Tendría que modificarse la Ley Fiscal, para que el Órgano de Fiscalización (ORFIS) del Estado tenga la facultad de sancionar, reveló el Auditor Superior, Manuel Montenegro Espinoza. Entrevistado esta mañana, durante la sesión semanal del Grupo Político Tijuana, el funcionario estatal, dio a conocer las actividades que lleva a cabo el brazo técnico del Congreso de Baja California. El también contador, explicó que el ORFIS cuenta con 370 funcionarios, que deben auditar las cuentas de 172 entidades, que comprenden los 5 ayuntamientos, los tres poderes de Gobierno, y sus dependencias correspondientes. Así pues, el órgano revisa los ingresos, egresos, patrimonios y deuda pública de las entidades. Ésta última, dijo, es de la que existe una mayor preocupación en cuanto al manejo interno a la aplicación del recurso público, que es lo que precisamente la dependencia revisa. Montenegro Espinoza, explicó que las cuentas no se revisan en su totalidad, sino solo una muestra de ellas, de aproximadamente el 50 por ciento de ellas, debido a la “dificultad de poder cumplir en tiempo y forma con el trabajo”. Del trabajo al momento, aseguró se han verificado unas 42 cuentas, de las cuales las principales irregularidades mayoritariamente son por omisión, o en otros de menor tendencia, van desde el equipo de trabajo que se hace la obra pública, hasta el incumplimiento en los tiempos de éstas, o bien algunos pagos en exceso. Una vez llevada a cabo la investigación, continuó, el ORFIS turna a la Comisión de Fiscalización, quien es la que en su momento aprueba o desaprueba las cuentas públicas, posteriormente se pasa al Pleno, donde ya se toman las determinaciones finales, es decir, las sanciones. Sin embargo, tanto en lo local como en lo Federal, Montenegro Espinoza aseguró se está buscando que dichos órganos fiscalizadores cuenten con más responsabilidades, para que se puedan emitir sanciones directamente desde éste. “Se requiere actuar ya más drásticamente, porque esto viene relacionado con la misma transparencia y rendición de cuentas, y viene desde nivel federal. La Auditoria Superior de la Federación esta día a día también exigiendo más facultades para los órganos de fiscalización, de tal manera que acortemos el tiempo, y que no demos tanta vuelta para llegar a fincar responsabilidad de un funcionario, si no que si hay un delito ya justificado y comprobado, inmediatamente se pueda presentar una denuncia penal”. Mientras tanto, la Ley impide al órgano inclusive, dar a conocer las cuentas que no pasan satisfactoriamente la investigación, ya que primero deben contar con una determinación del Congreso del Estado, quien en este caso, es la autoridad superior. Finalmente, el funcionario detalló que las cuentas que cuentas con irregularidades, se turnan a los órganos de control de cada una de las entidades, y a ellos ejemplificó: “Los Ayuntamientos, pasan a los Síndicos todas las observaciones por la cual no se autorizo la cuenta pública, para que la Sindicatura Procuradora les de el seguimiento correspondiente, lleve la investigación más a fondo, ya que ellos tienen todos los elementos a la mano”, finalizó.