La administración de Carlos Bustamante investigó a la de Jorge Ramos, a través de Sindicatura inició procesos ministeriales, buscó inhabilitaciones e incluso juicio político contra el ex alcalde. Nada prosperó. De los dos casos abiertos, el de Leyzaola y el de Huerta, abogados esperan salir airosos. El Síndico Arturo Ledezma se ocupa de sus propios casos y no de los heredados. Las acciones de Sindicatura, más mediáticas que efectivas Solo en escándalo mediático y escasas inhabilitaciones temporales de funcionarios acusados de aparente daño patrimonial contra el Ayuntamiento de Tijuana, han quedado los procesos iniciados por Sindicatura Municipal. Antes que Arturo Ledesma Romo asumiera el cargo de síndico procurador, su antecesora, Yolanda Enríquez de La Fuente hizo lo propio. Durante los tres años del XX Ayuntamiento, la funcionaria se ocupó en un vano intento de imposibilitar al ex alcalde Jorge Ramos y a quienes fueron sus colaboradores más cercanos, de ejercer cargo público alguno. Abuso de autoridad, peculado y desvío de recursos fueron los delitos asentados en las denuncias penales interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Hasta juicio político demandó contra Ramos Hernández, pero ni el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ni el Congreso del Estado de Baja California, hicieron eco a su petición. Después, el propio gobierno de Bustamante incurrió en supuestas irregularidades, mismas que fueron observadas durante el proceso de entrega recepción por el XXI ayuntamiento. En total, documentaron 657 expedientes que están en poder del actual Síndico, Arturo Ledesma Romo, quien no ha emitido resolución alguna, mucho menos ha iniciado procedimientos en contra, pero promete resultados antes que concluya mayo. Lo que sí hizo Sindicatura fue iniciar procedimientos contra tres funcionarios en activo del gobierno de Jorge Astiazarán: Bernardo Padilla, secretario general de gobierno; Marcia Eugenia Salcido Moreno, directora de Obras e Infraestructura Urbana Municipal; y Marco Antonio Vuelvas Díaz, subdirector de normatividad de la DOIUM. A los tres logró suspenderlos de sus cargos, aunque más tardó en notificarlos que éstos en volver a sus puestos, con todo y procedimientos abiertos, aún sin finiquitar. Yolanda Enríquez agotó su tiempo con más pena que gloria, mientras que Ledesma Romo, a pesar de los traspiés dados en los primeros meses, aún tiene el resto del trienio para demostrar eficiencia como síndico procurador. Sindicatura sin resultados A tres años, la autoridad judicial no ha logrado procesar a alguno de los funcionarios que señaló, investigó, pretendió inhabilitar e incluso juzgar políticamente, la ex Síndico Yolanda Enríquez. Los casos quedaron en denuncias penales. La mayoría de los ex funcionarios lograron salir airosos, sin tener que haber devuelto a las arcas municipales los recursos que supuestamente malversaron, o pagar por los abusos. Ni sanción económica, ni inhabilitaciones definitivas logró concluir la Síndico Yolanda Enríquez, “su efectividad fue cero”, anotó Raúl Corona Sesma, quien fue director jurídico del XIX Ayuntamiento y encargado de llevar la defensa legal de 16 de los implicados. Al menos 13 de ellos, precisó, fueron resueltos en primera instancia, mientras que tres más se solucionaron en segunda instancia, y ponderó: “Se solventaron sin que ninguno (de los ex funcionarios) tuviera que pagar nada, mucho menos ser inhabilitado”. A la fecha, de los procedimientos abiertos solo se sabe de los casos emprendidos contra de Julián Leyzaola y Gustavo Huerta, los únicos inhabilitados… por el momento. Guerra estéril Parecía que Yolanda Enríquez tenía una misión: investigar e inhabilitar al teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, cuya sombra ha opacado la labor de sus sucesores en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Con artimañas jurídicas según el propio Leyzaola, en el último año de gobierno de Carlos Bustamante fue inhabilitado de la función pública en agosto de 2013 cuando se encontraba a cargo de la seguridad de Ciudad Juárez. La suspensión para obtener y ejercer cargo, empleo o comisión en el servicio público, se dictó por ocho años. El procedimiento contra Leyzaola se preparó en los albores de la administración bustamantista, en enero de 2011, y fue llevado a cabo en forma paralela a otros dos que se iniciaron tanto en su contra como de Gustavo Huerta, ex director de Seguridad Pública Municipal. Basadas en acusaciones de policías municipales, las tres averiguaciones de responsabilidad administrativa abiertas acusan: Faltas administrativas y violaciones a los derechos humanos fundamentales, en la modalidad de tortura, abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública. Al respecto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la dependencia a cargo de Enríquez de la Fuente para que iniciara el procedimiento, argumentó la entonces funcionaria. El 30 de mayo de 2011 se inició la investigación INV/047/2012, radicada en el expediente 010/2012 por torturas a: José Luis Hernández Gálvez, Víctor Javier Jove Rosales, Rafael Sánchez Macedo y Eduardo Romero Enríquez; todos ellos miembros policiacos adscritos a la secretaría de Seguridad Pública Municipal del XIX Ayuntamiento. En este caso se estableció como presuntos responsables a Leyzaola y Huerta, y como resolución administrativa Sindicatura emitió inhabilitación de ocho años para los dos implicados, al serles imputadas las fracciones II y VII del artículo 46 y artículo 47, fracción XI de la Ley de Responsabilidades del Estado de Baja California. Hace un par de meses, Leyzaola Pérez logró salir airoso en uno de los puntos del procedimiento por el que fue inhabilitado, debido a que la síndico basó en notas periodísticas la prueba del supuesto desacato en el que dijo incurrió el Teniente Coronel, al no cumplir con una comparecencia. Este punto a favor no significa que lo haya solventado del todo el procedimiento, éste, tanto como los otros dos acumulados, sigue su curso. Otro expediente abierto es el 229/2013, cuya investigación se inició en diciembre de 2011, en el que también se implica en forma conjunta a ambos ex servidores públicos por detención arbitraria y tortura de 25 personas en agosto de 2009, todos ellos oficiales de la policía municipal. En este caso la resolución administrativa solo se estableció en contra de Gustavo Huerta Martínez, con una inhabilitación de cinco años para ejercer como servidor público, quedando pendiente dictar resolución contra Leyzaola Pérez, esto en razón de que promovió juicio de amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California. Los dos ex funcionarios también enfrentan demandas por separado. En el caso del ex secretario de seguridad del XIX Ayuntamiento de Tijuana, ésta se inició por una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2010 por detención ilegal y tortura de dos ciudadanos. Por su parte, Gustavo Huerta fue acusado por falsedad al rendir informe a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto a detención de ciudadanos, razón por la que se emitió una recomendación administrativa para inhabilitarlo por dos años para ejercer como servidor público. Ambos ex funcionarios confían en una resolución final favorable. Los otros casos Lograr la inhabilitación de los militares en retiro le llevó a Yolanda Enríquez prácticamente todo el trienio. En el ínter, intentó sancionar a una veintena de ex funcionarios del XIX ayuntamiento, incluido el propio ex alcalde Jorge Ramos, por supuestas faltas administrativas y malversación de recursos públicos. Y aunque logró emitir inhabilitaciones hasta por cinco años en contra de algunos de ellos, iniciada su defensa los inculpados fueron tumbando uno a uno los argumentos acusatorios de Sindicatura Municipal. Ninguno de ellos tuvo que devolver nada al erario público, los señalamientos de malversación de recursos simplemente no prosperaron. Más aún, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, órgano revisor de los actos promovidos por las autoridades, suspendió el acto de inhabilitación que la actual Sindicatura Municipal dictó en contra de los ex funcionarios: Enrique Méndez Juárez, Mario Alberto Martínez Castillo, Gustavo Lemus Torres, Martha Alicia Fuentes García, José Mario Hernández Ramírez y Luis Ernesto Cuenca Ruiz. En su momento el XX Ayuntamiento dijo se inconformaría ante tal suspensión, a través de la Consejería Jurídica Municipal, pero no fue así. Y, a excepción de los casos de Julián Leyzaola y Gustavo Huerta a cuyo seguimiento se abocó la síndico Yolanda Enríquez, en el resto la respuesta del tribunal la acató sin reparo alguno. Por ello, quienes apenas habían sido suspendidos de sus labores pudieron, en cuestión de días, asumir cargos públicos. Tal es el caso del ex Oficial Mayor, Mario Martínez Castillo, quién fue nombrado coordinador de delegaciones de la Secretaría de la Función Pública, cargo federal que pudo desempeñar sin mayor problema a mediados del 2011, cuando se le seguía un proceso en contra por faltas administrativas. Al final, la acusación, al igual que otras dos que acumuló, no pasó a mayores. Otro caso que no pasó a más fue el de la ex directora administrativa de presidencia, Elia Rosa González Reyes, inhabilitada por cinco años, acción que fue confirmada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En diciembre de 2012, Martha Alicia Fuentes García, ex directora administrativa de presidencia municipal, también fue suspendida por cuatro años del ejercicio público; ambas ex funcionarias fueron implicadas en el desvío de recursos y malversación de fondos en la organización de un festival de arte (Festiarte). El evento cultural fue encomendado a César Borja Vázquez, a quien el municipio entregó, y así quedó asentado en recibos, 100 mil pesos para su organización. Sin embargo, en el expediente oficial su gasto se tasó en 2 millones 465 mil pesos, erogación que al no ser comprobada derivó la investigación en contra de las encargadas del manejo de esos recursos. En el caso también se implicó a Julio César Fuentes Solís, quien fuera auxiliar administrativo de Tesorería Municipal en el XIX Ayuntamiento. Arnulfo Guerrero León, actual subsecretario de Desarrollo Social en Zona Costa, fue señalado de uso indebido del 2 por ciento de recursos provenientes del Ramo 33, irregularidad que fue detectada por la Auditoría Superior de la Federación. Un total de 76 mil pesos etiquetados para obra social supuestamente fueron utilizados en gastos de gasolina y papelería, cuando Guerrero León fungió como director de Desarrollo Social Municipal, así lo asentó sindicatura en el expediente 036/2011. El ex funcionario aludió el hecho a un error administrativo. En el mismo caso se implicó a Martha Alicia Fuentes, ex directora administrativa de presidencia; Ernesto Lucero López, ex Subdirector de Egresos; al ex Oficial Mayor Mario Alberto Martínez Castillo; Julio César Murillo Valtierra, ex Jefe del departamento de inventarios de Oficialía Mayor; Mario César Spíndola Rodríguez, ex jefe del Departamento de Adquisiciones y Servicios de Oficialía Mayor; y Joaquín Enrique Palomera Ramírez, ex Coordinador de obra comunitaria. En mayo de 2011, Sindicatura municipal dijo haber detectado pagos indebidos al ex director de Inspección y Verificación Municipal, Gustavo Lemus Torres, irregularidad en la que se involucró a Enrique Méndez Juárez, cuando éste fungía como secretario general de gobierno del XIX Ayuntamiento. Algo similar al caso que enfrenta el hoy secretario general de gobierno, Bernardo Padilla Muñoz. En el expediente de este proceso aparecen también involucrados Mario Alberto Martínez Castillo, Martha Alicia Fuentes y Ernesto Lucero López; así como Luis Ernesto Cuenca Ruiz, subdirector de Recursos Humanos; y José Mario Hernández Ramírez, ex jefe del Departamento de Nóminas. Dos meses después, Sindicatura denunció a Arturo Berrelleza Cruz, ex director de Responsabilidades de la Sindicatura Municipal en el gobierno de Jorge Ramos. Gustavo Lemus enfrentó un segundo proceso en su contra en el que se le responsabilizaba del desvío de 212 mil pesos, el cual se abrió en agosto de 2011. A finales de octubre de ese mismo año, Sindicatura inició procedimiento contra otro ex funcionario, Luis Alonso Morlett Corrales fue acusado de haber realizado cobros indebidos por 324 mil pesos cuando se ostentaba como titular de la Dirección Municipal de Transporte Público, su caso se archivó en el expediente 035/2011. En la actualidad, Morlett forma parte del equipo de trabajo del Síndico Social, Bernabé Esquer. Ciro Castillo Hernández, ex jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Dirección Municipal de Transporte Público; Reynita Cabrera González, ex Subdirectora de Contabilidad de Tesorería; y Pedro Rafael Serrano Luna, ex Jefe del Departamento de Personal, fueron liados en el mismo asunto. José Mario Hernández, Luis Ernesto Cuenca Ruiz, Ernesto Lucero López, Martha Alicia Fuentes, Mario Alberto Martínez y Enrique Méndez Juárez, también se sumaron a este expediente. Actual gobierno ignora casos Los expedientes contra los ex funcionarios de primer nivel, Enríquez de la Fuente los basó en investigaciones efectuadas por parte de la dependencia a su cargo; posteriormente el documento se dividió en seis denuncias presentadas ante Ministerio Público. El proceso sigue su curso normal, con la salvedad que al gobierno de Jorge Astiazarán no le interesa dar continuidad a una guerra política que le es ajena. Ocupado como está de evitar inhabilitaciones en contra de su secretario general de gobierno, Bernardo Padilla Muñoz; la directora de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, Marcia Salcido; y del subdirector de normatividad de la DOIUM, Marco Antonio Vuelvas Díaz, el gobierno de Jorge Astiazarán no da seguimiento a estos casos, simplemente deja que sigan su curso normal en la PGJE. Más aún, dice desconocer los procesos abiertos en contra de quienes conformaron el gabinete del XIX ayuntamiento, así lo externó el actual secretario general de gobierno, Bernardo Padilla Muñoz, al ser cuestionado al respecto: “No estoy enterado, no sé de qué me hablas”, dijo quien actualmente está siendo investigado por supuesto desvío de recursos cuando fungía como director de Desarrollo Social en el gobierno de Bustamante.
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