México no puede “echar campanas al vuelo”: Raúl Plascencia

En su recta final como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Raúl Plascencia Villanueva, se dice más ocupado en sus “actividades institucionales” que en su reelección, tema que considera “pendiente hasta que salga la convocatoria”. No obstante, durante su primera comparecencia ante el Senado de la República, la senadora Layda Sansores le solicitó su renuncia por considerar que Plascencia Villanueva cuida más su reelección de lo que le preocupan los ciudadanos. El titular de la CNDH responde “estoy muy contento trabajando, ya platicaré con los senadores”. Ha sido señalado por legisladores de izquierda y organizaciones sociales de ser un Ombudsman gris, tibio en su función y omiso en sus labores. Tras la elección de Plascencia Villanueva en noviembre de 2009, este año se renueva la presidencia del principal órgano garante de derechos humanos en el país. En entrevista con ZETA, Raúl Plascencia habla de la trata como un problema “presente en la realidad, pero invisible en la estadística oficial”. Acusa a funcionarios como el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre de no realizar bien un cargo “al que nadie lo obligó a contender” y se pregunta por qué la Procuraduría General de la República (PGR) de Jesús Murillo Karam, mantiene congelada la denuncia que interpuso en contra del ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. Impunidad extendida Con la muerte de Jorge Torres Palacios, el más reciente de los 88 reporteros asesinados de 2000 a la fecha –contabilizados por la CNDH– Plascencia Villanueva se lamenta que la impunidad en delitos a periodistas alcance el 89 por ciento. “Nos orilla a suponer que los agresores no son detenidos ni presentados ante la justicia y genera una especie de invitación a que sigan delinquiendo, que se sientan seguros de que no va a pasarles nada”, comparte. De 2005 a la fecha, el Ombudsman lleva registro de 20 periodistas desaparecidos y de 41 atentados, estos últimos, considera, concluyen con un alto nivel de intimidación que originan “casos de autocensura, son pocos los que se atreven a publicar temas de seguridad pública, ya no por amenazas, sino por el gran temor y miedo”. Para resolver atentados contra periodistas no resueltos, más que comisiones especiales como la de Veracruz, creada para “la atención de agravios a periodistas”, Raúl Plascencia considera mejor y más efectiva, la detención de los responsables de los homicidios y de los delitos cometidos. Al igual que con el homicidio del periodista veracruzano, Gregorio Jiménez, el titular de la CNDH, repite que el organismo “sigue investigando y amerita que la autoridad investigue hasta el último de los responsables”.   Crimen organizado controla migración El 20 de mayo de 2014, el Ombudsman fue citado a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, con motivo de cuatro amparos interpuestos contra su gestión en la CNDH, particularmente en la integración del expediente de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. Ese día, Raúl Plascencia habló de las 24 mil 800 personas desaparecidas desde 2005 hasta 2014, reportó tanto la intervención de agentes federales como de miembros de la delincuencia organizada, todo constatado en las investigaciones conducidas por la CNDH. Sin embargo, al ser cuestionado por senadores, activistas y familiares de los migrantes masacrados en Tamaulipas, argumentó que se tiene un expediente de 12 mil fojas, el cual será revisado –nuevamente– para integrar los testimonios de las familias de las víctimas. Hasta atribuyó el retraso de la averiguación a la SEIDO. Y es que organizaciones sociales han denunciado que los 72 cadáveres encontrados en 2010, no fueron reconocidos debidamente. Madres de migrantes centroamericanos, piden ser incluidas en la investigación de la CNDH, ante la sospecha de haber recibido cuerpos equivocados. El Ombudsman mexicano admite que de acuerdo a cifras estimadas, hasta 400 mil personas ingresan a México de manera indocumentada y apenas 75 mil personas son “aseguradas” por el Instituto Nacional de Migración (INAMI). Del resto, es difícil dar rastro. “El crimen organizado se fue ocupando del tema de migración hasta controlarlo. Es el encargado de enganchar a los migrantes desde su país de origen, introducirlos al país, darles garantías, conseguirles trabajos”, narra. Entre las recomendaciones del presidente de la CNDH, está el realizar “investigaciones serias, completas, claras por parte de la autoridad para dar con estos tratantes de personas, que lo operan como uno de los negocios más redituables, solo por debajo del tráfico de drogas y de armas”. Aunque admite la corrupción que persiste en el INAMI, asegura “ha atendido todas las observaciones que les hemos remitido, el problema continúa, pero hay una gran voluntad”, la cual ha sido demostrada con la depuración de agentes, según explica. Lento avance en cumplimiento de recomendaciones Para dimensionar el delito de la trata, Plascencia Villanueva refiere que de 2007 –año en que entró en vigor el Protocolo de Palermo– a la fecha, solo 10 sentencias se han dictado por este crimen en México. Cinco corresponden a Baja California. “Se revisa la estadística oficial y no hay detenidos, ni consignados, ni investigaciones, ni sentencias, pero por supuesto que hay trata”, sostiene. De postura “tibia” como diría el diputado Ricardo Mejía, de Movimiento Ciudadano, para Raúl Plascencia si estas redes no han sido detenidas es porque “utilizan estrategias que la autoridad no logra rastrear ni localizar”. Tampoco señala intromisión de cárteles del crimen organizado, prefiere atribuir las operaciones y las ganancias a “organizaciones con operaciones en más de un país”. En 2013, la CNDH recibió 348 mil solicitudes. Una institución que trabaja con 0.08 por ciento del presupuesto de egresos de la federación, “de ese tamaño somos”, compara Plascencia Villanueva. De acuerdo al Ombudsman, de 2006 a 2012, las denuncias por tortura y tratos crueles aumentaron en un 500 por ciento. Niega que desde la llegada de Peña Nieto a la presidencia de la República, haya aumentado la represión gubernamental –como lo han señalado diversas organizaciones sociales–, pero advierte “tampoco echemos las campanas al vuelo”. Explica que en 2013, por ejemplo, las quejas en contra del Ejército disminuyeron un 30 por ciento. Aun así, persiste un incremento del 470 por ciento en esta materia respecto a 2005. En 2013, se registraron 900 quejas por abusos, detenciones arbitrarias, cateos ilegales y uso indebido de la fuerza pública de los elementos del Ejército Mexicano. Como resultado, la CNDH tiene registro de por lo menos 800 militares consignados por delitos, desde hace nueve años. “Todos los asuntos en que hemos emitido recomendaciones, han sido declinados en cuanto a competencia a la PGR”, relata. Pero también siguen pendientes sentencias, hay procesos abiertos y faltan órdenes de aprehensión por complementar a elementos castrenses. Sobre todo en los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Michoacán, en donde se realizaron los operativos “con mayor energía” por parte del Ejército. Sobre la intención del gobierno federal para crear una Gendarmería que agrupe todas las fuerzas policiales del país, el Ombudsman considera que primero es necesario aplicar controles a los policías. “Saber qué está haciendo cada policía y verificar que aquellos que caen en las redes del crimen organizado, se les detenga, se les excluya, México necesita policías más preparados, más responsables, serios de la función y comprometidos con servir a la sociedad y no pensar cómo servirse de la institución”, comparte.   Optimista sobre el cumplimiento del gobierno federal en cuanto a recomendaciones, Plascencia Villanueva, comenta sonriente “en 2013, todas las recomendaciones fueron aceptadas por el gobierno federal…el cumplimiento va lento, pero avanza”. Adversario del surgimiento de autodefensas, explica el fenómeno desde una lógica meramente institucional “se pueden explicar en términos de la inseguridad, pero no se pueden justificar”. Su principal motivo para oponerse a las autodefensas, es la falta de legitimación, constitucionalidad y marco legal. “En México no hay justificación para que alguien se comporte al margen de la Ley”, aunque la razón surja del temor al crimen organizado y de la desprotección del Estado mexicano.    Los pendientes Será entre septiembre y octubre cuando el Senado de la República, lance la convocatoria para elegir al nuevo presidente de la CNDH. Plascencia Villanueva, fue elegido en noviembre de 2009, hasta la segunda ronda de votaciones en la Cámara de Senadores. Legisladores panistas revelaron que Gustavo Madero, entonces coordinador de los senadores de Acción Nacional, dio la orden de votar a favor del actual titular de la CNDH. Calificado de “tibio” en su actuar y omiso por diputados y senadores, quienes hasta su renuncia han pedido; Plascencia Villanueva se muestra tranquilo con las reacciones que ha generado en el Poder Legislativo. “Hay mucho rumor, pero el único amarre que existe es el día de la votación. Antes de la convocatoria, no hay candidatos ni precandidatos ni campañas ni amarres ni nada”, sostiene. Dice esperará hasta el lanzamiento de la convocatoria para decidir si se postulará o no como candidato, “ya veremos en qué términos y qué hago…ya platicaré con los senadores”. Mientras tanto, prepara los que podrían ser sus últimos informes al frente de la CNDH, sobre la situación penitenciaria, la trata de personas, un análisis de “inseguridad e impunidad extendida”, así como de resultados y reacciones con la instauración del Comisionado de Seguridad en Michoacán. Además de Michoacán, Plascencia Villanueva ve en Guerrero un foco rojo en Derechos Humanos. Después de la entrega del informe de las autodefensas, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, en Guerrero, no aceptó el documento y rechazó que exista una situación de inseguridad. “El informe es muy claro, hay un reclamo social por el abandono del ejercicio de la función del gobierno donde no hay ni seguridad pública ni hay garantías para la sociedad”, pero a la CNDH, afirma, le corresponde solo “señalar e insistir que estos puntos tienen que resolverse por parte de aquellos que decidieron, que nadie los obligó, a contender por un cargo de la administración pública y que no lo están haciendo bien”. Queda también abierta una queja por las condiciones en que viven jornaleros de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit. “La justificación que se ha dado es que cuentan con mejores condiciones que en su lugar de origen, pero tienen que ser las mismas que el resto de los trabajadores”. Pero la inquietud más grande con que se irá Raúl Plascencia Villanueva –de no ser reelecto– será la investigación pendiente en la PGR, en el caso del ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna. En 2012, el funcionario del gobierno de Felipe Calderón, fue llamado a comparecer por “no aceptar más de tres recomendaciones y con gran cinismo”. Un año después, Raúl Plascencia, como presidente de la CNDH, presentó una denuncia penal contra García Luna y 20 funcionarios más, por el caso de Florence Cassez, ante la PGR. En el informe especial de la CNDH, se acusa a los 21 implicados de “viciar el procedimiento penal respectivo” con la simulación del operativo para que la captura de la francesa fuera presentada “en vivo” ante las cámaras de Televisa. De acuerdo a la CNDH, la escenificación del arresto de la banda de secuestradores “Los Zodiaco”, trascendió en la liberación de Cassez y agravió a las víctimas, quienes vieron salir libres a sus captores. La denuncia fue presentada a la PGR, a cargo de Jesús Murillo Karam, quien debería ser cuestionado por el caso –asegura Plascencia Villanueva– “si se va hacer algo o no con la denuncia después del informe Cassez”. Y sostiene, “lleva más de un año (la denuncia interpuesta), no nos ha llamado (la PGR), hemos estados pendientes de la justicia, pero no avanza”. Así, la CNDH queda, nada más, como uno de tantos que exigen procuración de justicia en el país.