesol que están ahí se retirarán en un corto plazo para que esos espacios puedan dignificar la atención al beneficiario. Sin embargo, dijo que no existe en este momento, presupuesto para invertir en una remodelación. “Será aprovechar el área donde actualmente está Semarnat y hacer un lugar donde la gente sea tratada dignamente como se merece, sobre todo el adulto mayor”. Explicó que en la ciudad de Mexicali, donde la delegación está dentro de una casa-habitación, se cambiará a la primera planta del edificio del Gobierno Federal en la capital. “Recibo las oficinas como estaban, y hemos mejorado como hemos podido, por falta de presupuesto no hemos avanzado”, asevera. Despido en Oportunidades Aunque empleados del programa Oportunidades aseguraron a ZETA haber sido informados que el martes 3 de junio de 2014 fue separado de su cargo como subdelegado de Oportunidades en Tijuana, Tecate y Rosarito, Héctor Villalobos refiere que en estos días él analiza dejar su función. De forma extraoficial se informó que el movimiento del funcionario en la sectorizada de la Secretaría de Desarrollo Social obedeció a una decisión de Pavel Murillo, encargado del programa en Baja California, y de la diputada Miriam Ayón, supuesta participante en reuniones celebradas entre autoridades de Oportunidades. Villalobos acepta que no coincidió con la forma de trabajar de Murillo, pues éste integró en Tijuana a personal que no tenía el conocimiento necesario para la operación de Oportunidades, lo que retrasó el trabajo en este municipio. También dijo desconocer sobre la participación de la diputada priista en el movimiento de recursos humanos. En la edición 2095 de ZETA (“Oportunidades retrasado y discrecional”) se hace referencia a una desfase entre los beneficiarios registrado y los que realmente estaban recibiendo su aportación mensual de alrededor de 6 mil personas. Para cubrir el rezago y a marchas forzadas reforzar el padrón, Villalobos mandó traer brigadas de otros municipios del Estado, así como de Sonora y Sinaloa.