Demanda de propietarios de verificentros podría costar 410 mdp al Estado

Propietarios de alrededor de 12 verificientros en el Estado, presentaron una demanda contra la Secretaría de Protección al Ambiente, la Secretaría de Planeación y Finanzas, Sub Secretaría de Finanzas, Procuraduría Fiscal y Dirección de Ingresos del Gobierno  Estatal, por el delito de “Responsabilidad Patrimonial”. Ésta podría costarle al erario público unos 410 millones de pesos, informó el diputado Roberto Dávalos Flores. El proceso penal se originó, a raíz del retraso del programa de los verificentros, mismo que aseguran los propietarios, se aprobó en la administración pasada. El militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y  presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, dijo además habría que añadírsele los 74 mil 750 pesos,  mismos que representan pagos de los dueños de los verificentros, a personal  que los ha demandado por haber sido despedidos. Asimismo, Dávalos Flores consideró que en caso de que el Estado pierda dicha demanda, se verían aún más deteriorados los presupuestos en Seguridad Pública y Desarrollo Social. “Es importante que el Gobierno del Estado, salga a explicarle a los ciudadanos como es que  no va a perder este caso. De perderlo  se estaría pagando  una cantidad exorbitante, totalmente fuera del presupuesto de egresos y causaría severos daños a los  de por sí disminuidos presupuestos de seguridad y desarrollo social, por citar un ejemplo”, declaró el funcionario.  El diputado,  aseguró que estas son las consecuencias derivadas de la corrupción nacida en la administración de José Guadalupe Osuna Millán, y que ahora, de perderse dicha demanda, el dinero se iría a empresarios  oriundos en la Ciudad de México, junto con los funcionarios de la actual administración, que solapan dicho “programa corrupto”.