Guerrero sangriento

Autoridades del Estado de Guerrero iniciaron el año alarmados por la violencia de su vecino Michoacán y blindaron sus fronteras, sin advertir que el enemigo estaba en casa. Hoy es la entidad con más violencia en el país, luego de que el Gobierno Federal buscara atenuar el problema de Tamaulipas. Tan solo en la última semana, cuatro hechos impactaron a los pobladores de Guerrero. El asesinato y mutilación de tres personas a las que colgaron de un puente en Chilpancingo; el levantón y homicidio del vocero de Salud de Acapulco; la balacera entre grupos de narcotraficantes que dejó un saldo de cuatro muertos en la comunidad de Carrizalillo; y la ejecución del chofer de la alcaldesa del municipio Juan R. Escudero. Las jornadas violentas están presentes desde hace varias décadas en el estado, pero la situación se agrava cada vez más por la inconformidad y descomposición social generada en distintos ámbitos. La reconocida presencia de grupos guerrilleros, la aparición de los grupos de autodefensa, las protestas del sector magisterial y el bloqueo constante de la Autopista del Sol; las disputas entre grupos del narcotráfico, la sustitución de la Policía Municipal por federales, y los miles de damnificados por diversos fenómenos meteorológicos, han agudizado la crisis política y social de Guerrero. Por su parte, autoridades estatales y federales determinaron la implementación de un esquema policiaco denominado Mando Único en seis municipios, con la finalidad de reforzar la vigilancia para que los delitos disminuyan y se refleje una baja en los índices de criminalidad y violencia. Una semana terrorífica El panorama de los últimos ocho días es el colofón de lo que ha sido la inseguridad en tiempos recientes en Guerrero. A unos días de la visita del Presidente Enrique Peña Nieto para entregar las primeras casas a algunos damnificados del huracán “Manuel”, la delincuencia se manifestó con más fuerza. La madrugada del 28 de mayo, los cadáveres mutilados de tres hombres aparecieron colgados en lo alto de un paso elevado en la entrada principal de la comunidad Petaquillas, municipio de Chilpancingo. Las cabezas estaban en el piso y el resto de los cuerpos pendía de cuerdas en un macabro espectáculo. Otras seis personas fueron asesinadas durante las 24 horas anteriores y posteriores a esa fecha, y 15 taxistas fueron privados de su libertad en diferentes hechos. Presuntamente servían de “halcones” al grupo criminal de “Los Rojos”, que está en disputa con los miembros del Cártel Beltrán Leyva, de donde originalmente surgieron. El viernes 30 de mayo se conoció en Acapulco del levantón de  Jorge Torres Palacios, vocero de Salud municipal, al que un comando de 12 sujetos armados se llevó de su domicilio particular en la colonia El Coloso, a bordo de su vehículo Fiesta Ikon. No se supo nada más sobre su paradero, hasta que el lunes último fue localizado dentro de una bolsa de plástico en la zona rural de Plan de los Amates. Presentaba huellas y signos de tortura. Jorge era un periodista conocido y apreciado en el puerto, por lo que, primero su desaparición y después su muerte, generaron furor en el medio periodístico que exigía al gobernador Ángel Aguirre localizar sano y salvo al comunicador. Enseguida vino el clamor de justicia, a través de un movimiento creciente en redes sociales. A la fecha no hay resultados en las investigaciones. El sábado último de mayo fue encontrado sin vida, en una fosa clandestina en las inmediaciones de la comunidad Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, el policía preventivo Mario Rico Ramírez, quien fuera chofer de la alcaldesa del lugar, Elizabeth Gutiérrez Paz. Del caso no se supo más, ni cuándo desapareció, ni el móvil por el que fue victimado; menos se conoce a sus asesinos. El 1 de mayo se registró una balacera entre grupos de presuntos narcotraficantes en la comunidad de Carrizalillo, donde se ubica uno de los proyectos mineros más importantes del país en el municipio de Zumpango del Río, enfrentamiento que tuvo un saldo de cuatro personas muertas. Hasta hoy se guarda hermetismo en el asunto. Fosas, secuestros y autodefensas Al igual que ocurrió en los estados de Michoacán y Tamaulipas, en Guerrero creció la dinámica delictiva y el crimen organizado bajo el síndrome de la negación del problema por parte de las autoridades locales, que a finales de enero del año en curso, descartaban pedir apoyo al Gobierno Federal porque la situación era “controlable”. El año iniciaba con crisis en el sistema penitenciario, cuando el 3 de enero, un comando armado irrumpió en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Tuxpan, en Iguala, ostentándose como personal de la Policía Investigadora Ministerial y abrió fuego en contra de los reos. Hubo saldo de nueve muertos entre custodios e internos. Al día siguiente, la carroza fúnebre que trasladaba el cadáver de uno de los presos fue interceptada por varios sujetos y le prendieron fuego, en un hecho inaudito. A este problema le siguió el de los grupos de autodefensa que han crecido exponencialmente ante el aumento de los secuestros y extorsiones, sin que las autoridades puedan resolver la situación. Se estima que a la fecha hay unos cinco mil policías comunitarios en al menos 15 municipios de las zonas Centro y Costa Chica. Los grupos de autodefensas más visibles son los de Su Seguridad y Justicia Ciudadana (SSyJC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que operan en la zona de Tierra Colorada. Otras comunidades se sumaron al surgimiento de policías ciudadanos y conformaron sus grupos con el respaldo de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), confrontándose con policías y con el Ejército. Las noticias del hallazgo de cuerpos inhumados clandestinamente en fosas a lo largo del agreste territorio guerrerense son cosa de casi todos los días, sobre todo a partir de febrero, siendo una de las más grandes la localizada en las inmediaciones de las comunidades Puente Campuzano y Mezcaltepec, en el municipio de Taxco, donde había 32 osamentas, tres de las cuales eran de mujeres que portaban uniformes de la Policía de Iguala. Al avanzar y asumir la seguridad en diversas comunidades, los grupos de autodefensas fueron los que descubrieron muchos de los cementerios clandestinos y lo informaron a las corporaciones policiales. Así sucedió en la zona rural de Acapulco, en Chilpancingo y en Iguala, donde se hallaron decenas de fosas con cadáveres, y hasta hornos y cal para desaparecer los cuerpos. Los ex alcaldes de municipios guerrerenses han sido noticia constante. Unos como víctimas de asesinato, otros secuestrados y algunos más vinculados como miembros del crimen organizado. Estrategias sin resultados Tras la inicial negativa de recibir ayuda, el gobernador Ángel Aguirre Rivero fue visitado a finales de enero por el entonces comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, con quien negoció un “plan emergente” para combatir a los grupos criminales, a través de la presencia de un mayor número de policías federales, sobre todo en Chilpancingo. Así se hizo y el “ Mario Casarrubias Salgado” fue reforzado en coordinación de las autoridades estatales, Policía Federal, Ejército Mexicano y Marina Armada de México. Se anunció la presencia de un conglomerado de dos mil elementos en la Costa Grande, Tierra Caliente y la frontera, ocurriendo constantes enfrentamientos con delincuentes y varias bajas de parte de estos últimos. Los rumores de una masacre el día 21 de febrero, que supuestamente ocurrió en el poblado de Linda Vista, en el municipio de San Miguel Totolapan, y después fue desmentida por el gobierno de Aguirre, motivó un anuncio nada agradable para el mandatario: la Federación asumiría el control de la seguridad del municipio de Chilpancingo a partir del primero de marzo, en sustitución de la Policía Municipal que sería sometida a un proceso de evaluación y depuración. La realidad es que la corporación federal solo aportó 300 elementos que se sumaron a 500 estatales para “recuperar Chilpancingo”. Después, en la Ciudad de México, Aguirre se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y se acordó reforzar la seguridad también en Acapulco y otros municipios de Guerrero. Sorpresivamente, a finales de abril, el Ejército desarmó a un grupo de policías municipales de Acapulco que estaban en paro laboral, en demanda de mejoras sustanciales a su situación contractual. El operativo militar fue sorpresivo en la madrugada, desarmaron a los inconformes y aseguraron el banco de armas de la corporación para evitar sorpresas. El 7 de mayo, el gobernador Ángel Aguirre Rivero formalizó la implementación de un Mando Único policial en seis municipios de la entidad, a fin de unificar estrategias y espíritu de grupo en contra de la delincuencia. Los municipios que suscribieron el convenio son Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Teloloapan, Tixtla y Zihuatanejo, que representan 70 por ciento de la fuerza policial de Guerrero. Cuatro días después terminó el paro laboral de los uniformados de Acapulco. La narco-guerra De acuerdo con autoridades de los distintos niveles de gobierno, en Guerrero existe una lucha entre diferentes organizaciones criminales para apoderarse de territorios y rutas, entre las que destacan la banda de “Los Rojos”, escisión del cártel de Los Beltrán Leyva, que tienen muchos años de dominio en la región, sobre todo en la capital del estado y en Acapulco. A dichos grupos y sus disputas atribuyen el incremento de la violencia en los últimos tiempos. Sin embargo, las acciones han sido más encaminadas a desmantelar a la pandilla de “Los Rojos” que al resto de sus adversarios. El 12 de abril, la Policía Federal capturó a Antonio Reyna Castillo “La Borrega”, de 42 años, presunto jefe de plaza en el municipio de Tixtla de Guerrero, al servicio de la referida organización criminal. Se dijo que el sujeto era considerado el responsable de la producción y tráfico de droga, así como de la ola de secuestros y extorsiones ocurridas desde algunos meses a la fecha. El día 29 del mismo mes, el comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, dio a conocer de la detención de Mario Casarrubias Salgado o José Carlos Mendoza Salgado, presunto jefe de una célula del crimen organizado que opera en Guerrero y el Estado de México. Fue señalado como uno de los principales traficantes de droga desde México hacia Chicago, Estados Unidos, a través de camiones de fruta y autobuses de pasajeros. De igual manera, fuerzas federales detuvieron el 16 de mayo a Leonor Nava Romero “El Tigre” o “La Garra”, supuesto líder de “Los Rojos”, al que se le imputan delitos de extorsión, cobro de piso, secuestros y venta de droga. Esos han sido los “golpes” más grandes del esfuerzo gubernamental contra los grupos criminales que mantienen en vilo a los habitantes de Guerrero, donde como se ha visto en los últimos días, la inseguridad, la violencia y el riesgo para la población en general continúan. Por su parte, líderes empresariales, principalmente del ramo hotelero y de la industria turística en general, se muestran preocupados por la situación, la cual califican de ingobernabilidad, pues no solo son los delincuentes organizados mantienen el caos, sino los grupos de autodefensa, los policías, los maestros y los estudiantes normalistas, que con el pretexto de sus protestas, constantemente realizan cierres a la Autopista del Sol, ocasionando grave daño al turismo y a los guerrerenses.