Armando Castro, Ana Laura Galván, Adriana Espinoza, Yolanda Santamaría, Alfonso Soto, Noé Balderas, Lorena Yáñez, Iliana Guajardo, María Flores, Roberto Falcón, Enrique Pérez, Víctor Vázquez, Marco Antonio Kim y Ulises Díaz, “todos ex empleados de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California”, son quienes el 20 de marzo de 2014, presentaron ante el Congreso del Estado, una “denuncia de declaración de procedencia de juicio político al C. Arnulfo de León Lavenant, procurador de los Derechos Humanos de Baja California, por el perjuicio a los intereses públicos fundamentales y su buen despacho, ocasionando con ello violaciones graves y sistemáticas a los planes, programas y presupuestos de la administración pública, así como a las garantías individuales y sociales…”. Bueno, pues algunos de ellos se encontraron hace unos días al diputado presidente del Congreso del Estado, René Mendivil Acosta, a quien llamaron a ratificar la denuncia de juicio político. Dicho sea de paso, el priista es de los que creen que un cambio en la PDH sería lo mejor para la institución. Pero el caso sigue en veremos. Veremos…
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