En Baja California Sur, los delitos cometidos en contra de periodistas o coerción a la libertad de expresión, es un tema que resalta principalmente por las acciones de los cuerpos de seguridad, esto derivado a la mayor presencia de delitos de alto impacto y la incapacidad del actuar de las policías de la entidad. Y es que en el afán de ocultar los hechos violentos, hay ciertos roces entre ambos oficios “por quienes buscan esconder y los que buscan la verdad”. No así en el estado vecino de Baja California, donde al menos tres elementos de Semanario ZETA, han sido agredidos y la directiva amenazada por miembros del crimen organizado, situación que ha caído –de cierta manera– en la impunidad. Desde la fundación del Semanario en 1980, ha sido objeto de amenazas y agresiones, y a lo largo de los años se ha buscado esa “libertad” que los gobiernos aseguran, “existe”. Una vez mostrados los escenarios y las agresiones a las que el oficio periodístico está expuesto (autoridades y crimen organizado), en Sudcalifornia, se impartieron los cursos “Manual de Prevención de Delitos Cometidos en Contra de libertad de Expresión” y “Protocolo de Medidas Preventivas de Protección y Medidas Urgentes de Protección”. Alberto Peralta Flores, Director General Adjunto de la Fiscalía Especializada de Libertad de Expresión, afirmó que es vital distinguir las amenazas al aire, de las que pudieran concretarse. “El curso es un manual de acciones preventivas, para que los periodistas puedan establecer de una manera rápida y sencilla, el riesgo al que pueden estar al momento de hacer su actividad periodística. Para detectar ese tipo de amenazas que significan un riesgo, cuál(es) realmente son las amenazas que pueden concretarse en agresión, qué debo de hacer, qué plan de acción debo realizar” articuló. En campo, uno de los consejos primordiales, dijo Peralta Flores, en caso de una balacera, es que “deben de confirmar antes de llegar al lugar, que ya no hay ningún grupo beligerante, si no van a ser agredido y hacer caso a la autoridad”, agregó que solo así se evitará estar en un fuego cruzado. Retomando las amenazas, aseguró que cuando un periodista la reciba, lo primero es hacerse de conocimiento de la autoridad para que se tomen las medidas pertinentes, “en el 90% de las veces existe una amenaza previa antes de una agresión, y en el 10% restante, posiblemente hubo una amenaza previa, pero nunca se dijo” y así las recomendaciones, “entonces si hay una amenaza previa se pueden establecer planes de acción para no sufrir una amenaza”, finalizó. En cuanto a que pudiera tornarse el trabajo de campo en un hecho violento, y que hay ese roce entre la autoridad y el comunicador, el Director General Adjunto de la Fiscalía Especializada de Libertad de Expresión de la PGJE, reconoció que esta relación –que a veces pudiera ser un tropezón entre las dos partes– pudiera ser un escenario ríspido. “…la regla básica es la integridad física, no exponerse, la gran mayoría de las agresiones que se dan, se dan al cubrir un evento, y muchas veces es por servidores públicos, policías municipales, policías estatales, que llegan y se confrontan en el sitio, unos que quieren averiguar en el lugar y otros que quieren realizar su trabajo”, señaló. Para que estas situaciones de confrontación entre los elementos de investigación y periodistas, Adonai Carreón Estrada, Procurador General de Justicia del Estado, afirmó que también los policías tomarán estas capacitaciones. “Nosotros estamos obteniendo cursos de todas las instituciones, de todos los temas, en este curso lo van a recibir agentes del Ministerio Público del fuero común, le hicimos la invitación a todos los periodistas, porque el conocimiento es universal y todos debemos tener acceso a ellos”, enfatizó. La libertad de expresión sigue siendo un tema de interés a nivel mundial, ya que de esta manera los pueblos pueden ejercer, a manera de voz propia, una opinión sobre las situaciones que acomplejan el pasar de los días y que ni los mismos gobernantes se enteran encerrados en sus círculos políticos.
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