Mediante la firma de un convenio y la instalación de mesas de diálogo, el “Movimiento Ciudadano en Defensa del Parque Benito Juárez”, encabezado por Sabino Arellano, acordó con el subsecretario general del Gobierno del Estado en Tijuana, Teodoro Barraza, una revisión minuciosa a los permisos, licencias y licitaciones en poder del Ejecutivo estatal para la construcción de la Plaza 11 de Julio. Con esto, se levantó el bloqueo a la entrada de la obra, iniciado el 8 de mayo de 2014 y que se extendió hasta el día 13. Durante cinco días, el grupo de ciudadanos impidió que los trabajadores utilizaran la principal vía de entrada para entregar el material de construcción. Lo anterior, explicó Arellano, a manera de presionar al gobierno estatal hasta lograr el acercamiento. Los manifestantes colocaron vehículos y tiendas de campaña en los otros accesos improvisados por los empleados de la obra, hasta lograr la reunión del 13 de mayo. Al terminar la junta entre la asociación civil y el Gobierno del Estado de Baja California, Sabino Arellano acordó que el “Movimiento Ciudadano en Defensa del Parque Benito Juárez” retiraría los bloqueos. Por su parte, Barraza declaró a ZETA que el dirigente “tenía ciertas inquietudes acerca del derecho que Gobierno del Estado posee sobre los terrenos en que se realiza la construcción, y las condicionantes ecológicas que deben cumplirse”. De acuerdo al funcionario, la administración estatal está a cargo de la ejecución de las obras gestionadas a través del Patronato 11 de Julio, pero la revisión de los documentos quedará a cargo del área jurídica, para buscar las irregularidades que señala la asociación. También se acordó que la obra no abarcará ni alterará el Parque Benito Juárez, localizado entre Palacio Municipal y Centro de Gobierno, hasta que la revisión concluya. Por su parte, el coordinador del movimiento insiste en revisar a fondo la participación el Patronato 11 de Julio en el proyecto, ya que “no debe favorecerse a la iniciativa privada con un proyecto que es ejecutado con recursos estatales, y bajo la tutela del Gobierno del Estado”. Mientras que Teodoro Barraza asegura que la relación de este Patronato está avalada por un convenio de colaboración con el gobierno estatal, pero negó conocer más detalles sobre el proyecto. Entre la inversión que ha recibido el Patronato, están los 11 millones de pesos provenientes del Gobierno Federal en 2012, pero la asociación calcula necesarios 500 millones más de inversión privada. La siguiente reunión entre el movimiento de opositores al Zócalo 11 de Julio y Gobierno del Estado, está programada para el 27 de mayo, fecha en la que el área jurídica dará un informe de la revisión a los convenios, permisos y licencias de construcción, entre otros documentos
Opositores y gobierno revisarán proyecto Zócalo 11 de Julio
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