En desalojo, trifulca entre Antorchistas y policías

Disuelto el convenio legal entre gobierno del Estado y el propietario de un fraccionamiento en Ojo de Agua, un grupo de Antorchistas que ahí residía, reclama desalojos injustificados. Alrededor de las 9:20 horas del 16 de mayo de 2014, Pedro Rentería Arreola, propietario del fraccionamiento Lomas del Pedregal, llego al área del Rancho El Florido Viejo, acompañado por actuarios del Juzgado Décimo de lo Civil de Tijuana, para proceder a los desalojos de dos locatarios. Lo anterior como consecuencia de la rescisión del contrato inmobiliario, ya que el gobierno estatal –el cual  actuó como arrendatario a raíz de las peticiones del grupo Antorchista desde 2009– incumplió con los pagos de mil 300 pesos mensuales. Con las órdenes de desalojo 13/2011 y 14/2011 en mano y dictaminadas respectivamente el 6 y 16 de junio de 2011, Rentería efectuó su derecho legal, luego de haber obtenido sentencia definitiva relativa a los juicios sumarios en lo civil. En el desalojo, estuvieron presentes policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), y un grupo de cargadores. Sin embargo, los colonos –en su mayoría integrantes del Movimiento Antorcha Campesina– se conglomeraron desde las 10:00 horas, afuera de sus viviendas, e iniciaron las agresiones contra la autoridad con el lanzamiento de piedras e insultos. Según cifras de la SSPM, había presentes alrededor de 460 personas. Tanto actuarios como policías relataron las secuelas del enfrentamiento: un oficial herido del párpado derecho y el rostro lastimado de Ana Karen Valdez Moreno, una de las desalojadas. De ahí que los policías solicitasen refuerzos y a los pocos minutos, casi 40 patrullas de la SSPM de las delegaciones La Presa y La Presa Rural, atendieron al llamado. El acuerdo roto, que derivó en el violento desalojo, consiste en el convenio firmado el 28 de septiembre de 2012 entre el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI) y Rentería Arreola. En él, se acordaba que la paraestatal absorbería la deuda por 90 lotes de 120 metros cuadrados, por la cantidad de 9 millones 268 mil 493 pesos. La suma se dividiría en exhibiciones bimensuales de 441 mil 356 pesos, cantidades que serían canalizadas a través del programa “Apoyos Económicos para Sueldo y Vivienda”. A cambio, el propietario se comprometía a suspender los desalojos. Pero lo pactado fue irrumpido por los dos actores. El INDIVI, por su parte, ante el incumplimiento de pagos desde junio de 2013 y el propietario por el uso extraordinario de las sentencias a su favor de los desalojos de las viviendas, dictadas en los juzgados en junio de 2011, antes de firmar el acuerdo con la paraestatal. El director general del INDIVI, Alejandro Monraz Sustaita, reconoció el adeudo de la paraestatal con Rentería. También dijo “se acatarán las consecuencias”, como cargos por mora, tal como lo establece el contrato. Sin embargo, señaló como negativos los actos del arrendador, pues aseguró que actualmente existe una demanda de su parte, con motivo de rescisión del contrato con el Estado, mismo que aún no cuenta con una sentencia por parte de la autoridad jurisdiccional. Por otra parte, indicó que INDIVI busca ponerse al corriente con los pagos del terreno en esta administración, así como explicar a los Antorchistas, que las viviendas no son a título gratuito, sino una venta, en la que los usuarios podrán reducir su costo, a través de los subsidios que ofrece el INDIVI. Mientras tanto, Pedro Rentería aseguró tomará las acciones necesarias para lograr que el gobierno estatal pague su deuda, entre ellas los desalojos.