A principios de junio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) dio a conocer la detención de tres cazadores furtivos en el Área Natural Protegida, Isla del Carmen, en Loreto. Se trata de José Ángel Vega Félix, Martín Amador Talamantes -policía municipal- y Rogelio Romero Véliz, del área de Servicios Públicos Municipales de aquella localidad. El arresto fue presuntamente por estar involucrados en la caza de dos ejemplares de borrego cimarrón, especie protegida por la NOM-059-SEMARNAT-2010. Al respecto, el alcalde de Loreto confirmó que los acusados fueron liberados. “Fueron detenidos por una semana aproximadamente algunos policías que estaban activos y otros funcionarios del servicio público, sin embargo, creo que salieron absueltos sin ninguna prueba en su contra; creo que uno de ellos nada más fue porque traía algunas armas, pero estaban registradas en un club, y ese es el procedimiento que se sigue”, sostuvo Jorge Alberto Avilés Pérez. Lo anterior a pesar de que en un comunicado, PROFEPA informó que los cazadores “fueron sorprendidos en flagrancia cuando realizaban esta actividad de manera ilegal en el municipio de Loreto, Baja California Sur”. Aun cuando las fotografías de los implicados eran contundentes en su participación en la caza irregular, el proceso judicial, llevado por la Procuraduría General de la República (PGR) los absolvió por falta de pruebas. “Ellos manifiestan que andaban en una embarcación, que estaban de pesca, sin embargo, hay posiblemente una confusión porque traían armas en la lancha, nunca los agarraron con el animal, sin embargo, es un proceso que desconocemos a fondo, pero que estamos muy al pendiente, para lo que resulte, nosotros respetarlo”, abundó el presidente municipal de Loreto. Las armas confiscadas, los dos borregos muertos, las fotografías de los detenidos en pleno acto -donde se les ve a través de la mira telescópica de un rifle-, la embarcación, entre otros indicios, no fueron suficientes para establecer una sanción. “En los recorridos de vigilancia se percataron de una embarcación que se encontraba en la isla, para lo cual procedieron a realizar los recorridos correspondientes, encontrándose a tres personas llevando a cabo la caza furtiva”, precisó Valerio Castro Santa Ana, delegado de PROFEPA. Por su parte, el alcalde Avilés externó: “Los borregos los encontraron, según el dictamen, a dos kilómetros y medio de donde estaban, obviamente no tuvieron ninguna evidencia, y eso también da oportunidad a la Ley, para permitirles una defensoría que desconozco. Si ellos salieran, prácticamente no participarán con la administración municipal”. De acuerdo a información del representante de PROFEPA en Baja California Sur, el proceso administrativo en la dependencia continúa, y podría alcanzar una sanción millonaria, ya que los especímenes muertos están protegidos, además de que es posible que la empresa Salinas del Pacífico interponga una denuncia por el ingreso ilegal a la zona.
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