Autoridades judiciales mexicanas negaron el amparo y protección de la justicia federal al narcotraficante Rafael Caro Quintero que reclamaba la orden de extradición dictada en su contra el 10 de agosto de 2013 para que sea recapturado y entregado al gobierno de los Estados Unidos. El fallo del juicio de garantías fue dictado por Gilberto Romero Guzmán, juez décimo de distrito de amparo en materia penal en el Distrito Federal, quien no encontró violaciones a los derechos fundamentales del quejoso en el mandamiento emitido para capturar al otrora líder del Cártel de Guadalajara. Tras 28 años encarcelado, Rafael Caro Quintero obtuvo su libertad del Reclusorio Preventivo de Puente Grande el 9 de agosto del año próximo pasado, al serle concedido un amparo directo que dejó sin efectos su condena de 40 años de prisión por el secuestro, homicidio e inhumación clandestina del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal con residencia en Guadalajara estimó que erróneamente que los crímenes imputados al narcotraficante no eran competencia del fuero federal y debían ser juzgados en el fuero común, abriéndole las puertas de la cárcel. Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación interpuso el recurso de revisión y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el fallo para señalar que el asunto es del ámbito federal y el Tribunal Colegiado tendrá que resolver en definitiva sobre los hechos de 1985 cuando fue asesinado el agente antidrogas norteamericano. Independientemente del “Caso Camarena”, un día después de la liberación de Caro Quintero, el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó la orden de detención provisional con fines de extradición internacional para que sea recapturado y se valore su entrega a las autoridades del país vecino, donde es acusado de trasiego de drogas. En noviembre último, el Departamento de Estado de la unión americana anunció una recompensa de cinco millones de dólares a quien proporcione información que conduzca al arresto del sinaloense y en diciembre, la INTERPOL lo incluyó en la lista de los 15 fugitivos más relevantes de América Latina y solicitó la ayuda pública para su localización.
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