Hace un mes que el secretario general de Gobierno, Guillermo Trejo Dozal, solicitó licencia al cargo para arreglar un “asunto personal” derivado de una orden de aprehensión dictada en su contra. Y a pesar del optimismo de su jefe, Francisco Vega, Trejo es considerado prófugo de la justicia, pues aunque tramita un juicio de amparo, lo hace oculto para no ser capturado. El delito por el cual es indiciado es grave en la legislación penal federal, y no tendría derecho a la libertad bajo caución antes de que se resuelva su situación jurídica. La resolución del juicio de amparo 113/2014 en el Juzgado Primero de Distrito con residencia en Mexicali, se ha pospuesto en dos ocasiones. La primera vez se ordenó el desahogo de la audiencia constitucional el 24 de marzo, pero debido a que no fueron rendidos todos los informes, se cambió para el 24 de abril. Una vez más se difiere la fecha para el 24 de mayo. En la audiencia se estudian los informes con justificación de la autoridad y se valoran las pruebas y alegatos de las partes, además de dictar sentencia del amparo. Como es conocido, el 31 de enero de 2014, el Juez Sexto de Distrito en Baja California ordenó la aprehensión de las personas que formaron parte del Consejo de Administración de la empresa Latino Servicios de Salud, S.C., conocida comercialmente como Latino Health Care. En la causa penal 21/2013, donde se dictó la orden de aprehensión, señalan que la compañía involucrada suscribió contratos con por lo menos 13 empresas y sindicatos, entre ellos el de los electricistas, entre 2008 y 2011, para la prestación de servicios médicos. La práctica de operaciones de servicios de seguros de gastos médicos, sin contar con la autorización para funcionar como institución o sociedad mutualista de seguros, constituye un delito. Una cobertura hasta por 25 mil pesos, con atención médica familiar de urgencia fuera de los horarios de consulta de diversos hospitales, estudios de laboratorio y medicamentos, entre otros, eran los servicios por el seguro de gastos médicos menores que ofrecía Latino Servicios de Salud, S.C.. La denuncia por parte de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la SHCP, se formalizó el 6 de junio de 2013, y los peritajes contables concluyeron que existen facturas expedidas por Latino Servicios de Salud, S.C. a favor de diversas instituciones por concepto de “atención médica”, por un total de 4 millones 679 mil 226 pesos con siete centavos. También, que la empresa investigada efectuó pagos por 86 mil 319 pesos por servicios médicos u hospitalarios a diferentes instituciones. Antes que Trejo, sus coacusados buscaron el amparo de la justicia. Pero todos los juicios están a la espera de resolución. A Trejo Dozal, a quien inicialmente le fue concedida la suspensión provisional del acto reclamado, esta protección temporal no le serviría para evitar su detención, por tratarse de delito grave penado con cárcel -de tres a quince años- y una multa de mil 500 a cinco mil días de salario.
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