En agosto de 2013, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de Baja California, a cargo del ombudsman Arnulfo de León Lavenant, cambió de oficinas en Tijuana. Pasó de un edificio en la primera etapa de la Zona del Río, frente al Centro de Gobierno, a otro local ubicado a dos cuadras. Según el procurador, el movimiento se hizo para buscar un espacio más céntrico, y decidió ocultar el móvil económico. Consideró que necesitaba una renta más barata, y vale. El problema es que De León se salió quedando a deber -de acuerdo a sus acreedores- varios miles de pesos, y transcurrido casi un año sin saldar, los renteros decidieron llevar su cobro al Congreso del Estado, donde se definirá el presupuesto de la PDH, para que los diputados los ayuden a encontrar la forma en que sus servicios les sean remunerados. Adicionalmente, el jueves 19 de junio, el propio Congreso, por unanimidad, instruyó al Órgano Superior de Fiscalización, realizar una auditoría a la mencionada Procuraduría en tres vertientes: préstamos personales a empleados, obligaciones fiscales porque no paga ISR ni ISSSTECALI, y las cuentas de finiquitos; porque los despidos injustificados siguen en aumento.
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