Durante el primer trimestre del año, el Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF) ha sancionado a 31 funcionarios judiciales que laboran en los órganos jurisdiccionales del país, entre ellos a seis magistrados de circuito por incurrir en faltas disciplinarias que van desde el incumplimiento de disposiciones relacionadas con el servicio público hasta falta de profesionalismo o denuncias graves de corrupción. Así se desprende del informe que rindió la Secretaría Ejecutiva de Disciplina hasta el corte del 31 de marzo del presente año, fecha en la que se reportó el apercibimiento privado a 11 de los servidores públicos, uno que fue amonestado en privado, tres que recibieron apercibimientos públicos, seis amonestados también públicamente, dos inhabilitados y ocho suspendidos. Entre los funcionarios suspendidos se encuentran los dos magistrados y un juez señalados de favorecer con sus resoluciones a los empresarios dueños de casinos, a cuyos representantes legales les daban cuenta de la marcha de los asuntos en sus tribunales. Ellos son Eduardo Ochoa Torres, presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil con residencia en Monterrey; José Manuel Rodríguez Puerto, magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo en el Estado de Tamaulipas; y Javier Rubén Lozano Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, en Monterrey. Los dos primeros ya contaban con sanciones dictadas por la Secretaría Ejecutiva de Disciplina en años anteriores. El magistrado Ochoa Torres fue apercibido en privado en marzo de 2004, cuando se desempeñaba como Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en Nuevo León. En sesión del Pleno se le encontró responsable de “no cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado”, falta considerada como leve. Por su parte, al magistrado Rodríguez Puerto, que fungía como magistrado de circuito del Tribunal Colegiado con residencia en Cancún se le sancionó por “falta de profesionalismo” en octubre de 2003, falta también catalogada por el Pleno como leve, por lo que sólo ameritó un apercibimiento privado. En total, de los 31 sancionados de enero a marzo, se informa que además de los seis magistrados antes citados, 10 son jueces de distrito, cinco secretarios de juzgado, tres actuarios judiciales, cuatro oficiales administrativos y otros tres ocupan cargos en el Consejo de la Judicatura Federal. En esos primeros tres meses del año se han instaurado 381 procedimientos disciplinarios, derivados de 287 quejas y 81 denuncias interpuestas por justiciables, defensores, fiscales o propios trabajadores del Poder Judicial, y 13 asuntos iniciados oficiosamente por la propia institución al advertir probables anomalías, por lo que se espera aumente el número de servidores públicos sancionados en los próximos meses.
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