Los notarios Carlos Enrique Lira Padilla, número 27, y Óscar Amador Encinas, número 9, fueron acusados por el delito de fraude por la cantidad de 2 millones 42 mil 262.50 pesos. La denuncia se encuentra sustentada en la averiguación previa LPZ/322/AMP3/2014. El afectado es Alonso Muñoz Arceo, quien durante su declaración, manifestó que desde hace varios años le rentaba un inmueble a Lira Padilla, en las calles Allende número 1550, esquina con Baja California. Sin embargo, cuando el arrendador solicitó una copia de la escritura del local, descubrió un certificado de libertad de gravamen, en el que se indica que su propiedad está registrada a nombre de su inquilino. A través de un contrato de compraventa fraudulento, el notario número 27 certificó dicha comercialización con su colega, Óscar Amador Encinas, el 27 de diciembre de 2013. Para el abogado litigante Arturo Rubio, estos hechos no son de asombro, pues es bien sabido que la figura del notario en Baja California Sur está coludida con los poderes del Estado. “Nacen con una figura corrupta, y el problema que tenemos actualmente es que ya están rebasadas las notarías en el ámbito nacional y estatal”, acusó, para después reconocer que un notario da fe de las operaciones legales, por lo cual se les ha dotado de esa confianza del Estado para dar legalidad y certeza jurídica a diversos hechos. La patente del notario número 27 fue otorgada por el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño. Además, Lira Padilla fue dirigente de la Cámara Nacional de Comercio de La Paz, donde se le señala de un desfalco superior a 3 millones de pesos. Se menciona que para llevar a cabo el fraude, Carlos Enrique Lira Padilla utilizó el nombre de un apoderado del arrendador, el cual no aparece en ningún oficio legal, ni en el Registro Nacional de Electores. A ese respecto, diputados locales tuvieron a bien reaccionar. De la fracción del Partido Revolucionario Institucional, Axxel Sotelo de los Monteros manifestó: “Los notarios como ejercen actualmente, no tienen un control del ciudadano, ni de la calidad moral. Un ejemplo sin denostar a los policías de crucero. Para ser policía de crucero se necesita pasar un examen de control y confianza, antidoping, y tu actuación está celosamente cuidada: para ser notario no, no hacen exámenes de control ni psicológicos, hay personas que no necesariamente tienen la capacidad intelectual para hacer la función, pero como son amigos del gobernador, se les otorga el encargo”. Por Acción Nacional, Ernesto Ibarra Montoya indicó que el Congreso no puede ser ajeno a un problema tan serio, por tal motivo, “al señor procurador vamos a pedirle una investigación seria, y no podemos ver un dictamen. Si (los notarios) tienen o cometieron algún delito, vamos a estar muy pendientes, porque la sociedad confía en ellos”. Por parte del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Salvador Verdugo Ojeda citó que en caso de que las investigaciones arrojen que los indiciados son responsables, está de acuerdo en que se les retire su patente. “Dependiendo de ello, creo que deben trabajar en esa parte, y si arroja ese procedimiento, aunque desconozco cómo sea, si es sancionable y llega a punto de quitar la patente, yo creo que debe hacerse en caso dado que la investigación arrojara ese tipo de datos”. A los dos notarios señalados, se suman otro acusado de fraude. Clara Lizeth González y Luis Gastélum, proveedores que prestaban servicios al Gobierno del Estado, refieren que el notario número 3, Carlos Arámburo Romero, emitió una carta poder falsa. “Realizó un poder en su notaría, la gente que sabe de poderes, sabe que es totalmente apócrifo, de la misma notaría, él nos afectó por un millón y medio de pesos”, aseguran. El Gobierno del Estado emitió un oficio marcado con el número SCJ/977/2013, donde se aclara que “no existe asentada la escritura pública que contenga un poder general para pleitos y cobranzas”. En 2013, el proveedor solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la dichosa carta poder “inexistente”, en la cual se otorga el poder general a Maura Georgina Pantoja Pérez. Al final del documento firma el notario señalado, con sellos de la notaría y el holograma. “Él nos presentó una certificación, donde nos dice que no fue realizada en su notaría, pero lo que a nosotros no se nos hace lógico, lo que nos brinca, es que aparezca su firma, su sello y su holograma, y que no haya interpuesto una denuncia”. La afectada, Clara Lizeth González, consideró que la falta de interés del notario deja entrever que pudiera estar involucrado, “no ha actuado contra nadie, él dijo que iba a hacer una investigación de fondo, que iba a interponer una denuncia contra quien resulte responsable, que me hace pensar que él tiene que ver en ese asunto”. El Gobierno del Estado aún adeuda 200 mil pesos a los proveedores, por concepto de prestación de servicios al Sector Salud, en particular al Hospital Juan María de Salvatierra, y al Hospital Psiquiátrico de Chametla. Los afectados solo esperan que se les cubra el pago que se debe desde 2012.
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