Retroceso educativo

Mientras el gobierno de Baja California fija un doble discurso frente al conflicto SETE-SNTE, en el magisterio se complica la situación por el retraso de normas federales que ponen el dedo en la llaga en el tema laboral. En lo que eso ocurre, el estallido de una huelga en el sector magisterial  podría hacerse realidad Han pasado más de ocho años del conflicto por cuál grupo es el que tiene la titularidad de  las Condiciones Generales de Trabajo, y aún no ha dejado satisfechos a miembros del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE), quienes advirtieron la posibilidad de estallar una huelga el 21 de mayo de 2014,  ante la falta de respuesta de las autoridades. En el doble discurso estatal, la Secretaría de Educación y Bienestar Social reconoce al SETE como único sindicato, pero a la vez, afirma que las negociaciones se llevan a cabo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Los dos trabajan con el sector educativo estatal de Baja California. Ante la falta de reacción del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, los asuntos pendientes en el sector educativo se complican, porque a partir de 2015, la nómina de los maestros volverá a la esfera nacional -actualmente el Estado recibe del Gobierno Federal el dinero (a veces), y les paga de manera local a los maestros-, lo que significa un retroceso en términos de federalismo. Además, los maestros en Baja California están preocupados porque todavía falta por definir si la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconocerá todas las prestaciones que los maestros han ganado en la entidad. Con el inconveniente que si las nóminas se manejan desde el centro de la República, cualquier error u omisión tardará meses en ser resuelto, y se darán casos en que los docentes tendrán que trasladarse a la capital del país para solucionar algunos conflictos, como sucedía antes con el Partido Revolucionario Institucional, cuando el gobierno estaba centralizado, práctica que está regresando. Adicionalmente, existe el conflicto de que el Consejo Jurídico, en representación del Ejecutivo federal, presentó una demanda de controversia constitucional en contra del Poder Ejecutivo de Baja California, por la expedición de las Leyes Secundarias en materia educativa. Fue el departamento jurídico del Gobierno del Estado y corroborado por la misma Secretaría de Educación y Bienestar social, el que señaló que la inconformidad del gobierno de Enrique Peña Nieto se debió a la expedición de una nueva Ley del Servicio Profesional Docente, cuando lo que le pedían era que reformara la existente. Mientras esto ocurre, se acerca la hora cero para definir las Condiciones Generales de Trabajo, ya que el SETE mantiene un emplazamiento a huelga efectivo a partir de las diez de la mañana del 21 de mayo, lo que en el papel podría paralizar a todo el sistema educativo estatal. Antecedente El representante legal del SETE, Luis Alfonso Vargas, expuso en su tesis: que el sindicato que él representa es el único registrado ante el gobierno de Baja California y se encuentra regulados por el Tribunal de Arbitraje del Estado. Recordó que en febrero de 2014 se discutieron los problemas de los trabajadores de la educación y la falta de Condiciones Generales de Trabajo que imperan en la Secretaría de Educación y sus empleados, luego de que en octubre de 2013 se anularan por un litigio que ganó el SETE, ya que el SNTE no tiene facultad legal para ostentar esas atribuciones. Como resultado de las inconformidades, se definió estallar una huelga por el incumplimiento del patrón con los trabajadores. Originalmente propuesta para el 19 de marzo de 2014, luego de ser admitido con el número de procedimiento de huelga 02/2014 en el Tribunal de Arbitraje del Estado (TAE), que citó a una audiencia de conciliación. Fue en esa reunión conciliatoria que se firmó un convenio en el que la Secretaría de Educación y Bienestar Social reconoce al SETE como representante legal de los intereses y derechos de los trabajadores de la educación; a partir de ahí se establecieron varios compromisos. El principal, que el viernes 30 de abril de 2014 se debían fijar la Condiciones Generales de Trabajo, dando vista al SETE para depositarlas, pero el Gobierno del Estado faltó a su palabra y eso no ocurrió. “Lo más importante para nosotros es la fijación de las Condiciones Generales de Trabajo, porque no se han depositado hasta el momento. En la mesa de negociaciones ya se terminó de revisar la situación de la gente a la que le deben dinero por falta de pago de salarios, no hay respuesta de cuando le van a pagar, tampoco ascensos, cambios… no hay respuesta a esas cosas, por lo que nosotros no nos desistimos al emplazamiento de huelga” indicó Luis Alfonso Vargas. Dos sindicatos Según Vargas, el tema de quién es el sindicato mayoritario se tendría que revisar en fechas posteriores y de manera incidental, a petición del patrón al tribunal, el cual deberá citar a todos los empleados a su centro de trabajo y definir de manera anónima si apoyan o no la huelga. Afirmó que el SEBS tiene la obligación de darle vista al SETE porque la Ley se los ordena, además del convenio que firmaron ante el TAE, se comprometieron a hacerlo, para evitar el estallamiento a huelga. El representante legal del SETE comentó que las Condiciones Generales de Trabajo nacieron a raíz de la constitución de un segundo sindicato en el periodo de gobierno de Eugenio Elorduy Walther, quien para proteger al SNTE, las inventó en 2006 y fueron anuladas en 2009 por un juez federal. Durante la administración de José Guadalupe Osuna Millán, fueron depositadas a favor del SNTE, pero en octubre de 2013 nuevamente fueron invalidadas, ya que no cumplían con facultades para hacerlo. Por su parte, la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Juana Laura Pérez Floriano, se abstuvo de comentar sobre el litigio entre el Estado y el SETE. “Son conflictos que se dirimen en la Secretaría General de Gobierno”, afirmó. La versión del SNTE El diputado José Alberto Martínez Carrillo, quien además es dirigente de la Sección 37 del SNTE, expuso que su organización gremial es el sindicato mayoritario con una membresía de 17 mil 500 trabajadores activos, y de 3 mil 500 jubilados. “El otro sindicato tendrá una membresía de unos mil y tantos trabajadores, a todas vistas con la gente que le aporta económicamente al SETE, con sus cuotas es fácil comprobar que somos los que tenemos las Condiciones Generales de Trabajo y una relación directa con el Gobierno del Estado, que es nuestro patrón”. Cuestionado sobre este punto y la orden judicial que lo invalida, el líder sindical descartó esta posibilidad, asegurando que son dueños de las condiciones laborales, las cuales se deben revisar cada año, en caso de que existan modificaciones. Dijo que es momento de hacer una nueva revisión, pero mientras que no exista una nueva asignación siguen en su poder, asimismo, manifestó que el estallamiento a huelga que propone el SETE no le apuesta al diálogo con el patrón y no tiene la legalidad para hacerlo, ya que su dirigencia se encuentra desconocida por haber violado sus propios estatutos en la elección de presidente. Le dan por su lado al SETE Miguel Ángel Rodríguez Castro, subsecretario de Planeación y Administración del Sistema Educativo Estatal, comentó que el estallamiento a huelga que propone el SETE es completamente legal, pero están haciendo todo lo posible por evitarlo. “No vamos a llegar a ello, puesto que siguen las mesas de trabajo, siguen las mesas de negociación y consideramos que tarde que temprano esto se volverá a prorrogar, o se quedará sin efecto”, expresó. Cuestionado respecto a quién pertenecen las Condiciones Generales de Trabajo, citó: “El SETE es el único sindicato con registro estatal, no lo decimos nosotros, lo dice la autoridad laboral en el Tribunal de Arbitraje del Estado, es quien reconoce esta calidad; nosotros como Sistema Educativo no podemos hacer otra cosa más que aceptar esa posición”. Según el funcionario, existe una petición ante el Congreso del Estado para que asigne recursos adicionales al SEE, con el fin de poder basificar a maestros interinos que ya tienen determinado tiempo laborando. Mencionan que es parte de los acuerdos que buscan impulsar con el SETE para evitar la huelga y establecer un acuerdo entre ambas instancias. Corresponde a la autoridad laboral definir cuál es el sindicato mayoritario, pero mientras el SETE sea el único sindicato en el Estado, por lógica “no es necesario” entrar en una discusión en cuanto a quien tiene la mayoría o no. Desde el centro del país La secretaria de Educación y Bienestar Social, María del Rosario Rodríguez Rubio, contradijo en argumentos al subsecretario de Planeación y Administración, al afirmar que las condiciones laborales se negociarán de manera central, ya que fue parte de las reformas educativas. “No solo es la nómina laboral, los asuntos y todas las negociaciones que se hagan con los representantes sindicales en Baja California se están haciendo a nivel nacional con el SNTE, para toda la agenda de pliego petitorio y agenda de trabajo se hace a nivel nacional, y aquí nada más le daremos seguimiento”, aclaró. — ¿A quién corresponden las negociaciones de las Condiciones Generales de Trabajo, SETE o SNTE? “Las condiciones de trabajo se van a entregar y el tribunal dará vista a todos y cada uno de ellos con las condiciones, nosotros nada más estamos trabajando ese proyecto con la parte sindical”, respondió la titular de la SEBS. En cuanto al paso de la nómina al Gobierno Federal, precisó que analizan el expediente de cada uno de los trabajadores para evitar que se pierdan prestaciones o bonos cuando se dé el cambio. Por su parte, aún como encargado de despacho, el secretario general de Gobierno, Francisco Rueda  señaló que el SETE tiene su derecho de ejercer la huelga, y es la SEBS el conducto por el cual se está atendiendo, aunque dijo que están al pendiente de lo que se resuelva en la mesa. Por medio de un comunicado a nivel nacional, el SNTE, representado por Juan Díaz de la Torre y los gobernadores de los estados, firmaron los Convenios de Automaticidad que los comprometen a replicar los incrementos salariales y prestaciones en cada entidad, emanados de la Negociación Nacional Única del Pliego General de Demandas 2014. En el mismo comunicado se indica que en el convenio, respaldado por el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, quedan salvaguardados los bonos, estímulos y prestaciones obtenidas localmente, como lo establece el acuerdo previo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Maestros costosos Tanto la autoridad educativa y la representación del gremio magisterial, niegan que nueve docentes de Baja California perciban más que el Presidente de la República, dato recientemente publicado por el Instituto Mexicano de la Competitividad. Según el IMCO,  a partir de la información de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, detectaron alrededor de 70 profesores en el país, nueve en Baja California, que mensualmente cobran más de 193 mil pesos, es decir, cantidad superior al sueldo de Enrique Peña Nieto. Asimismo, el estudio determinó que existen 70 mil docentes aviadores, y 114 mil siguen cobrando registrados como jubilados, e incluso fallecidos. Lo anterior costaría a la Federación, 35 millones de pesos cada trimestre. La secretaria de Educación Pública en el Estado, María del Rosario Rodríguez Rubio, negó que haya docentes con salarios tan altos, y aseguró que el mejor ingreso mensual no rebasa los 80 mil pesos al mes. Se trata de maestros con grado de supervisores e inspectores en el régimen de carrera magisterial, que sumado a su antigüedad, bonos y otras prestaciones, alcanzan ese salario. Alejandro Gudiño, secretario general de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), también desestimó las cifras: “Hablan de que los maestros son ricos, pero no es cierto, un maestro en una plaza inicial está ganando menos de cuatro mil pesos en su plaza inicial. El supervisor o el jefe de sector es la categoría más alta, que tenga 40 años de servicio, hasta con 50 años, el que más gana anda en 79 mil pesos, ciertamente”. El dirigente invitó a los difusores de esa información a señalar de qué profesores se trata para que los responsables sean sancionados penalmente. “Dicen que hay 90 escuelas fantasmas, le pediré al señor gobernador que investiguemos dónde están esas escuelas, que quien da la nota, nos diga dónde están”.