En un caso sin precedentes, 16 médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Delegación Jalisco, son enjuiciados penalmente por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio culposo derivado de una negligencia médica en agravio de un menor de 15 años al que perforaron ambos pulmones y no le diagnosticaron a tiempo una tuberculosis abdominal. Los profesionales de la medicina comparecieron con la suspensión provisional de un amparo y se pusieron a disposición de la Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales con residencia en Guadalajara, quien después de tomarles su declaración preparatoria les dictó auto de formal prisión por el delito referido. El Ministerio Público de la Federación aún se encuentra a la espera de que sean libradas cuatro órdenes de aprehensión más en contra de directores y jefes de la Unidad Médica de Atención Especializada de Pediatría del Centro Médico de Occidente, los cuales también son señalados con presunta responsabilidad en las irregularidades y mala práctica que condujo a la muerte del menor Roberto Edivaldo Gallardo Rodríguez, de 15 años de edad. El adolescente ingresó al nosocomio el 15 de noviembre de 2009 con un diagnóstico de crisis asmática complicada con estado de post paro cardiorespiratorio, con sospechas de que podría tener influenza A (H1N1), la cual fue descartada. Durante 55 días de hospitalización, a la víctima se le realizaron siete intervenciones quirúrgicas y en ese lapso le fueron perforados los dos pulmones en intentos fallidos de colocar un catéter. El 9 de enero de 2010 falleció el paciente Gallardo Rodríguez por una posible isquemia intestinal, según el diagnóstico del Seguro Social; sin embargo a insistencia del padre de Edivaldo, se le practicó la necropsia en el Servicio Médico Forense y que arrojó como causa de muerte: “Daño orgánico multisistémico histopatológicamente compatible con Tuberculosis Abdominal”, de lo cual el paciente nunca fue tratado de manera correcta. Tras una batalla jurídica contra el IMSS, Sergio Valente Gallardo, padre del fallecido pudo lograr que la justicia federal le diera la razón. Las órdenes de aprehensión fueron negadas en diversas ocasiones en primera y segunda instancia, hasta que finalmente el Quinto Tribunal Unitario del Tercer Circuito le concedió un amparo para que el juez de la causa y otro tribunal unitario dejaran sin efecto sus resoluciones y dictaran una nueva valorando la totalidad de pruebas y peritajes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados. Así fue que se libraron las órdenes de aprehensión en contra del personal médico conformado por Gildardo Guzmán Navarro, Alejandra López León, Ana Lilia Plascencia Rocha, Oswaldo Plascencia Tavares, Sergio Castellón Pérez, Maritza García García, Víctor Gerardo Sánchez Torres, Dalia Belem Cortés Jáuregui, Sergio Benjamín Sánchez Gómez, Gloninella Aguilar Martínez, Jorge Gerardo Orozco Brancaccio, Juan Gerardo Aguilar Moya, Virginia Torres Huerta, Rafael Díaz Peña, María Guadalupe López Martínez y Martha Marcela Espinoza Oliva. Los mandamientos judiciales pendientes de resolver son los solicitados por el fiscal federal en contra de los doctores José de Jesús Arriaga Dávila y Miguel Raymundo León Guzmán, director general y director médico de la UMAE de Pediatría, Irma Carmela Rodríguez Rodríguez, jefa de terapia intensiva y Rosa Elena De la Torre Gómez, quien expidió el certificado de defunción en el IMSS y que no corresponde a la causa de muerte concluida en la necropsia del SEMEFO. Actualmente los procesados enfrentan el proceso penal en libertad pues durante la promoción del amparo exhibieron una garantía económica para presentarse ante el Juzgado que lleva la causa y gozan de libertad bajo caución.