Con mayoría de 18 votos a favor, este jueves 1 de mayo se aprobó en Quintana Roo la Ley de Ordenamiento Cívico en Quintana Roo, referida comúnmente como “Ley Antimarchas”. Esta ley vulnera los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política en sus artículos 6, 7 y 9, concernientes a la libre manifestación y difusión de ideas y opiniones, así como la libertad de asociación con objeto licito. La propuesta obligará a los manifestantes a no solo dar aviso a las autoridades sobre cualquier marcha que pretenda realizarse, sino que tendrán que pedir permiso y como tal, este se les puede negar. Esta ley permitirá a las autoridades competentes, es decir, a las corporaciones policiacas, disolver manifestaciones con la simple protesta o queja de un tercero, dejando de lado el precepto constitucional de “No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee” incluido en el artículo noveno de la Carta Magna. Uno de los tres legisladores que se opusieron a la ley, Hernán Villatoro Barrios la calificó como una “aberración jurídica” y mencionó también que tiene fines políticos al ser una precaución contra futuras manifestaciones magisteriales y de transportistas. Quienes votaron a favor de la ley sostienen que esta crea un equilibrio entre el derecho a manifestarse y el derecho al libre tránsito, ambos reconocidos en la Constitución. Esta Ley de Ordenamiento Cívico en Quintana Roo es la primera en su clase en México.
Publicidad
