“… una lista me entregan a diario de todos aquellos los que se han pasado… un comando de diablo me cargo, mi armamento es un poco extraño y mis métodos de torturar es algo que no puedo explicar…”, es lo que canta Gerardo Ortiz para complacencia de su público. De Baja California, afirma en sus letras: “… hay tregua con el equipo del gobierno de Tijuana, por eso ahorita no hay guerra…”. Se trata del narcocorrido titulado “El Mono Verde”, en el cual hace referencia a un operador de Alfonso Arzate “El Aquiles” en la frontera, y menciona a otros grupos de sicarios o “ajustadores de cuentas” como “Los Papitos”, “Los Turbos” y “El Pacquiao”. Detalla en la tonadilla: “… estamos más que bien con el padrino, él mismo dio luz verde y con el verde hicimos clave y ahora somos los mismos”. En otra canción dedicada al presunto cabecilla de sicarios del Cártel de Sinaloa en Tijuana, René Arzate, la cual entona en compañía de Jorge Santacruz, el joven cantante refiere: “… Cártel de La Rana pese a quien le pese, aquí en Tijuana el cielo sigue verde…La Rana amenaza, cumple con la muerte, rebelde con causa la sangre le hierve…”. Y concluye a manera de amenaza: “Aquí los esperamos, welcome to Tijuana, bienvenida mi suerte, bienvenida la muerte”. Al hermano de “La Rana”, quien es cabecilla de la célula criminal de Alfonso Arzate, Ortiz le dedicó “Aquiles Afirmo” contenida en un disco grabado por Sony Music que salió a la venta en septiembre de 2011. El mismo corrido lo incluyeron en otro disco producido por Del Records, llamado “Enfermedad Masiva Volumen 2”, el mismo año. Uno de los videos oficiales de este tema, fue grabado por Univisión como compañía productora, en uno de los conciertos “íntimos y exclusivos” del concepto In Studio. La canción hace alusión básicamente a que “El Aquiles” es el nuevo dueño criminal de la plaza en Tijuana y que trae línea del Cártel de Sinaloa. “… aquí no hay pretextos ni miedo a la sangre para ejecutar…”, se asegura en el texto musical catalogado como “Corrido Progresivo”. Esas fueron las canciones que “La Maña” le prohibió interpretar a Gerardo Ortiz, a través de una manta colocada en el puente de El Mirador, de la carretera a la delegación Playas en Tijuana. El pedazo, aparentemente de tela blanca cuadrada, tenía escrito un mensaje en letras mayúsculas negras, que no pudo ser leído en totalidad por los tijuanenses que pudieron verlo y fotografiarlo mientras circulaban la mañana del sábado 24 de mayo por la carretera a Playas, y llamaban a la Policía Municipal para denunciar su existencia. “NOSOTROS NO PE… A ESPALDA AQUÍ EN TJ NO TE ENRREDES, AQUÍ… LA VERGA EL AQUILES…. LA RANA TJ TIENE DUEÑO CANTAS UNA DE ELLOS Y DE TJ NO SALES VIVO”. LA MAÑA No menciona el nombre de Ortiz, pero era el único cantante de narcocorridos que se presentaría ese día, precisamente en la Plaza Monumental de Playas de Tijuana. Además, existe el antecedente de que en marzo de 2011, el joven cantante fue atacado a balazos dos veces, una en una discoteca de Mazatlán, y otra, a la salida de un concierto en Colima. En ambas ocasiones hubo muertos, pero él salió ileso, y en los dos casos, Ortiz aseguró que no iban por él. Sin investigar El sábado 24 de mayo, un comando armado quitó la narcomanta una hora antes del medio día, hubo quien aseguró que fueron policías municipales, sin embargo, desde la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, negaron haber retirado el mensaje de amenaza. Bajar mantas con mensajes del narcotráfico, es una actividad que los uniformados municipales realizan, aunque sea irregular, porque eliminan las pruebas del delito, sin notificar al Ministerio Público del Fuero Común para que tome huellas e indicios forenses que permitan dar con los perpetradores del crimen. La excusa desde la Municipal, es que de todos modos, la Procuraduría no hace su trabajo respecto a los narcomensajes -no han dado resultados en ninguno de los casos de otras amenazas criminales en cartulinas, hojas o mantas encontradas en escenas del crimen en los últimos años-, y quitándolas, pretenden evitar que se inquiete más a la sociedad. Se preguntó a la Procuraduría del Estado, y la respuesta fue que tuvieron conocimiento de la existencia del mensaje, del contenido, pero la manta jamás llegó a sus manos, ni la denuncia de su existencia o ubicación. Simplemente la desaparecieron, y nadie ofreció ni pidió mayores explicaciones. Las primeras versiones surgidas entre las autoridades, eran que la “amenaza” fue una estrategia publicitaria de los promotores, porque no habían vendido boletos. Los empresarios fueron consultados e informaron que el 60 por ciento de las entradas se vendieron en la preventa iniciada el 1 de abril, la mayoría boletos VIP de 550 pesos en barrera, 850 pesos en palco y 1100 pesos en plata. El otro 40 por ciento se vendió el mismo día del concierto, pero aseguran que las ventas se frenaron cuando se hizo público el narcomensaje. Al final, la prensa refirió la asistencia de 14 mil personas, mientras los promotores hablaron de 17 mil. En la Plaza Monumental caben 25 mil asistentes. El comando armado Se desconoce si es costumbre del cantante andar custodiado, pero la noche del sábado 24 de mayo, Ortiz entró a Tijuana acompañado de un comando armado, a bordo de siete camionetas blancas, eso aseguraron policías municipales que los vieron llegar a la delegación Playas de Tijuana. Previamente, hubo una petición de apoyo a la Policía Comercial en su tránsito por la ciudad, que los recibieran en la entrada de Tecate (por la libre) y les abrieran paso hasta “La Monumental”. No hay una petición formal firmada, no pagaron el servicio, pero se les proporcionó; quienes participaron, dijeron que el cantante sinaloense “ya traía su seguridad”. Consultado, el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares Valladares, corrigió a sus subalternos y explicó que no había solicitud, que él decidió que se les apoyara con motos para facilitar el tránsito, pero solo a la entrada a Playas. Y recalcó: “Yo no le di seguridad, no le dimos escolta”. Sin embargo, durante el concierto, todos los jefes de la SSPM estuvieron alertas y participando en operativo en las inmediaciones de la plaza de toros y en toda la ciudad, para “evitar cualquier cosa”. Las cosas se enrarecieron porque, previo al traslado de Ortiz, alrededor de las once de la noche, se manejó que venía de cantar de la fiesta de cumpleaños del gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, versión que nadie corroboró. Adicionalmente, el mandatario abandonó el festejo antes de las siete de la noche para asistir a la pelea de Jackie Nava. Pudo regresar después de las diez de la noche, pero no hay confirmación de su retorno a la celebración. En cuanto al comando que escoltó a Gerardo Ortiz, hay todavía más irregularidades respecto al destino de la manta amenazante. Quienes atestiguaron el arribo del intérprete, refirieron que de las siete camionetas blancas, dos eran ocupadas por militares y las otras cinco por agentes ministeriales vestidos de civil, pero con la camisa del uniforme de la Policía Ministerial del Estado. “Además, ninguna otra corporación tiene tantas unidades blancas sin rotular”, se informó a este Semanario. Continuaron: al llegar a la plaza, los militares se separaron del grupo y se pusieron a patrullar la zona, los otros se quedaron en la plaza de toros. A la salida desalojaron en dos grupos, de tal forma que no se pudo saber en cual de los autos iba el cantante. Al final, la Policía Municipal ya no supo a dónde se dirigieron los vehículos, porque ya no los apoyaron en el tránsito. La negativa Mientras la Policía Municipal que ayudó al comando que resguardaba a Gerardo Ortiz al liberarles el tráfico de ingreso a Playas, creía que apoyaba a otras fuerzas del orden, resultó que no. ZETA consultó a las autoridades militares respecto a la justificación de su presencia en la guardia de Ortiz, y éstos respondieron que no la hubo. Según el General Gabriel García Rincón, no asignó militares para custodiar al particular, que quizá era otra corporación con uniformes similares; y que cierto está que no fueron soldados de otra región o zona militar, porque él debe ser notificado sobre el caso. Respuesta similar hubo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde el secretario Daniel de la Rosa, aseguró que se había revisado incluso la ubicación de los GPS de los carros de la Policía Estatal Preventiva, que en ningún momento estuvieron en Playas el sábado 24 de mayo. En la Procuraduría del Estado, algunos elementos admitieron extraoficialmente tener conocimiento de que agentes ministeriales del Estado habían apoyado el traslado, sin embargo, al solicitar una respuesta oficial, desde el área de Comunicación negaron su participación en el operativo de resguardo del cantante. Agregaron que no existía justificación para escoltarlo, y si alguien vio un auto o personas con uniformes con logos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California, solicitan les faciliten las fotos para determinar si eran o no elementos de la Procuraduría y aplicar la sanción correspondiente. Por su parte, Andrew S.E. Erickson, cónsul de los Estados Unidos en Tijuana, dijo a ZETA no conocer al cantante Gerardo Ortiz, y que ellos no habían sido responsables en ninguna medida de la seguridad de éste, “nunca solicitamos seguridad para un particular”, sentenció. Desde este Semanario se argumentó a las autoridades estatales y municipales, que en caso de querer investigar la presencia del comando armado que custodió al cantante de narcocorridos, podían obtener de alguna de las cientos de cámaras que tienen bajo su administración desde el Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4). La respuesta fue que esos videos los tenía la Secretaría de Seguridad Pública. En redes sociales estuvo circulando un video del supuesto arribo del comando escolta al concierto en Tijuana, sin embargo, las imágenes no correspondían a las inmediaciones de la plaza de toros de esta frontera. Al referir las respuestas oficiales de las autoridades a uno de los policías municipales que participó en el operativo que se desarrolló en Playas de Tijuana el día de concierto, quien vio el comando escolta, se limitó a manifestar molesto “se hacen pendejos”, en referencia a la milicia y la PGJE, que aseguró, sí participaron en la custodia. Gerardo Ortiz canta corridos de narcotraficantes de origen sinaloense y autoridades corruptas desde los nueve años de edad, actualmente tiene 25, y entrevistado precisamente por Univisión, empresa que lo ha apoyado en su carrera, ha asegurado que ningún criminal le encarga canciones, que él escribe y canta lo que le nace. El álbum con el que debutó en los listados de Billboard en 2010, con Disco de Oro y primer lugar en iTunes por más de nueve meses, se llama “Ni Hoy ni Mañana”. El tema homónimo está dedicado a Luis Fernando Castro Villa y/o Cenobio Flores Pacho “El Checo” o “Clave 6”, en el cual Ortiz relata que el criminal es el jefe criminal de la plaza en Mexicali, Baja California, con otros seis puntos importantes en Sonora. Entre 2008 y 2011, las autoridades locales vetaron a grupos como Los Tucanes de Tijuana por hacer apología del narcotráfico, el entonces secretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leyzaola, pidió a la PGJE investigar posibles relaciones de la banda musical con el crimen organizado, y recorría estos conciertos para identificar si entre la asistencia había traficantes u homicidas con órdenes de aprehensión pendientes. Ahora se les abre el camino a comandos, sin exigir que se identifiquen. Federales en la desaparición de PEP y de ministerial Ya no son versiones extraoficiales En el Consejo Estatal de Seguridad de Baja California, en los expedientes abiertos por la desaparición del agente ministerial de 31 años, Juan Ramón Flores Paredes, y el policía estatal Carlos Armando García Ortega, de 35, el robo de una droga que se estaban disputando con otros agentes federales corruptos, es la principal línea de investigación. Familiares y personas cercanas a los jóvenes han declarado que los escucharon hablar de un baje de droga, sin embargo, las versiones tienen variantes. Unos hablan de mil 200 kilos, otros de 350 kilos de marihuana que aparentemente “se encontraron”; uno de los declarantes aseguró que fue en una lancha. Asumen que sin dueño a la vista, los policías decidieron quedarse con la droga y venderla, sin embargo, cuando la trasladaban para esconderla, policías federales los detuvieron, y éstos les quitaron el cargamento de marihuana, además de pedirles entre 40 mil y 50 mil dólares para regresárselas. En ese contexto desparecieron el 10 de mayo de 2014. De nuevo, versiones extraoficiales al interior del Grupo Coordinación refieren la existencia de una “oficina” en las inmediaciones de la delegación de la Procuraduría General de la República en Ensenada, adonde los federales llevan a los delincuentes que extorsionan, por si están a punto de ser sorprendidos, poder llevarlos inmediatamente a la institución cuando reciban el pitazo. La hipótesis es que a ese lugar fueron llevados los jóvenes agentes, y de ahí, “alguien más” -un federal- llevó el vehículo Mustang negro, placas BHD1946, a La Bufadora, en el Ejido Esteban Cantú. Lo estacionó sobre unos matorrales, dejando dentro las pistolas de cargo, los celulares registrados y el radio Matra. El desaseo en todas las acciones de las autoridades involucradas en el seguimiento, hace presumir al interior del Consejo Estatal de Seguridad que existen más implicados. Primero la Policía Municipal, con inusual eficiencia, ubicó el carro el lunes 12 de mayo, lo levantó y localizó a la dueña. El auto había sido vendido al ministerial por una vecina y no habían hecho cambio de domicilio, la joven avisó a la familia y acudió para que le entregaran el vehículo, porque así se lo solicitaron. Con el antecedente de la denuncia por la desaparición, la Procuraduría de Zona apenas revisó el vehículo y lo entregó a la muchacha, a sabiendas de que ya no era la propietaria, que era una escena sospechosa de un crimen y que debía pasar por más exámenes periciales. Las primeras declaraciones de familiares y sospechosos también fueron superficiales, tampoco buscan abundar en la razón de la desaparición, entonces la procuradora Perla Ibarra decidió quitarles el expediente y pasarlo a la Subprocuraduría de Delincuencia Organizada, después de que la madre del desaparecido les gritara en las oficinas que estaban haciendo un cochinero y todos estaban involucrados. De forma no oficial, las autoridades recibieron reportes de que los agentes desparecidos habían sido trasladados a un poblado de la zona sur de Ensenada, mientras que oficialmente, el apoyo de la federación mostró que desde el 10 de mayo, los aparatos de radiocomunicación de los jóvenes no han tenido movimiento alguno. Matones de Acapulco contra Capella En coordinación con el Gobierno Federal, el comisionado estatal de Seguridad de Morelos, Alberto Capella Ibarra, aceleró a partir de abril de 2014, la búsqueda de Santiago Mazari Hernández “El Carrete”, ubicado en el organigrama criminal como cabecilla del grupo de traficantes, secuestradores y homicidas identificados como “Los Rojos” La primera semana de mayo, la Policía Federal capturó en Alpuyeca, Morelos, a Cuauhtémoc Menez Quiroz “El Temo”, operador en el poblado de Alpuyeca, en Xochitepec; junto al bajacaliforniano Erick Felipe López Yepiz “El Tijuas”, líder de sicarios; Marco Antonio Ortega Hernández, “El ¿Por Qué?”, y Rodolfo Ahuitzotl Torrescano Menez “El Loco”, todos en posesión de tres rifles de asalto y 100 dosis de cocaína. Mientras que el 18 de mayo fue detenido, de nuevo por la Policía Federal, su segundo al mando y operador en Tetecala, Morelos, Ranferi Díaz Pacheco “La Rana”, acompañado de Agustín Fonseca Martínez “El Ratón”, en la carretera federal Iguala-Copalillo, entre los municipios de Huitzuco y Atenango del Río, en Guerrero. Viajaban en un automóvil Jetta y llevaban consigo un rifle, una pistola, marihuana y droga sintética. Las irrupciones de las autoridades en algunas propiedades de la familia del narcotraficante, no le gustaron al criminal y sobrino del diputado del Partido del Trabajo, Alfonso Miranda Gallegos, y convirtió a Capella en el objeto de su revancha. Tal como lo informó Ranferi Díaz al ser apresado: “Desde que llegamos, al igual que los otros criminales, Santiago Mazari ha sido un objetivo, incluso hubo gente que me manifestó su preocupación, porque señalamos directamente el tema del parentesco con el diputado, porque era un tabú”. El tema de la amenaza surgió hace aproximadamente un mes. Las autoridades federales dieron a conocer que pudieron saber que Díaz había recibido órdenes de seguir a Capella, su gente y su familia, para encontrar el momento de atacarlos. Con ese antecedente fue capturado en Guerrero. Pero la detención del matón tampoco le agradó a “El Carrete”, ni a los miembros del crimen organizado. Las fuerzas coordinadas de Morelos recibieron otro informe de autoridades el martes 27 de mayo. Nuevamente, Mazari Hernández había movilizado gente del Cártel Independiente de Acapulco con la finalidad de atentar contra la vida de Alberto Capella. Reportaron que entre el 21 y 22 de mayo, había arribado a Morelos un grupo de matones de avanzada que sería el encargado de hacer la bitácora de todos los movimientos del Mando Único de Morelos y la gente que lo rodea, mientras esperaban un cargamento de armamento proveniente del Distrito Federal para organizar el ataque. Otras amenazas también se han hecho públicas en contra del comisionado: de un grupo autodenominado Narcojojutla y Cártel Jalisco Nueva Generación, que lo han advertido con frases como “vamos por ti Capella”. Entrevistado al respecto, el abogado tijuanense respondió: “Cuando llegué, jalé la marca y sabía que esto iba pasar, tal vez no había dimensionado al capacidad de ellos, pero son gajes del oficio, hay que levantar la guardia y seguir trabajando. Me preocupa, me ocupa, pero no me estresa”. En cuanto a lo que están haciendo, Capella indicó que toda la semana se han hecho operativos de búsqueda de Santiago Mazari, “hemos recibido denuncias de su ubicación y las hemos atendido, el tema es demostrarle que no nos hacemos para atrás, él sigue delinquiendo y nosotros le damos para adelante. Además, hay una orden de aprehensión en su contra”, concluyó. Siguen muertes entre vendedores de droga Agni Ulises Tapia Navarro fue asesinado el miércoles 28 de mayo de 2014, en el estacionamiento de la Macroplaza en Tijuana, alrededor de las dos de la tarde. A los homicidas no les importó que en el centro comercial estuviera rondando una patrulla de la Policía Comercial y otra de la Policía Estatal. Tampoco los inhibió el hecho de que fuera una hora pico de tránsito, ni las cámaras de video vigilancia de la plaza, ni la luz del pleno día. El tijuanense Daniel Alejandro Rivas Espinosa disparó sobre Tapia, mientras Julio César Cebrero Mendoza, originario de Coyuca de Benítez, Guerrero, conducía el Jeep Cherokee en el que huyeron y fueron atrapados. Tapia era un personaje identificado por las áreas de inteligencia del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California. Su nombre se hizo común en las menciones de los narcomenudistas detenidos entre 2012 y 2013, como parte del grupo de sicarios en el que estaban integrados los ya fallecidos Felizardo Arturo Campos Benavídez “El Seven” y Rogelio Alonso Castillo González “El 300”, alias Raúl Miranda Ordaz “El Rulas”. Este grupo de homicidas primero fue ubicado en el organigrama criminal como matones de Alfonso Lira “El Atlante”, y después referían que se contrataban como homicidas para cualquier célula del Cártel de Sinaloa, bajo el cobijo de Alfonso Arzate “El Aquiles”. Tapia Navarro había sido detenido el 16 de abril de 2013, en compañía de “El 300”, a bordo de una vagoneta Dodge Dakota en el camino a El Vergel en Tijuana. La Policía Municipal los capturó porque habían sido identificados por testigos y cámaras de seguridad como autores del homicidio de Alberto Maciel Pacheco y Luis Durán Naranjo, cometido ese mismo día en el fraccionamiento Los Álamos, mientras las víctimas comían tacos. Pese a las declaraciones de testigos, videos y el señalamiento de la Policía de Tijuana a quienes les refirieron pertenecer la Cártel de Mexicali y trataron de sobornar con 25 mil dólares para no ser presentados, Tapia y su compañero alcanzaron la libertad. Las autoridades también lo ligan con “El Chuy”, hombre asesinado a balazos el 6 de mayo de 2014 en la colonia Libertad. Según reportes de las áreas de inteligencia, controlaban la venta de droga al menudeo en la Zona Este.