Regidores de descanso postergan los malos manejos por más de 224 millones de pesos, cometidos por el funcionario del ayuntamiento cabeño Los Cabos, Baja California Sur.- El tiempo se les vino encima a los regidores del XI Ayuntamiento de Los Cabos, y en virtud del inicio del periodo vacacional de Semana Santa, guardaron el expediente, y dejaron para después el caso de los malos manejos del tesorero Gerardo Manríquez Amador, acusado de incurrir en uso indebido de más de 224 millones de pesos. Como si hubieran cumplido a cabalidad con sus obligaciones y todo estuviera en orden, los ediles tomaron muy en serio sus vacaciones y prácticamente desaparecieron del escenario público hasta el próximo 28 de abril. El presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, adelantó que “los regidores solicitaron posponer la fecha de la comparecencia del tesorero prevista para el 14 de abril en el seno del cabildo, y donde incluso comparecería también el contralor municipal cabeño”. Y es que 8 de 13 ediles habían solicitado la comparecencia de Manríquez Amador, y del contralor municipal, Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña, a raíz de que este último cedió a las presiones externas del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, y cambió de última hora el dictamen de suspensión de labores por 30 días en contra del responsable de las finanzas de los cabeños, tras haberlo encontrado culpable de malos manejos de recursos públicos. El contralor emitió un débil dictamen de solo “Amonestación” en contra del responsable de manejar el dinero de la ciudadanía por el uso irregular de 224 millones de pesos, lo que de entrada fue tomado como una burla por los regidores, y generó una fuerte fisura al interior del cabildo. Según datos recabados por <strong>ZETA, la división de regidores quedó de la siguiente manera: 1.- A favor del dictamen de la amonestación, el alcalde José Antonio Agúndez Montaño, Emilia Vega Uribe, Juan Mauricio Albañez Albañez, Víctor Manuel Ortegón Góngora y Anel Susana Marrón, esta última, dicho sea de paso, esposa del director de Comunicación Social, Javier Ruiz Almanza. 2.- En contra del veredicto, el síndico Oswaldo Murillo Martínez y los regidores Julio César Castro Pérez, Juan Octavio Arvizu Buendía, Ana María Wilson Izquierdo, Reynaldo Zatarain Valera, Mario Fernández Alonso, Eda María Palacios Márquez y Juan Fernández Sánchez Navarro. No obstante, de haber ordenado la investigación, el edil defendió a capa y espada al tesorero y dijo que las irregularidades no es “más que un error que se cometió de manera administrativa, porque no se presentó en tiempo y forma lo que nos obliga la Ley”. — ¿No es una incongruencia, cuando Usted personalmente ordenó y firmó la investigación sobre el caso del manejo irregular de los 224 millones de pesos?, preguntó este Semanario. “Efectivamente yo di la instrucción, pero no es porque el dinero se haya desviado, sino porque el dinero gastado, según los regidores, no se les pidió autorización para gastar un excedente de 224 millones de pesos y el cual al final fue aplicado en obra, y se gastó en lo que el propio gobierno municipal maneja. No hay desvío de recursos ni es dinero que se haya ido fuera de la administración, sino en lo que se correspondía”. El alcalde de Los Cabos, echó de cabeza a los regidores y dijo que “al final de todo, (los regidores) aprobaron el excedente en el ejercicio fiscal del 2013”, donde se hizo el compromiso político, de “sacar adelante una auditoría externa y estaremos lanzando próximamente la convocatoria para conocer cómo se han manejado los recursos públicos durante todo el ejercicio fiscal 2011, 2012 y el 2013, porque queremos dar claridad a lo que la propia normatividad establece”. Durante una entrevista con ZETA Agúndez dijo que “hasta hoy se va a realizar la auditoría, porque lleva un procedimiento, y aunque ciertamente se emitió un dictamen en octubre del 2013, primero necesitaba establecer un presupuesto, ya que de lo contrario, caeríamos en una irregularidad de una ocurrencia del alcalde, regidor o síndico, y por otra parte, también tener el dinero, derivado de que vamos a lanzar una licitación pública nacional y donde puede participar quien quiera”. — ¿Cuánto es lo que se tiene estimado gastar en esta auditoría? “Alrededor, poquito más de 3 millones de pesos, es lo que se tiene presupuestado y esperemos que la empresa que haga la auditoría pueda encajar en ese presupuesto, porque entonces se complicarían las cosas”. El alcalde fue entrevistado en el marco de la presentación del nuevo portal de transparencia del gobierno municipal y donde se jactó de “ser transparente”. —En este evento Usted está diciendo encabezar un gobierno transparente, sin embargo, enfrenta dos juicios promovidos por ZETA en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Uno de esos juicios es justamente el caso de los 224 millones de pesos. ¿Por qué se han negado a entregar la información? “Estamos trabajando nosotros…no ha sido fácil…yo creo que hay otros gobiernos que están más opacos, y bueno, nuestro interés es dar orden, transparencia y legalidad y en el ejercicio, me queda claro que es un recurso público que viene de los propios ciudadanos y que debe destinarse al bien de ellos, y debe ser bajo la normatividad. Tú sabes que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, obliga a los funcionarios a atender lo que esté bajo su competencia”. — ¿Pero por qué el tesorero no quiere entregar cuentas claras y se ha negado a entregar toda la documentación que se le ha pedido vía Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información? ¿Cuál es la causa, o Usted no está enterado de lo que está pasando? “Bueno, lo único que te puedo decir es que hay que preguntárselo al tesorero, ¿no? Porque es responsabilidad de él y debe atender estos asuntos. La instrucción de nosotros es que se responda a cualquier solicitud, y por eso es lo de esta nueva presentación de la página para que esto sea más rápido y ágil”. El dictamen Como era de esperarse, y tras conocerse el pasado 28 de marzo, el resultado del dictamen de solo un “regaño” al tesorero municipal de Los Cabos, la mayoría de regidores respingaron y solicitaron de entrada la destitución no solo de Gerardo Manríquez Amador, sino del contralor municipal, Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña, por considerar que “es una tapadera del cochinero administrativo”. En una reunión privada, los regidores orillaron al alcalde: “O destituyes al tesorero y al contralor”, o “no pasan las cuentas públicas”, fue la advertencia. Según datos recabados por ZETA, tras la reunión, los días de Manríquez en la tesorería están contados, como también los del contralor Aréchiga. La postura de los regidores es de no dar marcha atrás, porque de lo contrario, y una vez terminada su gestión, podrían pagar las consecuencias administrativas y penales por culpa del tesorero. Y es el artículo 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aprobado el 31 de diciembre del 2008 y actualmente en vigencia, establece claramente responsabilidades y sanciones para el alcalde, síndico y regidores, bajo los siguientes supuestos: Fracción II.- Cuando de manera dolosa: omitan o alteren documentos o registros que integran la contabilidad con la finalidad de desvirtuar la veracidad de la información financiera. Fracción III.- No realizar los registros presupuestarios y contables en la forma y términos que establece esta Ley y demás disposiciones aplicables. Fracción IV.- Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan conocimiento de la alteración o falsedad de la documentación o de la información que tenga como consecuencia daños a la hacienda pública o al patrimonio de cualquier ente público, y estando dentro de sus atribuciones, no lo eviten o no lo hagan del conocimiento a su superior jerárquico o autoridad competente. Las sanciones administrativas en este caso pueden ser de carácter político, penal o civil, según determinen las autoridades competentes. Como infracción grave, según la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es cuando los servidores públicos incurran en las faltas contempladas en las fracciones II y IV. Asimismo, en las sanciones penales, contempla de 2 a 7 años de cárcel, y multa de mil a 500 salarios mínimos a quien causando un daño a la hacienda pública o patrimonio de un ente público, incurra en las conductas previstas en las fracciones II y IV del Artículo 85. Sobre el polémico dictamen, el contralor municipal de Los Cabos, Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña, justificó su proceder y dijo que el dictamen “no es débil”, porque “la Ley no me maneja un criterio, solo marca cuál es la forma en que debo sancionar y es como se sacó la resolución”. Dijo estar enterado de la inconformidad de los regidores, y “respeto su sentir”, y estar dispuesto a “asumir las consecuencias”, porque son el máximo órgano dentro del ayuntamiento de Los Cabos, y quienes toman las últimas decisiones. Durante una entrevista con este Semanario, comentó que el dictamen “fue el resultado de estos ordenamientos y su aplicación, y generalmente las sanciones son progresivas, cuando se comete una falta, y la segunda vez viene más intensa la sanción, y así sucesivamente, en este caso, no estamos, y me interesa aclararlo, no estamos determinando en torno al recurso porque se habla de fuertes cantidades, lo que aquí estamos juzgando por así decirlo es si hubo una acción u omisión de la tesorería, y se determina que sí hay una omisión, pero el caso del recurso, ése deberá ser investigado por una auditoría externa, y nosotros solo resolvimos en torno a conductas administrativas”. El contralor dijo que “existen responsabilidades civiles, penales y administrativas, como fue en mi caso, y nosotros no somos el conducto para resolver en cuanto al monto y lo que pueda derivar de él, y eso hasta donde tengo entendido, es facultad de los regidores y quienes ordenaron una auditoría para ver y analizar el ejercicio del dinero público”. — ¿Hubo presiones en el dictamen? “Generalmente la contraloría es una posición en la que se reciben presiones en cada uno de los casos, y entonces la posición de la contraloría es actuar conforme a los lineamientos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y en eso nos apegamos”. — ¿Qué opinión te merece que hayan pedido su renuncia? “Bueno, mi opinión es que ingresamos a la administración pública por propuesta del alcalde y hemos tratado de conducirnos siempre con apego a la legalidad, y considero que la solicitud de mi renuncia, es drástica y radical, sin embargo, no queda en mí definirlo ni decidirlo y ése sería mi comentario al respecto”.
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