Compras amañadas en Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur.- Una denuncia pública presentada el 7 de junio de 2014 por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, en el marco de la celebración del Día de la Libertad y Expresión, exhibió una presunta red de corrupción entre funcionarios municipales dentro del gobierno del alcalde perredista José Antonio Agúndez Montaño. Surgidos de la vieja escuela del ex gobernador, Narciso Agúndez Montaño, los presuntos implicados, encabezados por el director de Comercialización del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOMSAPAS) de Los Cabos y propietario de la purificadora Water World, S.A. de C.V., Wilfredo García Gaxiola “El Willy”, fueron plenamente identificados con nombres y apellidos durante una investigación de ZETA, resultando ser piezas clave de esta estructura de favores, encubrimiento y recomendaciones que se coludieron para asignar discrecionalmente contratos millonarios por concepto de compra de agua embotellada. Según documentos en poder de este Semanario, los involucrados son: * El oficial mayor, Edilberto Graciano Chávez. * El encargado de Procedimientos, Raúl Ramos Cisneros. * El representante de Contraloría, Osvaldo Missael Castro Rosas. * El director de Comercialización del OOMSAPAS, Wilfredo García Gaxiola, y su hermano Roel, actual representante del Grupo Water World, S.A. de C.V. Así como su sobrino, Jesús Erick Rivera Castro, y su empleado, Julio César Leyva Iribe. Las evidencias de esta red de corrupción brotaron después de que el líder empresarial cuestionara la autorización de la compra de 514 mil 800 botellas de agua en presentación de 500 mililitros, por aproximadamente 2 millones 509 mil 650 pesos, distribuidas en 21 mil 450 cajas de 24 piezas, a un costo unitario de 117 pesos. Lo anterior porque en un análisis de la compra, y tras solicitar una cotización en la tienda mayorista City Club, se descubrió que el valor de cada caja era 140 por ciento inferior, ya que cada caja costaba 49 pesos cada una, por lo que -según Castillo- “de haberse adquirido el agua embotellada en ese establecimiento comercial, se hubieran ahorrado un millón 458 mil 600 pesos, lo que bien se puede usar en obra pública, seguridad, alumbrado público, o cualquier otra obra a favor de la comunidad”. Durante una entrevista con ZETA, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, expuso que la revisión fue solamente en una de las cuatro partidas que se concursaron el 8 de abril de 2014, bajo el número de licitación pública estatal EA-803008998-N03-2014, donde entre otros insumos, se determinó comprar lo siguiente: * Partida 1: Agua embotellada. * Partida 2: Papelería y artículos de oficina. * Partida 3: Material de limpieza. * Partida 4: Tintas y toners de impresoras. A decir por el propio empresario, a raíz del descubrimiento iniciaría una investigación para determinar el valor unitario y total del resto de las compras de los insumos licitados, y “meternos a las tripas” para observar y analizar cómo y por dónde se está fugando el dinero de los impuestos que, se supone, debería estarse administrando correctamente; sobre todo ahora que durante la lectura del Tercer Informe de Gobierno, observaron que no había avances en ningún rubro, ya que supuestamente “no había dinero”. La compra A raíz de esa denuncia pública, ZETA abrió una investigación para conocer el nombre del proveedor y, según el acta del fallo, el ganador de la licitación fue Jesús Erick Rivera Castro, quien figura como representante de la purificadora Aqua, que se localiza en la calle Dragonero del fraccionamiento Auroras, en Cabo San Lucas, Baja California Sur. De acuerdo al documento, en el concurso se registraron únicamente dos proveedores para competir por la adquisición del agua embotellada en el Ayuntamiento de Los Cabos, uno de ellos, Jesús Erick Rivera Castro, y el otro, Julio César Leyva Iribe, representante de la purificadora San José Viejo. La licitación era para vender un mínimo de 8 mil 580 cajas de botellas de agua en presentación de 500 mililitros, y un máximo de 21 mil 450. Cada caja incluiría 24 piezas. En base al dictamen, la propuesta ganadora presentó un precio económicamente más razonable de 117 pesos por cada caja, lo que en dinero representa mínimo un millón 3 mil 860 pesos, y un máximo de 2 millones 509 mil 650 pesos. Aunque hasta aquí todo pareciera normal, durante la revisión del fallo de la licitación, ZETA detectó que el acta del veredicto de la licitación pública estatal no fue firmada por el supuesto dueño de la purificadora Aqua, Jesús Erick Rivera Castro, sino por su presunto representante legal, Roel García Gaxiola, hermano del director de comercialización del OOMSAPAS Los Cabos. Durante un recorrido, y en la revisión física del presunto domicilio de la purificadora, no se encontró ningún establecimiento, únicamente domicilios particulares, cuyos vecinos expusieron que en ese lugar “no existe” ni nunca ha existido una purificadora de agua. Por tal razón, este Semanario obtuvo una copia de la licitación pública estatal de un año anterior, a fin de verificar el nombre de los participantes y del ganador del concurso de 2013, determinando que en aquel entonces fue Leyva Iribe, quien registró como domicilio fiscal las calles de Nayarit y Tamaulipas en San José Viejo. Según el acta del fallo de 2013, en esa ocasión participaron tres concursantes por un contrato de un millón 281 mil 840 pesos: * Julio César Leyva Iribe, de la purificadora San José Viejo. * Anamey Leyva Iribe, de purificadora Ana. * Roel García Gaxiola, de  Water World, S.A. de C.V. En la revisión y verificación física del domicilio, ZETA detectó que el local del supuesto negocio de Julio César Leyva Iribe era ocupado nada menos que por la purificadora Water World, S.A. de C.V., cuyos trabajadores del OOMSAPAS hacían en ese momento reparaciones justamente afuera del negocio comercial, como se puede apreciar en las fotos que en esta edición se publican. Los vínculos Durante la investigación, ZETA revisó los antecedentes de los ganadores de la licitación pública estatal de 2013 y 2014, es decir, de Julio César Leyva Iribe y Jesús Erick Rivera Castro, descubriendo que ambos tienen vínculos laborales y familiares con el director de Comercialización del OOMSAPAS, Wilfredo García Gaxiola “El Willy”. El primero de ellos, según la copia de un boletín de prensa enviado el 21 de septiembre de 2010 por la coordinación de prensa del entonces candidato a presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, resultó ser empleado de Water World, S.A. de C.V. De igual manera, el escrito precisa que los propietarios de la compañía de agua organizaron y realizaron un encuentro entre sus trabajadores y el entonces candidato, de extracción perredista. Según el comunicado, el aspirante a la alcaldía agradeció a los dueños de Water World, S.A. de C.V., Wilfredo García Gaxiola y su esposa, Emma Gómez, las facilidades para el encuentro: “Estamos seguros que ganaremos, porque estamos interesados en el bienestar de la gente, dando prioridad a la entrega de los servicios indispensables, certeza a la tenencia de la tierra, una vivienda digna, empleos, facilitadores a la inversión y lo más importante: atención con calidad y calidez humana a todas las personas”. A nombre de los trabajadores de la que llamaron “La Familia Water World”, el empleado Julio César Leyva Iribe refrendó el respaldo de todos los trabajadores de la compañía a favor del entonces candidato, José Antonio Agúndez Montaño, agradeciendo a su patrón Wilfredo García Gaxiola, por mantener las fuentes de empleo de sus compañeros, pese a la crisis económica. En el caso del segundo, y según datos recabados por este Semanario, resultó ser sobrino del director de Comercialización del OOMSAPAS de Los Cabos, quien -de acuerdo al organigrama familiar- es hijo del profesor Jesús Rivera y Beatriz Castro Gaxiola, prima del funcionario del organismo de agua potable. El proveedor Jesús Erick Rivera Castro -cédula profesional 7152694- es un joven que estudió la carrera Técnico en Hospitalidad Turística en el Colegio Nacional de Educación Nacional Técnico, y egresó en 2011. El 22 de febrero de ese año, los padres del supuesto dueño de la purificadora Aqua, registraron una compañía dedicada a la venta de abarrotes, ultramarinos y misceláneas, que acorde con su ficha técnica, es proveedora del Ayuntamiento de Los Cabos. La empresa tiene su domicilio en la calle Baja California, local 1, Colonia El Zacatal de San José del Cabo, en cuya dirección -según el padrón de proveedores de bienes y servicios- casualmente está registrada fiscalmente una sucursal de la purificadora de agua. Datos recabados por ZETA, tanto en la Secretaría de Economía como en la de Hacienda y Crédito Público, refieren que el principal accionista de Water World, S.A. de C.V. es Wilfredo García Gaxiola, y aparece en la lista de beneficiarios del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresas, con un crédito de 600 mil pesos entregado en 2004. Actualmente la compañía cuenta con una matriz localizada en la calle Alta Tensión, Colonia El Zacatal en San José del Cabo, y dispone de otras siete sucursales en San José del Cabo y Cabo San Lucas, en tres de las cuales Roel García Gaxiola aparece como representante legal, y su prima Beatriz Castro Gaxiola en otra. Las violaciones En la opinión de un abogado consultado por ZETA, el director de Comercialización del OOMSAPAS no solo cometió un delito flagrante, sino todos aquellos que de alguna manera lo favorecieron y lo encubrieron en la asignación de contratos millonarios, a sabiendas de que el proveedor era servidor público, donde tan solo en los contratos de 2013 y 2014, obtuvo ventas por 3 millones 791 mil 490 pesos, por lo que cualquier persona que interponga una denuncia penal al funcionario y a los presuntos implicados, bastaría para actuar en su contra. El Artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en el Estado, establece claramente que todo servidor público tiene la obligación de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo cargo u comisión, exponiendo en la Fracción XI que debe “… excusarse  de  intervenir  en  cualquier forma en  la atención,  tramitación o resolución de asuntos entre los que  tenga  interés  personal, familiar o de negocios, incluyendo  aquellos de los que pueden resultar algún beneficio para él, su cónyuge o pariente consanguíneos  hasta el cuarto grado; para con quienes tenga parentesco por afinidad o civil, o para terceros, con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios o sociedades de las que el servidor público o las antes referidas personas formen o hayan formado parte, en el ámbito de la administración  pública municipal (…) La limitación de parentesco a que alude la presente disposición se aplicará hasta el segundo grado por consanguinidad,  afinidad o civil en aquellos municipios con población de hasta cincuenta mil habitantes, y hasta el tercer grado de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil en aquellos municipios con población mayor a los cincuenta mil y hasta cien mil habitantes; en los  municipios y población mayor de cien mil habitantes, el  presente ordenamiento abarcará hasta el cuarto grado de parentesco por consanguinidad, afinidad  o civil…”. Peor aún, según el Codigo Penal vigente en el Estado, los funcionarios responsables de asignar el contrato, en este caso el Comité de Compras de la Oficialía Mayor, cometieron el delito de incumplimiento de un deber legal, ya que el Artículo 148 expone textualmente que “comete el delito de incumplimiento de un deber legal, cualquier servidor público que incurra dolosamente, con motivo de sus funciones, en omisiones que produzcan daño a una persona o una ventaja indebida a los interesados en un negocio cualquiera”. Mientras que el Artículo 157 del citado código establece castigo penal a quienes cometan el delito de trafico de influencias, cuando “el servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, indebidamente otorgue, por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o ventas, o realice cualquier acto jurídico; que produzca algún beneficio económico al propio servidor público, a su cónyuge, concubino o concubina, o para cualquiera de sus parientes en los grados previstos por el Código Civil para el Estado, o para cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”. Los particulares -en este caso Julio César Leyva Iribe y Jesús Erick Rivera Castro- también incurrieron en un delito, al promover, coadyuvar o beneficiarse del cometido por los funcionarios públicos del alcalde José Antonio Agúndez Montaño, quienes de presentarse una denuncia penal, tendrán que pagar una multa y con prisión, según el Artículo 165 del Código Penal del Estado. Las reacciones El caso de corrupción de inmediato generó reacciones por parte del sector empresarial, sobre todo de los integrantes del Cabildo de Los Cabos, quienes públicamente solicitaron abrir una investigación. El propio presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Julio Castillo Gómez, requirió de manera formal una investigación y, al cierre de esta edición, había entregado la documentación correspondiente a la Sindicatura del gobierno municipal cabeño, donde se prueba la red de corrupción de los servidores públicos de Agúndez Montaño. El propio síndico Oswaldo Murillo Martínez, responsable de la Hacienda pública municipal, solicitó por escrito al contralor municipal de Los Cabos, Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña, abrir una investigación, cuyo personal a su cargo -dicho sea de paso- firmó y validó las licitaciones públicas estatales correspondientes a 2013 y 2014.   Hoy se sabe, el director de comercialización del OOMSAPAS, Wilfredo García Gaxiola “El Willy”, utilizó maliciosamente el nombre de su empleado y de su sobrino para que figuraran públicamente como proveedores del agua embotellada, y así confundir y distraer la atención de que el verdadero proveedor era la compañía del servidor público. Es decir, trianguló las operaciones de compraventa para pasar desapercibido y evitar correr riesgos. Lo anterior porque el propio funcionario del alcalde José Antonio Agúndez Montaño -y según un trabajador de Oficialía Mayor- “sabía que de figurar Water World, S.A. de C.V. como proveedor directo del ayuntamiento, violentaría la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, y el Código Penal Estatal”. El propio presidente de la Asociación de Promotores y Desarrollos Inmobiliarios de Los Cabos, Francisco Parra Cañedo, expuso que “no es la primera vez que el Ayuntamiento de Los Cabos compra agua embotellada a Water World, S.A. de C.V., ya que desde siempre han sido proveedores del gobierno municipal, por la participación activa del funcionario con el llamado Grupo de Los Cabos, particularmente con los Agúndez”. Sobre este escándalo de corrupción, el alcalde fue el primero en salir a defender los excesos de sus funcionarios, y justificó: “El proveedor salió de una licitación pública y todo estuvo apegado a la Ley, porque -en su dicho- cumplió con los requisitos técnicos y propuestas económicas establecidas por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del estado”, a pesar de que la purificadora Aqua no tiene local comercial, y tampoco existe físicamente en el domicilio registrado por Jesús Erick Rivera Castro. Completamente nervioso y titubeante, el alcalde emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) salió a decir a la prensa que la asignación del contrato fue “por una convocatoria abierta y sin entregar el contrato a una empresa en particular, porque en este caso el ganador fue el que presentó la mejor propuesta económica”, aunque dijo desconocer cuántas empresas se registraron en la convocatoria. Cuestionado sobre la compra de más de medio millón de botellas de agua, externó que tal cantidad “fue determinada en base al número de empleados y funcionarios, y sobre todo a los eventos que se tienen programados durante el ejercicio fiscal de 2014”, lo que equivale a un uso diario de mil 430 botellas de agua, sin tomar en cuenta fines de semana y días festivos. ZETA solicitó una entrevista con el director comercial del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Los Cabos, Wilfrido García Gaxiola, para que diera su versión de estos hechos; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta. El agua embotellada Concepto Botellas por caja Número de cajas Número de botellas Cantidad de botellas para consumir por día Precio por compra de botellas Agua embotellada en presentación de 500 mililitros 24 21,450 514,800 1,430 $2,509,650   Los vínculos laborales y familiares de “Willy” Nombre Relación Roel García Gaxiola Hermano Beatriz Castro Gaxiola Prima Jesús Rivera Primo político Jesús Erick Rivera Castro Sobrino Julio César Leyva Iribe Empleado