Amparos y múltiples argucias legales retrasan los tiempos para llevar a prisión al líder del sindicato de los mineros Napoleón Gómez Urrutia y para iniciar como se debe el proceso penal a la ex lideresa del SNTE Elba Esther Gordillo por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y lavado de dinero Los conflictos entre el derecho, la justicia y la política mantienen en suspenso y con constantes volteretas las causas penales iniciadas en contra de líderes sindicales y otros personajes caídos en desgracia en México. Prueba de ello son los recientes fallos en juicios de amparo promovidos por Napoleón Gómez Urrutia y la maestra Elba Esther Gordillo Morales. Al líder minero, actualmente en Vancouver, Canadá, le fue negada la protección constitucional en el juicio de garantías 51/2013 del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Distrito Federal en contra de una orden de aprehensión por la presunta comisión de delitos federales. La resolución deja firme la orden de captura para que Gómez Urrutia sea traído a México y enjuiciado por su probable participación en el desvío de 55 millones de dólares del fideicomiso minero F/9645-4. El magistrado del tribunal unitario que negó el amparo, todavía a principios de enero trató de desligarse del asunto y promovió un impedimento ante un tribunal colegiado argumentando que era señalado como autoridad responsable de los actos que reclamaba Napoleón. Los colegiados determinaron infundado el impedimento y tuvo que resolver. Conseguir el mandamiento de aprehensión en contra del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), ha sido toda una odisea. Jueces han negado la orden de captura, magistrados la han concedido, otros impartidores de justicia han otorgado amparos y unos más los han negado. La historia de esta orden de aprehensión inició en el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal en la causa 140/2008. Sin embargo, el juez se dijo impedido para conocer del asunto y se remitió la averiguación judicial al Juzgado Decimosegundo de Distrito de Procesos Penales Federales en la misma Ciudad de México. El nuevo juez resolvió en el proceso 216/2010 negar la orden de captura, decisión que fue apelada por el Ministerio Público de la Federación. El Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del D.F. conoció del recurso de interpuesto por la fiscalía en el toca penal 208/2011. Hubo juicios de amparo, revisiones y quejas en el ínter. Finalmente el 14 de marzo de 2013 el Sexto Tribunal decreta el mandamiento de aprehensión. Luego de enterarse en mayo siguiente, según su propio dicho, Napoleón Gómez Urrutia promueve a través de sus defensores la presentación de una demanda de amparo el 7 de junio de 2013 reclamando “la inconstitucional y violatoria de derechos humanos orden de aprehensión…” dictada en su contra. Tras no poder librarse del asunto, el magistrado del Primer Tribunal Unitario con residencia en la capital del país, determinó que los conceptos de violación argumentados por el quejoso resultaron inoperantes e infundados y por el contrario, existen datos que acreditan el cuerpo del delito imputado, así como la probable responsabilidad penal del quejoso. Fue la Cooperativa Veta de Plata la encargada de dar a conocer la noticia días después de dictado el fallo. En día domingo se difundió un comunicado para los medios informativos. Juan Carlos Pérez Mendiola, presidente de la cooperativa dio santo y seña de las fechas y juzgados relacionados con el millonario desvío de los sindicalizados mineros. El ruido mediático no debió caerle muy bien al abogado del indiciado líder, licenciado Marco Antonio del Toro Carazo, quien se ha especializado en la defensa de este tipo de personajes, aunque por otra parte en el asunto de otra de sus importantes clientes, Elba Esther Gordillo Morales, no le ha ido del todo mal. Conseguir la protección de la justicia federal a favor de la maestra Elba Esther y sus coacusados Manuel Díaz Flores e Isaías Gallardo Chávez para que quede sin efecto el auto de formal prisión por delincuencia organizada y operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita fue un logro en septiembre del año pasado. Un juez de amparo exhibió a la Procuraduría General de la República y al juez de la causa. Se llegó a dudar de la legitimidad y de la capacidad de quienes integraron y consignaron la averiguación previa. Se dijo que se acreditó extemporáneamente la personalidad jurídica de quien presentó la denuncia y se polemizó que si debió presentarse una querella o una denuncia. El procurador general de la república Jesús Murillo Karam metió las manos al fuego por el asunto y ordenó a sus fiscales se interpusiera el recurso de revisión. Hace unas semanas, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en el D.F. le dio la razón al primer fiscal de la nación. El juez de amparo resolvió erróneamente y es él quien no aplicó adecuadamente la legislación e interpretó el requisito de procedibilidad para iniciar la averiguación previa por lavado de dinero falto de actualización. Y es que no le ha ido del todo mal a la ex secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) porque se confirmó el amparo concedido por lo que se refiere a la falta de fundamentación (encuadrar la norma jurídica al caso concreto) y motivación (circunstancias de tiempo, modo y lugar). El juez de la causa deja sin efecto el auto de formal prisión para sanar los vicios detectados por el juez de amparo y en próximos días dictará una nueva resolución que bien podría ser un nuevo auto de bien presa para Gordillo Morales, siempre y cuando se cumpla con los requisitos legales que marca la legislación penal. Después de solicitar una prórroga para resolver el asunto, por lo voluminoso del expediente, el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del D.F. podría emitir su veredicto del término constitucional el próximo 9 de mayo. Además de la acusación por delincuencia organizada y lavado de dinero por mil 978 millones de pesos, Elba Gordillo es procesada en el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales por el delito de defraudación fiscal equiparada calificada, al declarar ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos al rendir su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2008. Se estima que el monto de la presunta defraudación fiscal asciende a los dos millones 199 mil pesos. También en ese asunto la ex lideresa obtuvo un amparo, pero al reponerse el procedimiento se le dictó de nueva cuenta auto de formal prisión.
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