No son muchos, pero en el mundo de las finanzas, son poderosos. Hombres mayormente, con asientos en consejos de empresas nacionales, bancos, instituciones financieras. Hábiles administradores y mejores inversionistas, por el momento tienen una preocupación. Están observando hechos que parecen parte de un patrón y no casos aislados, que les indican un incremento en la violencia en el estado. Particularmente en Tijuana y en Rosarito. A pesar que alguno de ellos tiene una excelente relación con el Gobernador Francisco Vega, y que otros participaron en su comité de financiamiento cuando fue candidato, y que muchos le invirtieron miles de dólares, dicen que ni el Mandatario los ha buscado, ni ellos le han solicitado audiencia. Preguntan a quienes saben, a los expertos de este y del otro lado de la frontera, sobre el origen y las causas de tanto ejecutado en la periferia de las ciudades, y de cómo en las últimas semanas, los crímenes han sucedido en una plaza comercial y en un restaurante. Eso les preocupa más, que los negocios que ellos promueven y en los cuales invierten, sufran pérdidas ante la ausencia de clientes. Ya lo vivieron en 2008, cuando la violencia arreció. Los comensales abandonaron los restaurantes porque era inseguro salir. Lo mismo ocurrió con cafés y centros de entretenimiento; acaso los servicios mantuvieron la clientela. Por eso a los hombres de negocios les preocupa la inseguridad que ven en crecimiento. Ciertamente, algo está pasando en Baja California que ha desatado los niveles de impunidad que dan contexto a la violencia, el tráfico de drogas y los asesinatos a cualquier hora y en cualquier lugar. En las últimas semanas, los muertos caen por tres, cuatro, dos calcinados, y en lugares y plazas públicas. Se nota cuando los criminales, aquellos que encabezan las células de cárteles en ciudades bajacalifornianas, se enfrentan unos con otros por territorios, plazas, droga o vendettas. También cuando los policías están de nueva cuenta en el camino de la corrupción. Ahí está el caso de los dos oficiales, uno ministerial, el otro estatal preventivo, que desaparecieron hace tres semanas, y que sus instituciones en la investigación de los hechos, se enteraron que fueron tomados por el crimen organizado luego de que los policías habían robado un cargamento de droga. Hace unos días, de manera anónima me llegó un mensaje. Me alertaban a tomar precauciones, pues “la guerra en Tijuana está por desatarse”; se refirió a un enfrentamiento entre células del narcotráfico, del Cártel de Sinaloa, que desde hace semanas se ha estado anunciando, con un ejecutado por aquí, otro por allá. Esta situación la observan los empresarios, aunque no sean alertados. Por eso les preocupa la decisión que el gobernador vaya a tomar en los siguientes días. Realmente quien ostenta el poder político y administrativo en el estado, es quien puede hacer la diferencia. La sociedad, las corporaciones de Federación, Estado y Municipio, los empresarios y los sectores sociales, responderán en medida de la estrategia gubernamental. Si Francisco Vega de Lamadrid decide no hacer algo al respecto y dejar las cosas como están, la sociedad se limitará, los empresarios disminuirán su ritmo y las corporaciones mantendrán su ruta de conspiración criminal. Debe saber el gobernador Vega de la preocupación de los empresarios. Y quizá debería escucharlos. Debe saber también, que a ocho meses que confió la Procuraduría a la licenciada Perla Ibarra, esa institución está evadiendo su obligación de investigar y procurar justicia. Seguro está enterado el mandatario estatal que la delegación de la PGR está paralizada cuando de investigación sobre delitos contra la salud se trata; como también es probable que sepa que las policías municipales andan descarriadas en los cinco municipios de Baja California. Ciertamente como lo dijo esta semana, en la entidad no existe una legislación para Mando Único. Eso solo ha sido acatado formalmente en Morelos y en Michoacán. Pero todo partió del modelo bajacaliforniano. En los peores años de la cruenta inseguridad en el estado, el ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán, con apoyo del entonces Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, establecieron el precursor del Mando Único: la coordinación a partir del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Por escrito, Francisco Blake en su calidad de secretario de Gobierno, solicitó al Comandante de la II Región Militar, Sergio Aponte Polito, que fuese él quien encabezara lo que más tarde se conocería como Mando Único. Osuna Millán siempre dejó claro, ante Ejército, Marina y demás corporaciones, que el gobernador era él, que el Mando Único era él, pero que había un coordinador de los esfuerzos en el combate contra el narcotráfico y la inseguridad. En la misma dinámica, ese papel sería después desempeñado por el General Alfonso Duarte Mújica. Y algo funcionó, pues el modelo fue tomado por el Presidente Calderón para iniciar la estructuración del Mando Único, que hoy día prevalece en algunos estados y está encaminado en otros. Francisco Vega de Lamadrid no requiere de una legislación para el Mando Único, cuando puede convocar a una coordinación única en el Consejo Estatal de Seguridad Pública, al que por cierto, no ha convocado. La preocupación de un repunte en la violencia es visible, la preocupación de empresarios, ciudadanos organizados y sociedad civil, también. Solo falta la reacción de parte del gobernador de Baja California. Es su turno. Antes que esto se ponga peor.
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