Policías por decreto (Algunas autodefensas)

En Michoacán se legalizó a los policías comunitarios sin experiencia, sin filtros de control de confianza y con muchas dudas de sus verdaderas intenciones. El comisionado federal Alfredo Castillo logró dividir a las autodefensas y echarle la responsabilidad presupuestal al gobierno estatal. El depuesto y traicionado fundador del movimiento cívico, José Manuel Mireles continuará su lucha desde otra trinchera, aunque teme por su integridad Mientras en todo el país aún no termina el proceso de evaluación y certificación de los elementos policiales, cuyo plazo se ha pospuesto una y otra vez desde 2012, en Michoacán, por decreto, se creó un nuevo cuerpo policiaco con miembros de los llamados grupos de autodefensa, que surgieron ante la inseguridad en aquella entidad, y la falta de acción, precisamente, por parte de la Policía y el Estado. El gobierno federal encabezó el acto en Tepalcatepec el 10 de mayo, cuando sin estar aún publicado el decreto del Ejecutivo estatal en el Periódico Oficial, se entregaron armas cortas y largas, patrullas y uniformes a 450 “policías comunitarios” que ya legalmente conforman la Unidad de Fuerza Rural, dependiente de la Policía Estatal Preventiva, de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Las cosas han salido como el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes lo deseaba. Para eso lo designó la Secretaría de Gobernación y el funcionario ha conseguido que la realidad se adecue a lo que sus superiores ordenaron. No fue necesario cumplir con los protocolos de evaluación ni los lineamientos para la certificación policial que establece el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza que a tantos policías municipales y estatales ha desempleado desde que inició su aplicación en 2009 en toda la República. Bajo el esquema de Cuerpos de Defensa Rural, los nuevos policías ordenados por la federación, pero que serán responsabilidad presupuestal del gobierno estatal de Michoacán, pudieron pasarse por el “arco del triunfo” las fases del proceso de evaluación de control de confianza que establece cinco pruebas en un esquema básico: toxicología, psicología, poligrafía, investigación socioeconómica y médica. Cualquiera de esas pruebas que sea reprobada determina el cese de un elemento policial; sin embargo, el “Instructivo para la Organización, Funcionamiento y Empleo de los Cuerpos de Defensa Rurales”, que aplica la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para dar de alta al personal de esas corporaciones, no tiene como requisito la práctica de examen de control de confianza alguno, solo establece que el solicitante no tenga antecedentes penales y es de suponer que se cumplió con ello. Michoacán es una de las entidades que se encuentra del lugar 20 hacia abajo a nivel nacional en cuanto al avance en evaluaciones de control de confianza, que deberá cumplirse en su totalidad con fecha límite en el mes de octubre próximo, junto a estados como Baja California y Jalisco, con apenas un progreso del 81 al 90 por ciento de policías, mandos, peritos y fiscales evaluados. Los nuevos policías, entre ellos Estanislao Beltrán conocido como “Papá Pitufo”, líder de los autodefensas, primer gendarme de prominente barba (prohibida por los reglamentos de los cuerpos policiales de prácticamente todo el país), lucieron uniformados para la foto, junto a un sonriente comisionado Alfredo Castillo. Atrás quedaron las declaraciones de las amas de casa y hombres que se enrolaron en las autodefensas para proteger a sus familias del crimen organizado que ha asolado sus comunidades. El propio Estanislao dijo en enero del año en curso: “No nos interesa trabajar de policías, no pedimos trabajo”. Pronto lo convenció el esquema gubernamental. El registro y la deposición de las armas de los guardias comunitarios, rechazada en un inicio por ellos y la legalización del movimiento en una fuerza única oficial lograron el primer objetivo encomendado a Castillo Cervantes: resquebrajar la unidad de hombres y mujeres que, a juicio de las autoridades formales, representaban una amenaza para la seguridad nacional. Tras la firma del pacto entre el gobierno federal, el gobierno del estado de Michoacán y los representes de los comunitarios el 28 de enero, el anuncio de la institucionalización a través de los cuerpos de defensa rural trajo consigo el rompimiento de vínculos e intereses entre los líderes. Poco importó que en una de las reuniones del comisionado federal con grupos de autodefensas, el 5 de febrero haya estado presente Juan José Farías “El Abuelo”, quien estuvo detenido en 2009 por su presunta militancia en el entonces llamado “Cártel de los Valencia”, que dio origen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Castillo sostuvo un diálogo con el presunto delincuente, ahora de los comunitarios, pero no pasó a mayores. Estanislao Beltrán aprovechó un periodo de incapacidad física de José Manuel Mireles Valverde, uno de los líderes visibles de los policías comunitarios y su principal vocero, para dejarse endulzar el oído por las promesas del comisionado. El otro líder, Hipólito Mora, persona muy cercana a Mireles no estaba muy de acuerdo en cómo se estaban llevando las negociaciones, actualmente se encuentra preso, acusado de participación de homicidio. Por su parte, el gobierno federal cada semana daba a conocer sus triunfos y avances para conquistar la paz en Michoacán y dar cumplimiento a las exigencias de los osados ciudadanos que se habían levantado en armas para defender sus comunidades: detener o erradicar a los líderes del Cártel de Los Caballeros Templarios, encabezados por Servando Gómez Martínez “La Tuta” y Nazario Moreno González “El Chayo”, el primero prófugo, el segundo abatido –por segunda ocasión. Primero fue aprehendido Dionisio Loya Plancarte “El Tío” junto a otros lugartenientes de la organización criminal. Luego serían abatidos a balazos por la Marina, en diferentes acciones “El Chayo” y Enrique Plancarte Solís “El Kike”. A la postre sería arraigado y después detenido el secretario general de gobierno michoacano Jesús Reyna García, que presuntamente brindaba protección y se reunió al menos en una ocasión con “La Tuta”, que sigue prófugo. El 7 de marzo último, un día antes de que muriera Nazario Moreno, en un camino de La Ruana, en el municipio de Buenavista Tomatlán, fueron asesinados los miembros del grupo de autodefensas de la región, Rafael Sánchez Moreno “El Pollo” y José Luis Torres “Nino”, a manos de un comando armado que los interceptó cuando circulaban a bordo de una camioneta y tras rociarlos con algún combustible les prendió fuego. El hecho hizo estragos al interior del movimiento en Buenavista Tomatlán, cuyos habitantes indignados reclamaron a su líder Hipólito Mora, limonero y fundador de los autodefensas, se aclarara la muerte de sus compañeros de lucha, quienes eran considerados unos auténticos bastiones del movimiento. Dos días después del doble homicidio, los propios habitantes de la zona donde ocurrió la agresión señalaron a Mora como uno de los que habría ordenado la muerte del “Pollo” y de “Nino”. Trataron de detenerlo, pero el señalado pudo escapar en un helicóptero de la Policía Federal. Finalmente fue aprehendido por autoridades estatales durante una reunión con el comisionado Castillo. José Manuel Mireles, recuperándose de sus malestares en la Ciudad de México, se quedó solo y al margen de los acuerdos entre comunitarios y los representantes del gobierno federal, que avanzaron hasta lo que hoy conocemos: la conformación del cuerpo policial, justificado en las esferas gubernamentales de Michoacán bajo la “necesidad de crear una unidad operativa de reacción, con el propósito de mantener la seguridad, tranquilidad y el orden público de los habitantes dentro de las regiones estatales, municipios, cuadrantes, colonias, tenencias o de las comunidades”. Mireles Valverde, a la distancia expresó su desacuerdo con la manera en que se institucionalizó a los autodefensas, pero el 7 de mayo, tres días antes de que se realizara el acto oficial de reconocimiento y dotación de armas y uniformes a los nuevos policías, “Papá Pitufo”, a través de un comunicado desconoció a su ex correligionario como vocero del movimiento y se proclamó como el único conducto oficial del mismo. En el pronunciamiento leído ante medios de comunicación, Estanislao Beltrán acusó a Mireles de afectar al movimiento y solicitó que se le practique una evaluación psicológica, en clara alusión de que posiblemente se encuentre afectado mentalmente. Por su parte José Manuel, que ha enfrentado desacreditaciones públicas, como las que lo señalan de participar en un homicidio múltiple y una relación sentimental con una menor de edad, ha respondido a través de diversos medios, señalando que todo se trata de un “montaje” detrás del cual se encuentra Alfredo Castillo Cervantes. Sintiéndose traicionado y temeroso de represalias oficialistas y de sus ex compañeros de lucha, Mireles presentó el 12 de mayo una demanda de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en el estado de Michoacán, reclamando de autoridades estatales y federales una posible orden de captura en su contra. El hombre que llegó a ser considerado como un héroe en las comunidades en conflicto de la Tierra Caliente, señaló en su escrito el temor a ser “privado de mi libertad y peligro de privación de la vida”, actos que atribuye a los diversos jueces de primera instancia de Apatzingán, el procurador de justicia del estado, directores de corporaciones policiales y otras autoridades. Es el resultado de una estrategia del gobierno federal, de institucionalizar a algunas autodefensas, e investigar a otras. “Todos somos autodefensa”, el mensaje Javier Sicilia crea el Frente Nacional de Autodefensas (FNA) El destituido vocero del movimiento de los comunitarios, José Manuel Mireles, ha encontrado apoyo moral entre activistas y políticos, con ellos participó en la presentación del video “Todos somos autodefensas”, a través del cual defienden la figura de la autoprotección civil organizada. En la producción exhibida a través de YouTube, se muestran líderes de opinión como el padre Alejandro Solalinde, quien inicia el audiovisual refiriéndose a los migrantes como la población más vulnerable. Destaca que en México existen 500 defensores de los derechos humanos porque el Estado no lo hace y por ello dice con orgullo “yo soy autodefensa”. “Yo soy autodefensa y lucharé por ello. Todos debemos ser autodefensas por lo que creemos”, expresa en el video Jaime Rodríguez “El Bronco”, ex presidente municipal de García, Nuevo León. Explica que la paz para su familia es lo más importante. Otros personajes como Talía Vázquez, autodefensa ciudadana, denuncia que la impunidad duele, causa desorden y genera mucha desesperanza; mientras que Mario Segura, del movimiento Salvemos Tamaulipas, destaca el valor de los michoacanos: “tenemos que estar con ellos, ser solidarios”. José Gallardo, defensor de los Derechos Humanos, asegura que las autodefensas son un acercamiento a la solución de inseguridad en el país y, José Jacques Medina, de Migrante Mesoamericano, resalta que “Los michoacanos para defender su dignidad, sus remesas, sus familias han tenido que crear las autodefensas“. Selene Vázquez, diputada local de Michoacán; Juan Antonio Negrete, presidente de la sociedad de alumnos de Derecho de la UNAM; el empresario Ramón Alejandro Vaca y José Manuel Mireles también expresan su sentir y solidaridad con la autodefensa de los ciudadanos. Mireles Valverde señala en la videograbación: “Porque aquellos que debían defendernos a nosotros no tuvieron el valor de hacerlo, por eso yo soy autodefensa”. Por su parte, el poeta Javier Sicilia dio a conocer la constitución de una agrupación denominada Frente Nacional de Autodefensas (FNA), que cobijará a Mireles y a otros miembros de la sociedad civil con la finalidad de participar en acciones de seguridad de forma pacífica. Sicilia mostró su solidaridad hacia el depuesto fundador de las autodefensas michoacanas, a quien ninguna autoridad ha imputado su presunta participación en delito alguno. Tres alcaldes michoacanos presos Investigan sus vínculos con Los Caballeros Templarios Además del enjuiciamiento penal contra el ex secretario general de gobierno y ex gobernador interino Jesús Reyna García, tres presidentes municipales del estado de Michoacán se encuentran detenidos por sus presuntos nexos con el crimen organizado. El primero en ser aprehendido fue el alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, el 15 de abril, a quien se le inició una causa criminal por el delito de extorsión porque supuestamente exigía una cuota económica mensual a algunos regidores para apoyar a una organización delictiva de la región. Luego cayó en desgracia el 28 de abril el primer edil del municipio de Lázaro Cárdenas, Arquímides Oseguera Solorio, supuestamente vinculado al Cártel de Los Caballeros Templarios y Servando Gómez Martínez “La Tuta”, con quien se habría reunido y fue vídeo grabado. Junto con el tesorero municipal Omar Alejandro Soto Gil, es procesado por su probable participación en los delitos de secuestro y extorsión. Y finalmente, el martes 13 de mayo fue capturado el alcalde de Aguililla, Jesús Cruz Valencia, indiciado por delincuencia organizada. Un día antes habitantes del municipio le habían impedido el ingreso a la alcaldía que desde junio de 2013 había abandonado, para realizar sus funciones desde otro sitio. Manuel Garibay, a punto de libertad Manuel Garibay Espinoza fue capturado el 24 de junio de 2010 como presunto responsable de una docena de delitos, entre secuestros, asesinatos, levantones y tráfico de droga, todos perpetrados en el Valle de Mexicali. El miércoles 7 de mayo, un juez los amparó, declarando que la orden de aprehensión que se ejecutó en su contra, casi cuatro años atrás, era improcedente, por lo que fue liberado de los cargos federales solo para enfrentar los delitos del fuero común que le imputaban en Baja California; sin embargo, pese a señalarlo de múltiples robos armados, secuestros y asesinatos, extrañamente la Procuraduría General de Justicia del Estado únicamente armó un expediente en su contra, por el asesinato del agente de la Policía Ministerial, Federico Alvidrez, ocurrido en 2002. Pero más tardó Garibay en pisar el penal bajacaliforniano que en obtener, la tarde-noche del  martes 13 de mayo 2014,  una orden de liberación emitida por la titular del Juzgado Mixto de Guadalupe Victoria en cuanto a la causa penal 713/2012, lo cual significa que no tiene pendiente alguno con la justicia bajacaliforniana. En este Juzgado también consideraron que la orden de aprehensión no era válida. Como en Sonora aún estaba vigente la orden de aprehensión por el asesinato de Comandante de la Policía Municipal en San Luis Río Colorado -septiembre de 2002-, las autoridades carcelarias lo retuvieron hasta que se envió la orden y fue judicialmente “recapturado”, aunque realmente nunca recuperó a la libertad. De esta manera, aproximadamente a las cinco de la tarde del miércoles 14 de mayo, un convoy fuertemente resguardado trasladó a Manuel Garibay a las instalaciones de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada en la colonia Hidalgo de Mexicali, para luego entregarlo a las autoridades sonorenses, quienes lo remitieron al Centro de Readaptación Social (CERESO) de Hermosillo. A finales de los 90, Garibay encabezó un sanguinario grupo que aterrorizó el Valle de Mexicali, en el Ejido Chiapas, donde tenían un espacioso rancho que a la vez sirvió de cementerio. En septiembre de 2002 las autoridades encontraron en esta propiedad, una fosa clandestina con restos de un agricultor de apellido Castro Larios, y los de siete sinaloenses que fueron asesinados y calcinados en junio de 1999. Garibay Espinoza se involucró primero con el Cártel Arellano Félix para cruzar toneladas de cocaína a Estados Unidos, después fue detenido y encarcelado en el país del norte, pero se acogió al programa de testigos protegidos. Reapareció en San Luis Río Colorado en 2002, tras el asesinato del jefe policiaco, y se perdió de nuevo hasta que fue capturado en junio de 2010. A los Garibay les adjudican una larga lista de secuestros -del doctor Magaña, Bejarano, Kodama- y asesinatos como el del Comandante Ministerial Humberto Ortega, pero evidentemente, todos los expedientes tenían huecos, lo que hasta la fecha ha posibilitado su exoneración. La mayoría de los delitos ocurrieron entre 2001 y 2007, tiempo que la Procuraduría bajacaliforniana estuvo a cargo de Antonio Martínez Luna, señalado por nexos con el Cártel de Sinaloa. Por lo pronto, desde la PGJE adelantaron que interpondrán un recurso de inconformidad ante la Juez Mixta de Primera Instancia por la liberación de Garibay en cuanto al asesinato del agente Alvidrez.