A Froylán Trejo le decían “El Maguey”. Y de este individuo me arrimaron muy malos testimonios escritos. Hace 23 años se portó desalmado. Ni temor tuvo cuando le ordenaron “…llévate esto de aquí”. Entonces cargó el cadáver de Alberto Rodríguez y se largó a tirarlo. Escogió crecido hierberío. Cerquita de la Quinta San Lunes, terrenos del hidalguense municipio Mineral de Reforma. Fue una ingratitud. Rayó en lo inhumano. Cómo siempre en tales desgracias, un cristiano pasó por allí de casualidad. Primero se espantó y luego fue casi volando con la policía. Inmediatamente salió el alboroto. Para pronto fiscal y agentes reconocieron al difunto: Periodista. Fundó y dirigía los semanarios Avance Gráfico y Eco. Nada más lo supieron, sus compañeros protestaron públicamente. Luego se conocería por las investigaciones. Alberto andaba escarbando la pútrida prostitución. Sabía quiénes eran los perversos alcahuetes y cómo abusaban de las mujeres. No se medían física y económicamente. Entonces como ahora no fue novedad. Agentes de la Policía Estatal mataron al periodista. No les convenía si publicaba algo de tan pestilente negocio. Arruinaría a muchos que desde el Gobierno estaban protegiendo la pirujería. Por eso recibían gordura de billetes. Don Alberto Rodríguez era el Procurador del Estado de Hidalgo. No se tentó el corazón ni anduvo de tapadera. Encarceló a los policías matones Juan Manuel Núñez Montes de Oca, Raúl González Zamora y Jorge Paredes Flores. No había duda de su delito. Fueron presentados a la prensa por el Director de Averiguaciones Previas, Juan Federico Fernández Ordóñez. Le acompañaron Jorge Bernal, Jefe de la Judicial y León Teutli Altamirano de Seguridad Pública. Luego descubrieron: Dos luchadores profesionales se entrometieron en la canallada y los detuvieron: Antonio Villafuerte García “Ave Negra” y Rodolfo Hirscberg Flores “El Hitler”. Confesiones, pruebas, inspecciones y análisis forenses estaban clarísimos. Por eso tomándose todo el tiempo les sentenció el Juez Primero de lo Penal, Licenciado Tufik Habib Karam. Pero de nada sirvió. Con el pasar de los meses hubo una porquería. La capitaneó Jaime Díaz Bolaños Paz. Era Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Echó abajo la sentencia. Absolvió a los acusados. Le ayudaron cierto pasquín “y un cuerpo de abogados particulares pagados, nunca se supo por quién”. A varios compañeros periodistas y a mí nos envió estos datos por correo electrónico el Licenciado Joel Sánchez Rodríguez. Como el de Alberto Rodríguez hay muchos crímenes de periodistas sin castigo. Normalmente son autores e intocables desde gobernadores hasta su parentela y amigos. De nada sirven jueces rectos porque hay muchos chuecos. Se impone hasta el tiempo. Pasados 20 años legalmente no se puede perseguir, procesar ni sentenciar culpables. Hace 23 años fue asesinado Rodríguez. Por eso el delito se esfumó. Pronto sucederá lo mismo con otros asesinatos de periodistas en varias ciudades. Los hechos demuestran que en los gobiernos estatales jamás castigan sus propios crímenes. Por eso hice una proposición y fue aceptada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP): Solicitarle por escrito al Presidente Fox que “…el asesinato de periodistas, por tratarse de un crimen dirigido a coartar derechos y libertades básicos de la sociedad, deben ser considerados como un delito de jurisdicción federal”. Le enviamos carta en agosto 30 del 2002. Firmamos Roberto Cox, entonces presidente de la SIP; Rafael Molina, Comisionado de Prensa; Andrés García Gamboa, ahora dirigente de la Interamericana; Juan Francisco Ealy Ortiz de “El Universal” y José Santiago Healy de Periódicos Healy. A los 19 días de septiembre nos contestó el Presidente personalmente. Estampó su firma en el documento afirmando “…el gobierno que encabezo está empeñado en garantizar el más alto nivel de respeto a los derechos humanos”. Y en la carta resaltó un punto jamás aceptado ni prometido por otro presidente: Que nuestra petición “…es una iniciativa que mi gobierno va a considerar con el mayor interés, porque comparto con Ustedes que la Libertad de Expresión y el derecho a la información son principios inalienables del ser humano”. Fox se obligó más, comprometiendo a los gobernadores: “Esta administración resolverá los asuntos que sean de su competencia y brindará apoyo a través de los mecanismos institucionales como el Sistema de Seguridad Pública y la Reunión Nacional de Procuradores de Justicia, en la investigación de aquellos de ámbito estatal“. Cuando recibí copia de tan histórica comunicación compartí satisfacción y alegría con mis compañeros. Fue una buena noticia. Pero la mala es que hace casi cuatro meses de la promesa y Fox no ha cumplido. Sus colaboradores no recibieron o desobedecieron sobre cómo armar la iniciativa. Y a falta de tal, los diputados no podrán modificar nuestra ley. De todos modos “cabildearemos” con los legisladores mientras les llega la promoción. Desgraciadamente Fox tampoco ha cumplido otra promesa escrita: “Brindar apoyo a través de la reunión Nacional de Procuradores”. Volvemos a lo mismo. O no lo hizo o le ignoraron. Ningún procurador estatal tocó uno de los muchos expedientes sobre crímenes de periodistas. Y debe quedar claro. Su obligación es tratarlos hasta el fin. No hay necesidad ni articulado legal que obligue a recordárselos. En Tijuana el asunto Héctor Félix Miranda está pendiente desde 1988. Los gobernadores panistas saben quién ordenó el crimen. Pero tres y el actual mandatario han temblado de horror ante el poder de un priísta ya desaparecido y una familia sobreviviente. En Sonora le tienen tirria al caso de Benjamín Flores asesinado en San Luis Río Colorado. Igual en Tamaulipas con el crimen de Armando Meléndez. O el de Víctor Hernández Martínez en el Distrito Federal. También José Luis Ortega de Ojinaga y Víctor Oropeza en Chihuahua. José Agustín Reyes en La Paz, Baja California: Jorge Martínez Dorantes, Enrique Peralta Torres y José Luis Rojas de Cuernavaca, Morelos: Ruperto Armenta Gerardo, Guasave, Sinaloa; Cuauhtémoc Ornelas Ocampo, Torreón, Coahuila; Abel Bueno León de Chilpancingo, Guerrero; Margarito Morales, Cocula, Jalisco; Luis Mario García, México, D.F; Pedro Valle Hernández, Zihuatanejo, Guerrero; Mario Morales Palacios, Matamoros, Tamaulipas; Ramiro Ramírez Duarte, Zacapu, Michoacán; Luis Roberto Cruz Martínez, Reynosa, Tamaulipas; Pablo Pineda Gaucín, Matamoros, Tamaulipas; José Ramírez Puente, Ciudad Juárez; Hugo Sánchez Eustaqui, Atizapán de Zaragoza y sin terminar la trágica nómina, Saúl Antonio Martínez Gutiérrez de Matamoros, Tamaulipas. Me desilusionaría mucho si ésta y por escrito de Fox, se convierte en otra promesa incumplida. Tomado de la colección “Conversaciones Privadas” de Jesús Blancornelas, publicado el 7 de enero de 2003.
Publicidad
