“El Tigre” pelea plaza; traficante protegido

En medio del pleito por territorios para la venta y trasiego de droga en Baja California, y el surgimiento público de nombres de delincuentes hasta ahora poco o nada conocidos en el organigrama del crimen organizado local, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) que encabeza la licenciada Perla Ibarra, ha preferido voltear hacia otro lado y, de ser posible, disfrazar las pugnas del narcotráfico como delitos del orden común. El jueves 5 de junio de 2014 se dio el intento de homicidio contra Francisco Javier Torres Saavedra y/o  Carlos Jared Rodríguez Hernández, traficante de drogas en San Diego, víctima custodiada en Tijuana. Al ser detenidos, sus fallidos homicidas advirtieron: “Al que le íbamos a pegar es de los más buscados del FBI”, fue así como la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana consultó a sus homólogos en Estados Unidos, e informaron que el hombre herido, identificado como Francisco Javier Torres Saavedra, era el traficante Carlos Rodríguez. De manera extraoficial, manifestaron a los mexicanos: “Búsquenle,  porque tienen 16 alias y por lo menos seis de ellos son buenos (tienen respaldo documental en las bases de datos oficiales)”. Consideraron que dado que la droga la llevaba de México a Estados Unidos, podría tener cargos en Baja California con alguno de sus alias. Pero no resultó así. Carlos Hernández, Carlos Jhared, Luis Alberto Serena, Luis Alberto Serena-Rodríguez, Carlos Javier Rodríguez, Carlos Jahred Rodríguez, Carlos Jhared Rodríguez Hernández, Steven Anthony Martinez, son los nombres que publicó el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) en su imagen de “Los más Buscados” que data de 2002. Carlos Jhared Rodríguez Hernández también fue el nombre con el que lo reclamó un hombre que se presentó en el hospital como su hermano y una mujer que dijo ser su madre, alegando que su hijo era ciudadano americano y le estaban violando sus derechos; de hecho el gobierno del Estados Unidos le fincó cargos en 1999, por hacerse pasar por nativo de aquel país. El hermano y la madre se enfrentaron a policías municipales que les negaron la entrada a la habitación de quien tenían registrado como Francisco Torres. Ante la acción de los uniformados, la familia solicitó un amparo contra los Municipales, quienes según ellos, tenían al herido “incomunicado”. Fue a través de este documento tramitado por sus parientes que se conoció la identidad “real” del baleado. Desde el año 2002, Carlos Rodríguez,  el hombre que recibió tres tiros de arma calibre 45 el jueves 5 de junio en el restaurante Verde y Crema de Tijuana, tiene en su contra una orden de aprehensión por asociación delictuosa por tráfico y distribución de 100 kilogramos de marihuana, y 500 gramos o más de cocaína en San Diego. La Policía Municipal tijuanense custodia el hospital donde el joven se recupera de los balazos. Pero los uniformados no están vigilando que no se escape, fueron comisionados para evitar que otros criminales lleguen a matarlo; la PGJE y demás integrantes del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California conocen la identidad del hombre señalado como traficante de drogas por autoridades de Estados Unidos, pero decidieron no hacer nada al respecto. Pese a los antecedentes criminales, y el hecho de que posee varias identidades falsas, por razones injustificables, la procuradora Perla Ibarra decidió ser omisa y no asignar el caso a la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada. El subprocurador José María González Martínez tampoco solicitó el expediente,  y la Subprocuraduría de Zona encabezada por el licenciado Gilberto Cota Alanís, está llevando el caso -hasta ahora- como homicidio calificado en grado de tentativa, con un móvil pasional. Palabras de los detenidos Capturados por la Policía Municipal minutos después de balear a Rodríguez, los jóvenes Carlos Alberto Vázquez Saldaña (22 años) y Arturo García Rodríguez  (21 años), confesaron que “Mauricio” “El Changuillo”, “El Senek” era quien quería muerto a Rodríguez, él les dijo que lo buscaba el FBI. De su jefe, dijeron era “El Tigre”, que vive en Mexicali, y según el organigrama de Consejo Estatal de Seguridad, se trata de José Soto. También mencionaron: “… a esta persona la andan queriendo matar desde finales del año pasado”, según ellos porque le debe dinero a “El Blue” y/o  “El Isaac”, hombre al que el Grupo Coordinación tiene identificado como Isaac Alijo Chávez. Recibiría el pago de este individuo o de su hermano Pedro. Vázquez agregó que “Mauricio” le entregó el arma un día antes, prometiéndole que alrededor de la escena del crimen habría gente para apoyarlo y un taxi para que huyera. También, que le había entregado una foto de su víctima y él iba a pagar 5 mil dólares, pero solo le adelantó 600 pesos.  El mismo jueves 5 de junio le habló,  le dio las señas del auto de la víctima y lo mandó al restaurante, pero cuando llegaron, Rodríguez ya estaba ahí, así que entraron; él fingió que iba al baño cuando un mesero les preguntó que se les ofrecía, dado que su víctima estaba al fondo del restaurante. Así le disparó. Durante este proceso vio pasar a “El Changuillo” en un automóvil Toyota Tercel blanco. Dijo que no quería disparar, pero le tenía miedo a su jefe porque lo amenazó y ya antes había participado en  otros delitos con él: un asesinato en la calle 8 de Tijuana, mataron a uno de los asesinos de “El R4”, una balacera contra gente de “El 300” en la colonia El Rubí -donde mataron a “El Vísceras”-; el incendio de una casa en el Periférico y otro muerto en el Infonavit Latinos, donde vigiló que no llegarán policías.    Arturo García mencionó que les advirtieron que la víctima era pistolero y que lo buscaban las autoridades, pero que ahora tenía talleres en los que arreglaba carros para pasar droga a Estados Unidos, uno en la Zona Río Tijuana -cerca del Ministerio Público- y otro en  Bulevar Fundadores, “ninguno tiene letrero”.   Según el detenido, no tenían orden de matar a Rodríguez, hasta donde él sabía, lo iban a levantar para llevarlo con “El Changuillo”.   Declaración ante el juez Ante el Ministerio Público del Fuero Común, los detenidos se negaron a declarar; lo hicieron oficialmente ante el Juez Séptimo Penal. Ahí, Carlos Alberto Vázquez dijo otra cosa: que el miércoles 4 de junio, en el bar Las Pulgas platicó con “Mauricio”, quien le comentó que traía la autoestima baja porque su novia andaba con otro, y que al día siguiente le habló para pedirle que le metiera un susto a su contrincante de amores. Al siguiente día, minutos antes de perpetrar el atentado, lo citó en la gasolinera que está frente al restaurante La Especial en el Bulevar Agua Caliente de Tijuana, le dio una cangurera con la pistola 45 dentro, y 3 mil pesos; les dijo que estaba en el restaurante y le pegaran un susto, pero que él se puso nervioso y se le salieron los tres tiros. Arturo García aseguró que no sabía que Carlos iba a disparar y negó haber acompañado a su amigo a recibir el arma. Narró que cuando iban entrando al restaurante su amigo se fue al baño, entonces escuchó la balacera y fue el primero en salir corriendo, y paró al taxista. Como el chofer no sabía de qué se trataba ni vio el arma en la cangurera, iba despacio y por eso los detuvieron.  Afirmó no haber dicho nada a los Municipales y que lo torturaron con una bolsa. La joven que acompañaba a Rodríguez se llama Nadia, dijo que lo conocía hacía seis meses y apenas estaban saliendo, ella lo identificó como Francisco Torres “El Franky”. Se desconoce quién pidió que lo llevaran al Hospital Ángeles, donde es atendido. Cuando la Policía llegó a la escena del crimen, Rodríguez alcanzó a mencionar que lo había baleado un joven de camisa roja. Fue operado, los impactos de bala le dañaron la tráquea, el esófago, y perforaron el pulmón derecho y la clavícula izquierda, pero ya está en recuperación y hablando. La PGJE no ha solicitado los videos de la gasolinera donde presuntamente se reunieron para planear el ataque, tampoco ha tomado huellas de la víctima ni corroborado su identidad, y menos ha tomado su declaración.    El martes 10 de junio, les notificaron a Vázquez y García la formal prisión, pero los homicidas materiales no firmaron, la Procuraduría Estatal dejó la indagatoria abierta por triplicado para continuar la investigación. Cuestionado por qué dados los antecedentes de la víctima no se indagan otros móviles del crimen, el subprocurador Cota Alanís, explicó que ya está dado en la confesión de los implicados, pero recordó que el expediente sigue abierto.  También se le preguntó por qué no están revisando con las autoridades de Estados Unidos los cargos por tráfico, y refirió que ese trámite supera su jurisdicción, que aquí Rodríguez es víctima, no tiene cargos y si algo sale en el país vecino, éste debe hacer diligencias a través de la Procuraduría General de la República, la cual se encargaría de notificar a la PGJE.         Los antecedentes El 14  de junio de 2002, la Corte del Distrito Sur de California decidió  retirar el carácter de sellado al expediente del Caso 3:02-cr-01714L, iniciado en 1999 (incluyendo datos del Grupo Antipandillas de San Diego que provenían desde 1986). Lo abrieron en junio de hace 12 años, cuando pudieron capturar a la mayoría de los integrantes del grupo criminal; para entonces Rodríguez tenía 25 años de edad y era el único delincuente libre. Carlos Rodríguez está señalado como “el mexicano” proveedor de cocaína y marihuana de los viejos miembros de la banda conocida como los “Emerald Hills”, quienes distribuían los narcóticos en los estados de Detroit, Atlanta y Las Vegas. El primer expediente abierto en 2002, tenía 12 acusados, pero la fiscalía decidió incluir una ampliación de la acusación en diciembre de 2003, en la que agrega acusaciones en contra de tres líderes de la banda de  nacidos en Estados Unidos, y de Carlos Rodríguez. De acuerdo al expediente, este latino tiene tres seguros sociales de Estados Unidos con su respectiva acta de nacimiento, de hecho fue juzgado por pedir ayuda social sin ser ciudadano americano en 1999, también enfrentó un cargo por tráfico de metanfetamina en 1997.    En el expediente de 2002, se incluyen declaraciones de testigos protegidos y otras pruebas de que el 16 de abril, Rodríguez admitió haber enviado 90 libras de marihuana a Minnesota, mientras que en febrero proveyó otras 180 libras de la misma droga, en abril recibió el pago por enervante enviado a Detroit  al grupo criminal, y un kilogramo de cocaína; en mayo lo siguieron mientras llevaba, junto con un cómplice, paquetes de marihuana a Las Vegas. Conversaciones telefónicas intervenidas en marzo de aquel año, indican que los traficantes sandieguinos “…trabajan para Carlos Rodríguez, el ciudadano mexicano que distribuye drogas y sus asociados”. La ampliación de la acusación de 2003, incluye pruebas de las negociaciones, y el tráfico de dos kilos de cocaína entre enero y marzo de 2002. Extradición De forma extraoficial, ZETA fue informado que la fiscalía del Sur de California ya realiza los trámites para verificar si es posible y beneficiosa para su gobierno la extradición de este criminal mexicano que actualmente vive en Tijuana. En 2002 tenía dos residencias conocidas en Chula Vista y San Ysidro, California. Consultada, el área de Comunicación de la fiscalía respondió que no están autorizados a dar información de las extradiciones. Las áreas de enlace locales tampoco han sido notificadas ni requeridas para apoyar en la vigilancia o traslado de Rodríguez. Vista gorda Pero éste no es el único caso reciente en el que la fiscalía ha renunciado -por colusión o ineficiencia- a ejercer su facultad y responsabilidad investigadora. Por citar algunos ejemplos, el 2 de junio de 2014, dos balaceras en Rosarito resultaron con cuatro hombres muertos, un herido y dos sobrevivientes ilesos. El trabajo de inteligencia permitió a las autoridades conocer que algunas de las víctimas operaban delictivamente para “El Trufa” y “El Cheke”, empleado criminal de un hombre identificado como Aguirre. La balacera fue parte del pleito que traen varios cabecillas delictivos, sin embargo, el expediente aún no tiene registrado el narcotráfico como móvil. Lo mismo sucede con el homicidio del ejidatario Pablo Arce, ocurrido en febrero 2014, donde  las áreas de inteligencia reportaron que traficantes de droga que tenían acuerdos con elementos del Ejército para pasar droga que traen desde Ensenada usaban sus predios, pero oficialmente, tampoco existe móvil del crimen, ni investigación al respecto. O el caso del presunto comerciante de origen michoacano rescatado por la Policía Municipal después de ser secuestrado -el 10 de febrero de 2014- de su casa en Villas del Mar en Rosarito, según sus captores por mover droga y no pagar piso. Al final se cambiaron declaraciones y la PGJE decidió consignarlo como robo de vehículo. Asimismo, en abril se dio la liberación del identificado narcomenudista Francisco Javier Flores Hernández “El Javi”, tras enfrentarse en Tijuana con dos hombres que trataron de asesinarlo. La balacera fue pública, aunque después resultó que convenientemente para los delincuentes, todos los participantes salieron negativos a la prueba de rodizonato de sodio. Corrupción o miedo, al final el resultado es el mismo: la Procuraduría de la licenciada Ibarra está permitiendo el regreso o permanencia de los criminales a las calles y  la impunidad. FBI Darrell Foxworth, de la oficina del FBI en San Diego, dado como contacto por la fiscalía californiana, confirmó vía electrónica a ZETA que Carlos Rodríguez aún es considerado un fugitivo en Estados Unidos, motivo por el cual aparece su fotografía e información personal en la página de internet de la agencia. “Extraditar a alguien de un país hacia los Estados Unidos no es lo mismo que arrestar a un fugitivo dentro de Estados Unidos, por lo que requiere documentación y aprobaciones adicionales”, explicó un representante del Buró Federal de Investigación.