Compra sospechosa de Valladolid

Antonio Valladolid Rodríguez, es el primer integrante del gabinete de Francisco Vega de Lamadrid en contar con una acusación pública y formal sobre actos irregulares en el gobierno, un caso de más de 16 millones de pesos. Fabricantes de placas automovilísticas han llevado el caso a tribunales, aseguran tener las pruebas y la seguridad de que el Gobierno del Estado de Baja California, directamente el secretario de Planeación y Finanzas, benefició a una empresa sin experiencia con un contrato millonario. Efectivamente, la firma beneficiada con una adjudicación directa -para fabricar más de 80 mil placas y calcomanías- pertenece a Antonio Carlos González Ortiz Mena, familiar de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hermano de un funcionario de BANOBRAS. Además, una muestra de las láminas hecha por esta empresa favorecida, carece de algunos elementos de seguridad para evitar la falsificación; hasta faltas de ortografías contiene, según un estudio de la Asociación de Fabricantes y Documentos Oficiales de Identidad Vehicular. Las compañías afectadas que participaron en la licitación pública cancelada por falta de presupuesto, señalan que “sin razón” alguna, días después la SPF adjudicó directamente el contrato, brincándose el procedimiento legal.   Aunque de inicio la instrucción del gobierno fue que el secretario no se manifestara en el tema, Valladolid negó las acusaciones ante ZETA, y argumentó: “Entendemos que se afectan intereses, pero todo está de acuerdo a la Ley”.</p> Empezó bien… Como marca la Ley para las Compras del Gobierno, el 20 febrero de 2014, en el Diario Oficial de la Federación y en el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, se publicó la licitación Pública Nacional (32065001-016-14) para “suministro de placas metálicas y calcomanías 2014 para la Secretaría de Planeación y Finanzas”. Cuatro empresas se interesaron en participar: Placas Realzadas, S.A. de C.V.; Grupo Industrial DVL; Troquelados e Impresos, S.A. de C.V.; y Talleres Unidos Mexicanos, S.A. de C.V. (TUMSA). Cada una realizó y presentó presupuesto, detalles y condiciones de la compra. Luego de quedar inscritos en la licitación, cinco días después -el 25 de febrero- la Secretaría de Planeación y Finanzas canceló el concurso, según consta en el acta de la “Segunda Junta de Aclaraciones” del Comité de Adquisiciones, referente a la licitación en mención. En esa reunión, y en presencia de las empresas concursantes, Karina Alejandra Montellano Pineda, presidenta del Comité, justificó la cancelación por falta de recursos debido al poco ingreso que había generado la verificación fiscal. “Los ingresos que se habían proyectado para los primeros meses del ejercicio han estado muy por debajo, creando una fuerte preocupación”, se inscribe en el acta firmada por Montellano y el secretario ejecutivo, Juan Ernesto Sánchez, en suplencia del director de Adquisiciones; asimismo, por representantes de Oficialía Mayor y de la SPF. … terminó mal Semanas después, un dictamen fechado el 28 de marzo, daría cuenta de que la intención de la compra de placas se había adjudicado directamente a una empresa que ni siquiera había participado en la licitación cancelada: Lazos Internacionales, S.A. de C.V., que por primera vez en su historia, logra un millonario contrato con el Gobierno del Estado de Baja California y sin necesidad de competir. En el dictamen bajo el número DAD-ADO-SPR-33-14 -también en poder de ZETA-, quedó registrada la adjudicación directa más elevada en lo que va del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid: 16 millones 433 mil 576 pesos para Lazos Internacionales. Un mes antes, la justificación para cancelar la licitación fue poca demanda de placas y poco recurso; después otra versión: “Se optó por la adjudicación directa debido a la alta demanda de las láminas y la necesidad de contar con ellas en el menos tiempo posible”. Antes de esa adjudicación, en febrero se habían adquirido 9 mil 969 placas. Lazos… se contrató para la entrega de 81 mil 276 juegos de láminas vehiculares. Las empresas afectadas iniciaron amparos, para que un juez detenga la compra y se restablezca el proceso. Una búsqueda en el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, dio resultados. Ahí radica el amparo de una de las empresas que busca la intervención legal por la presunta irregularidad. Troquelados e Impresos, S.A. de C.V. buscó ampararse contra el Gobierno del Estado y otras dependencias, bajo el juicio de amparo 507/2014. Lo mismo las otras empresas. Arbitrario y “sin razón” José Luis Ruiz es el representante legal de TUMSA y quien encabeza el litigio, vía telefónica, señala que por parte del Gobierno del Estado “se actuó bastante arbitrario. Creemos que hay varias irregularidades en el proceso”. Asegura que Lazos Internacionales “es una empresa que no estaba acreditada, no tiene ningún tipo de reputación, nunca ha entregado placas en ningún otro estado y aun así se le otorga una licitación pública a una empresa que no tiene experiencia alguna… esta empresa nadie la conocía, básicamente. Han asistido, pero nunca han ganado una licitación”. Señala el abogado que se trata de un caso donde “se otorga un beneficio directo a una  empresa, sin darle la oportunidad a otras comprobadas que han ganado diferentes licitaciones en distintos estados y han dado el servicio. Se quiso evitar que otros compitieran, dieran un mejor precio y tal vez ganaran”. El procurador fiscal del Gobierno del Estado, Jaime Guerra, y el propio dictamen de la adjudicación, detallan que Valladolid optó por Lazos Internacionales por ser la mejor oferta en precio. Sin embargo, tomando en cuenta la compra de placas en febrero a Troquelados e Impresos, el precio unitario fue de 191 pesos con 39 centavos. En cambio, la compra con Lazos Internacionales arroja un precio de 202 pesos con 19 centavos por cada juego de láminas. El argumento del gobierno se cae. José Luis Ruiz remata: “Ni siquiera cabe la excusa de que están baratas las placas, porque están pagando un sobreprecio. No hay justificación”. En todo caso, continúa: “Es en perjuicio a la comunidad, lo del precio es muy importante, ni siquiera se están buscando las comisiones más beneficiosas para el Estado”. Ruiz explica que en lo inmediato se esperan los resultados de los amparos, y “se otorgue una suspensión para que ya no se sigan haciendo más actos en relación al proceso de compra”. Falsificables Jaime Guerra, procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas, defiende la sospecha y el señalamiento de que Lazos Internaciones no ha tenido un contrato de láminas vehiculares: “Es una empresa que pudiera o no (tener) experiencia en elaboración de placas, pero tiene experiencia en documentación en seguridad”.   Un comparativo que realizó la Asociación de Fabricantes y Documentos Oficiales de Identificación Vehicular, entre las placas que se proveían a la Secretaría de Finanzas con la muestra que Lazos Internacionales fabrica, describe que éstas carecen de algunos elementos de seguridad, lo cual las hace fácil de falsificar, además de faltas de ortografía. Según la asociación, una muestra de las placas hechas por Lazos Internacionales, fue enviada tal como marca el procedimiento federal  al Centro de Investigación e Innovación Tecnológico del Instituto Politécnico. Es ahí donde el “proceso transparente” de la revisión les permitió el acceso a la muestra. La asociación que agrupa a los fabricantes nacionales de documentos vehiculares, asegura que las placas que el gobierno entregará a miles de ciudadanos no cuentan con tecnología de “imágenes flotantes” o “líneas onduladas”, elementos que garantizan que las láminas sean infalsificables. El elemento al que se refiere el comparativo es conocido como “VST”, un sello de seguridad patentado por 3M, empresa mundial líder en investigación y tecnología. Las nuevas placas -agrega la asociación- también carecen de la estrella de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) grabada en láser, “tecnología de alta inversión que permite a las diferentes corporaciones de seguridad, identificar la autenticidad y detectar aquellas que han sido falsificadas”. “Este hecho pone en riesgo la seguridad de los habitantes del Estado, ya que una importante proporción de los delitos en el país, involucran vehículos con placas falsas”, refiere Darío Sánchez, vocero de la asociación civil. Por si fuera poco, el organismo empresarial señaló que las nuevas láminas presentan faltas de ortografía, ya que se omitió colocar “el punto” (o tilde) en la letra “i” de la leyenda Baja California. “Nosotros no nos explicamos la poca precisión y seriedad en un trámite tan delicado en el gobierno de Baja California”, remata Sánchez.   El dueño, con linaje priista La pregunta fue directa hacia Antonio Valladolid: “El dueño de la empresa (beneficiada), ¿Quién es?”. A secas el secretario, respondió: “No lo conozco, solo a la empresa que ganó, sabemos que cumple con los requisitos”. En el acta la asamblea de la empresa Lazos Internacionales celebrada en junio del 2013, aparecen como accionista Antonio Carlos González Ortiz Mena y un socio minoritario de nombre Miguel Ignacio Larios Méndez, con un total de 10 millones de pesos en acciones. 80 y 20 por ciento, respectivamente. El accionista mayoritario es primo de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ex titular del Sistema Tributario (SAT). Alfredo Gutiérrez inició su periodo de 15 años en la Corte el 3 de diciembre de 2012, a propuesta del Presidente Enrique Peña Nieto. Tanto Antonio González como Alfredo Gutiérrez son nietos de Antonio Ortiz Mena finado ex secretario de hacienda y Crédito Público durante los sexenios presidenciales de Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. A don Antonio Ortiz Mena le sobre vive su esposa Marta Salinas. Tuvieron 6 hijos, 2 hombres y 4 mujeres, una de ellas Martha Ortiz Mena Salinas, casada con Julián González Zozaya, y pares de Antonio Carlos González Ortiz Mena, dueño de Lazos Internacionales. Además Antonio Carlos, el ahora empresario de placas es hermano de Francisco González Ortiz Mena, director de la Banca de Inversión y delegado Fiduciario de BANOBRAS del gobierno Federal. Jaime Guerra desestima la sospecha o la tesis de que pudiera ver intereses en la relación de la empresa con algún funcionario del Estado: “no en lo absoluto… son empresas que vienen del interior de país, no hay ninguna relación con nadie”. La defensa de Valladolid Tanto Valladolid  como Jaime Guerra tienen la misma versión. Todos los datos son los mismos y confirmados: la licitación la cancelación, la adjudicación, la empresa, las fechas, únicamente que el gobierno alega no haber cometido nada ilegal. Valladolid lo resume: “En febrero, sacamos una licitación que tuvimos que cancelar en virtud de que no teníamos los ingresos para poder llevar a cabo la licitación. Batallamos con el flujo de los recursos, eso provocó que se pospusiera en otro momento”. El secretario detalla que el Gobierno del Estado sacó un decreto de estímulos fiscales donde condonan recargos de las placas, y eso cambió las cosas: “Nos mete en una situación de tener placas de una manera más rápida, entonces se hizo una adjudicación, que por cierto, es 7 por ciento más barata que las otras cotizaciones que tuvimos”. En realidad, si se compara el precio de Lazos Internacionales y el del último proveedor arriba mencionado, es 7% más caro, su última adquisición. Pero, ¿cómo lanzar una licitación pública, invitar a las empresas a participar si no se tenía el recurso para pagarles? Valladolid lo justifica: “Teníamos previstos ingresos que no hubo”. Entrevistado por separado, Jaime Guerra agrega que la licitación se canceló de manera legal (se declaró desierta, así se nombra técnicamente) con la justificación en el Artículo 35 de la Ley de Adquisiciones y Servicios para el Estado de Baja California, que a la letra dice: “El comité procederá a declarar desierta… cuando las propuestas no reúnan los requisitos… debiéndose expedir una nueva convocatoria”. En otro párrafo del mismo artículo explica: “El Comité podrá cancelar licitación por caso fortuito o fuerza mayor”. Guerra, el procurador fiscal, afirma que las circunstancias así fueron por “fuerza mayor”. ¿Y por qué no lanzar otra convocatoria (licitación) en todo caso? Asegura que fue tanta la demanda de placas que “si hacíamos un proceso de licitación, no nos iba a alcanzar el tiempo en lo que se hacía la convocatoria”. Según el funcionario, las placas no han sido entregadas por el proveedor. Punto final De la misma manera que la Secretaría de  Planeación y Finanzas justifica legal cancelar la licitación, así justifica adjudicarla directamente. De hecho, toda compra del gobierno debe ser mediante la licitación pública, justamente con el fin de mejorar precios con la competencia, ser trasparente y sobre todo, evitar que se beneficie a intereses particulares. El Artículo 38 de la mencionada Ley, refiere las excepciones de la licitación, cuándo el gobierno podrá adjudicar directamente como lo hizo con Lazos Internaciones. Por ejemplo, cuando se trate de una obra de arte, o se requieran adquisidores a partir de desastres naturales, cuando sean servicios profesionales o el servicio sea exclusivo de algún proveedor, cuando se implique la seguridad nacional, entre otras. Son 15 fracciones las que se contemplan. La SPF las justificó bajo la fracción III, que dice: “Cuando existan circunstancias que  puedan provocar pérdidas o costos adicionales”. Son justamente las palabras que utilizó Jaime Guerra para exponer el millonario contrato: “costos adicionales… porque si no podemos dar el servicio a la ciudadanía”. Así y bajo esa justificación, se aplicó la excepción de Ley. Guerra agrega: “Hubo una gran demanda, a  la cual no hubiéramos estado preparados para ello, de no adjudicar directamente”. Además, contrario a las empresas quejosas, el procurador fiscal alega que Lazos Internacionales cuenta con la validez y experiencia: “Tiene gran experiencia en documentación de seguridad, y como tal, bastante tipo de productos que deben tener algún tipo de seguridad, entre ellos, relacionados con tarjeta de circulación y ese tipo de cosas”. Sin embargo, en el acta constitutiva de la empresa describe que se dedica a “el comercio en general, exportación e importación de productos y servicios en general, representación, distribución, producción y maquila de artículos en general; la compraventa de mayoreo y menudeo, prestador de servicios para construcción, restaurantes, trámites aduanales y embalaje (empaquetado) para distribución nacional”. La conclusión de Francisco Vega de la Madrid es la misma, el procurador fiscal: “Como abogado jurídico, yo no veo aquí ninguna cuestión irregular, veo una cuestión atípica, pero todas con sustento legal”.