El alcalde de Mexicali, Jaime Rafael Díaz Ochoa, anda que no lo calienta ni el calorón de su ciudad. No por su presunta relación extramarital que ha trascendido hasta convertirse en un escándalo público y político, sino por la orden de aseguramiento y retención de la mitad de su patrimonio, dictada por la Juez Segundo de lo Familiar en el juicio de divorcio promovido por su cónyuge. La orden emitida el 14 de enero pasado afecta directamente las cuentas bancarias de Díaz Ochoa, pues la impartidora de justicia proveyó -en el proceso de divorcio necesario 4/2014- se asegure y retenga el 50 por ciento del total de las cantidades que posea el funcionario en el banco. Jaime Rafael promovió el 3 de marzo un juicio de amparo, el 125/2014, en el índice del Juzgado Quinto de Distrito con residencia en Mexicali. Reclama actos desde que la demanda de divorcio se llevaba en el Juzgado Primero de lo Familiar (expediente 1251/2013), pero en esa parte se desechó su intento de amparo por ser extemporáneo. Solo se admitió por la afectación en sus cuentas bancarias. La audiencia constitucional en la que se resolvería el juicio de garantías estaba señalada para el 29 de abril, pero fue diferida, debido a que Díaz Ochoa presentó una queja por cuanto hace a la parte de la demanda desechada. El asunto fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado para que se resuelva la queja 119/2014. El escándalo de los pasillos de la Alcaldía pasó a los tribunales, que en fecha próxima decidirán si persiste la inmovilización del 50 por ciento de los recursos bancarios del presidente municipal, o le liberan de esa carga que le está carcomiendo las vísceras.
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