La “parcialidad” de Salcido

Los abogados de la Sindicatura determinaron que Marcia Salcido, ex directora de Obras e Infraestructura Municipal, en Tijuana realizó adjudicaciones fuera de la Ley, sin considerar las mejores propuestas para la asignación de recursos públicos, y la está requiriendo para responder a los cargos. La Procuraduría General de la República la busca para un tema similar: la anulación de una de las convocatorias, cuyo fallo dictaminó Salcido, en el cual la Secretaría de la Función Pública detectó diversas irregularidades y violaciones a la normatividad. A estos dos procesos, se añade un tercero, presentado por Constructora Transpeninsular, S.A. de C.V., de Raymundo Arnaiz Gamboa, quien la acusa de omisión en la adjudicación de un contrato de obra en el que se invierten 20 millones de pesos. La indagatoria en este último caso apenas empieza. La inhabilitación El viernes 23 de mayo de 2014, la ex directora Marcia Eugenia Salcido Moreno, y Marco Antonio Vuelvas, ex titular de Normatividad de Obras e Infraestructura Municipal, fueron inhabilitados por tres años de sus funciones por falta de transparencia, honradez e imparcialidad en un proceso licitatorio. El acta que los imposibilita desempeñar empleo, cargo o comisión dentro de administración pública alguna, fue expedida por la Sindicatura Procuradora que dirige Arturo Ledesma Romo, y derivó del procedimiento de investigación que desde principios de 2014 se sigue por fallas técnicas y omisiones detectadas en el proceso de licitación para la mega obra de reconstrucción de la calle Segunda, en la Zona Centro de Tijuana La reconstrucción vial, con una inversión superior a los 50 millones de pesos, se adjudicó a la compañía Sextin, S.A. de C.V., y, conforme a las probanzas existentes en el expediente, la fiscalía municipal determinó falta de aplicación de criterios equitativos para evaluar las propuestas de todas las empresas participantes. Luego de ser inhabilitada, Marcia Salcido y Marco Antonio Vuelvas informaron que buscarán recurrir al amparo, defensa que deberán realizar en forma particular, pues el gobierno de Jorge Astiazarán ha optado por mantenerse al margen de la resolución de Sindicatura, ofreciendo a los señalados solo su “apoyo moral”; sin embargo, el presidente municipal designó a sus relevos de manera inmediata. Sanción federal El 30 de abril de 2014, la Secretaría de la Función Pública, a través de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, determinó anular la licitación pública para la reconstrucción con concreto hidráulico de la Avenida Vientos Alisios, obra adjudicada a la empresa TC Constructora, S.A. de C.V. La edificación fue concursada el 4 de julio de 2013, en la administración de Carlos Bustamante, bajo la licitación LO-802004998-N3-2013. Su fallo lo emitió Marcia Eugenia Salcido Moreno, quien en el XX Ayuntamiento de Tijuana también se desempeñó como directora de Obras e Infraestructura Urbana Municipal (DOIUM). La obra sería construida con una inversión de 4 millones 648 mil 090 pesos,  recursos federales provenientes del Ramo 23, de acuerdo al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2013. En el concurso participaron 17 empresas constructoras, adjudicando DOIUM la obra a TC Constructora, S.A. de C.V., causando la inconformidad de una de las empresas descalificadas: Asesoría y Construcciones Civiles, S. de R.L. de C.V. La dependencia a cargo de Marcia Salcido se limitó a rechazar las 16 propuestas restantes, argumentando  incumplimiento en los requisitos de convocatoria, sin exponer fundamento alguno, como lo indica la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. Además, realizó correcciones a los importes presentados por la empresa ganadora, lo que dejó en estado de indefensión a las demás. Tampoco expuso las razones por las que adjudicó la obra a tal empresa, ni dio cuenta de los elementos que acreditaran su solvencia y, por ende, el hecho de que resultara la mejor propuesta. En su veredicto, la funcionaria también omitió indicar facultades y ordenamientos jurídicos que le dan atribuciones para dictar el fallo, afectando con ello la validez del documento, de acuerdo a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Otro de los puntos en el proceso de licitación promovido y fallado por DOIUM, fue el hecho que el contrato se adjudicó a TC Constructora, S.A. de C.V., empresa que no participó en el concurso, y que tal vez se confundió con Constructora TC, S.A. de C.V., inversión de palabras que sí afecta la legalidad de un contrato. Al ser revisado el proceso de licitación y las propuestas expuestas por los participantes, la Secretaría de la Función Pública encontró que “…la empresa ganadora no calculó e integró el costo por financiamiento, punto por el que debió ser descalificada”. Estas fueron las razones por las que la Secretaría de la Función Pública dejó insubsistente el fallo emitido el 4 de julio de 2013 y reponer el proceso, evaluando nuevamente las proposiciones de las empresas Asesoría y Construcciones Civiles, S. de R.L. de C.V. y TC Constructora, S.A. de C.V.