La organización Freedom House publicó su informe anual “Libertad de Prensa 2014″ en donde, por tercer año consecutivo, situó a México en la categoría de “país no libre” para el ejercicio de la libertad de prensa, tras la “contabilización dolorosa de 76 periodistas asesinados y 16 más desaparecidos” desde el 2000. En el informe, la Organización No Gubernamental (ONG) con sede en Washington DC y que conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos ubicó a México en el lugar 132 de la lista de naciones que no otorgan garantías para la libertad de expresión, y donde incluye a Libia, Afganistán, Pakistán, Cambodia, Angola, Venezuela, Somalia y Cuba, entre otros países. A través de un comunicado, Freedom House expuso que tanto las muertes como las desapariciones de comunicadores se suman a la deficiente puntuación obtenida en la evaluación en cuanto a las condiciones propicias y garantías que debe otorgar el Estado mexicano a los periodistas del país. De acuerdo con el informe que recaba los datos del año pasado, México figuró como uno de los lugares más peligrosos y complicados a nivel mundial en lo que se refiere al ejercicio del periodismo, ya que de acuerdo con organismos defensores de la libertad de expresión, entre 2000 y 2013, 76 periodistas fueron asesinados y 16 más están a la fecha desaparecidos. Aunado a lo anterior, organizaciones en materia de Libertad de Prensa contabilizaron, al mes de septiembre pasado, 225 incidentes de agresiones contra periodistas y/o trabajadores de medios e instalaciones de medios de comunicación, cifra superior a los 207 atentados perpetrados a lo largo de 2012 y los 172 registrados en 2011; en general, destacó, el nivel de las amenazas y ataques se incrementó. En el último año se contabilizaron diversos atentados contra reporteros, oficinas de medios de comunicación, sitios web y una multiplicidad de acusaciones penales por difamación a nivel estatal lograron acallar las críticas, y la autocensura continuó presentándose como un factor generalizado, destacó el reporte. Freedom House también denunció que el Programa Federal de Protección a Periodistas, a un año de su implementación, es considerado poco confiable por diversos expertos y participantes en el mismo, mientras que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) logró solo una condena y una atracción en seis años. Respecto a los delitos de imprenta, 12 de las 32 entidades del país tipifican aún en sus legislaciones los delitos de imprenta y en materia de transparencia existe un retroceso, pues la norma reciente establece que en determinadas circunstancias, la información puede reservarse temporalmente, además de que resulta ser un proceso de difícil acceso a la información. A pesar de la disminución en el número de asesinatos y desapariciones en 2013, para la organización México aún figura en la lista de los entornos más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo, como resultado de las disputas territoriales entre los cárteles de las drogas mexicanos, la decisión del gobierno de combatir a los grupos criminales mediante el uso de las fuerzas armadas y la debilidad de las instituciones de seguridad pública de México. “El predominio de la amenaza y la impunidad de los perpetradores origina la generalización de la autocensura, incluso en regiones que hasta entonces no se consideraban como zonas conflictivas en el combate al narcotráfico”, planteó. Por otra parte, el informe reveló que las estaciones de radio comunitarias en México enfrentan otro tipo de amenazas, ya que su cobertura local puede desatar la ira de políticos o empresarios locales, más que de figuras del crimen organizado. Sobre este punto existen reportes de numerosos arrestos, detenciones y amenazas de autoridades locales y compañías internacionales en Oaxaca en contra de locutores de radios comunitarias que se oponen al proceso de otorgamiento de licencias para un proyecto de construcción de un enorme parque eólico. Finalmente, el informe expuso que se espera que la nueva reglamentación en materia de Telecomunicaciones que actualmente se discute en el Congreso de la Unión represente un desafío sin precedentes para evitar la concentración de medios, “que contraviene el ejercicio de la democracia en México”. (ZETA/SinEmbargo)