Federales en la desaparición de PEP y de ministerial

En el Consejo Estatal de Seguridad de Baja California, en los expedientes abiertos por la desaparición del agente ministerial de 31 años,  Juan Ramón Flores Paredes,  y el policía estatal Carlos Armando García Ortega, de 35, el robo de una droga que se estaban disputando con otros agentes federales corruptos, es la principal línea de investigación. Familiares y personas cercanas a los jóvenes han declarado que los escucharon hablar de un baje de droga, sin embargo, las versiones tienen variantes. Unos hablan de mil 200 kilos, otros de 350 kilos de marihuana que aparentemente “se encontraron”;  uno de los declarantes aseguró que fue en una lancha. Asumen que sin dueño a la vista, los policías decidieron quedarse con la droga y venderla, sin embargo, cuando la trasladaban para esconderla, policías federales los detuvieron, y éstos les quitaron el cargamento de marihuana, además de pedirles entre 40 mil y 50 mil dólares para regresárselas. En ese contexto  desparecieron el 10 de mayo de 2014. De nuevo, versiones extraoficiales al interior del Grupo Coordinación refieren la existencia de una “oficina” en las inmediaciones de la delegación de la Procuraduría General de la República en Ensenada, adonde los federales llevan a los delincuentes que extorsionan, por si están a punto de ser sorprendidos, poder llevarlos inmediatamente a la institución cuando reciban el pitazo.   La hipótesis es que a ese lugar fueron llevados los jóvenes agentes, y de ahí, “alguien más” -un federal-  llevó el vehículo Mustang negro, placas BHD1946, a La Bufadora,  en el Ejido Esteban Cantú. Lo estacionó sobre unos matorrales, dejando dentro las pistolas de cargo, los celulares registrados y el radio Matra. El desaseo en todas las acciones de las autoridades involucradas en el seguimiento, hace presumir al interior del Consejo Estatal de Seguridad que existen más implicados. Primero la Policía Municipal, con inusual eficiencia, ubicó el carro el lunes 12 de mayo, lo levantó y localizó a la dueña. El auto había sido vendido al ministerial por una vecina y no habían hecho cambio de domicilio, la joven avisó a la familia y acudió para que le entregaran el vehículo, porque así se lo solicitaron.     Con el antecedente de la denuncia por la desaparición, la Procuraduría de Zona apenas revisó el vehículo y lo entregó a la muchacha, a sabiendas de que ya no era la propietaria, que era una escena sospechosa de un crimen y que debía pasar por más exámenes periciales. Las primeras declaraciones de familiares y sospechosos también fueron superficiales, tampoco buscan abundar en la razón de la desaparición, entonces la procuradora Perla Ibarra decidió quitarles el expediente y pasarlo a la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, después de que la madre del desaparecido les gritara en las oficinas que estaban haciendo un cochinero y todos estaban involucrados. De forma no oficial, las autoridades recibieron reportes de que los agentes desparecidos habían sido trasladados a un poblado de la zona sur de Ensenada, mientras que oficialmente, el apoyo de la federación mostró que desde el 10 de mayo, los aparatos de radiocomunicación de los jóvenes no han tenido movimiento alguno.