Si la PGR no cumplimentó la orden de aprehensión, fue por negligencia, concluyen. Hay más empresas en Mexicali que ofrecen planes médicos; en el caso de la compañía investigada, refieren que no vendieron seguros, sino “servicio médicos”. Por ser delito grave, no alcanzan fianza La petición que inició el procedimiento penal contra el secretario de Gobierno con licencia, Guillermo Trejo Dozal, vino desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -con opinión previa de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas-, mediante oficio 529-V-DGDFDy D-819, fechado el 6 de junio de 2013 y presentado por Flavio Carlos Valadez, titular de Delitos Financieros de la Procuraduría Fiscal de la Federación, parte de la SHCP que encabeza Luis Videgaray Caso. El 31 de enero de 2014, el Juzgado Sexto obsequió la orden de aprehensión contra los cuatro connotados médicos-empresarios, pero ninguna se ha concretado. Lo que no hizo la justicia federal, lo consumó una filtración que llegó hasta los correos de varios comunicadores entre la tarde del domingo 6 y la mañana del lunes 7 de abril. Durante varias horas, el silencio fue la respuesta oficial y, aproximadamente a las cinco de la tarde, a través de un boletín de prensa emitido por Comunicación Social del Gobierno del Estado de Baja California, se anunciaba la separación del cargo de secretario general de Gobierno, doctor Guillermo Trejo Dozal, manejándolo como una “solicitud de separación temporal”, aceptada por el mandatario Francisco Vega de Lamadrid “a efecto de atender un asunto personal en el ámbito legal…”. La caída “temporal” de Trejo Dozal resulta el primer descalabro para la administración estatal que encabeza el panista Kiko Vega, con apenas cinco meses gobernando. Oficialmente se dijo que la oficial mayor, Loreto Quintero, asumiría momentáneamente las funciones, apoyada por el actual subsecretario -panista también- Francisco Rueda Gómez. Pisará la cárcel Herman López Frank, presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, concluye Trejo “tiene un problema muy grave, tendrá que pisar la cárcel”, en relación al proceso judicial que enfrenta quien hasta el lunes 7 de abril, fungiera como secretario General de Gobierno de Baja California, quien enfrenta una orden de aprehensión girada desde el 31 de enero de este año. El especialista explica que, por ser delito grave, no hay posibilidad de fianza y, ante un amparo, no procede la suspensión provisional, dentro del proceso judicial que se sigue a Trejo Dozal y otros dos socios de la empresa Latino Servicios de Salud. El siguiente paso sería rendir la declaración preparatoria, ya sea porque es detenido o porque se presente voluntariamente a declarar, y aunque estuviese amparado, sería encarcelado. “El proceso está suspendido hasta en tanto él sea detenido”, sostuvo López Frank en alusión a la mecánica del procedimiento judicial. Y es que aun con el amparo promovido, el propio Juez de Amparo -que sería otra instancia- debe explicar que por ser delito grave, no procede la suspensión provisional y le puede pedir una garantía económica para darle oportunidad que llegue hasta el Juez de Distrito, pero su libertad quedaría a cargo del Juez de Amparo; mientras, podrían pasar al menos tres meses, lapso que el indiciado tendrá que pasar en el Centro de Readaptación Social de la localidad. “Aquí la cuestión es que esta persona tiene que entrar al CERESO, en cualquier momento”, afirma el presidente del Colegio de Abogados de Mexicali. Según López Frank, el vender seguros sin el permiso federal constituye un delito grave, previsto por el Artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales: “Aquí hay una realidad, hay una orden de aprehensión por un delito grave, no alcanza libertad caucional”, recalcando que si una persona es detenida por una orden de aprehensión por un delito grave, tiene que ser ingresada en el CERESO. Para el entrevistado, el que no se haya concretado la orden de aprehensión solo se explica por la deficiencia de la Procuraduría General de la Republica. Menciona otro hecho, como el que al salir una orden de aprehensión de estas características, automáticamente debe subirse a la llamada Plataforma México, lo que implica que el señalado puede ser detenido en cualquier lugar de la República, ya que son requeridos por un Juez de Distrito. En cuanto a que no a todos los socios de la empresa se les haya girado orden de aprehensión -se excluyó a Carlo Bonfante, actual Secretario de Desarrollo Económico-, el abogado explica que es el MP Federal la instancia para incluir todos los elementos en el expediente. “Eso ya suena raro”, comenta el especialista y académico en alusión a esa no inclusión, calificando el caso en general como “no usual, no común”. Interpretaron la Ley como les dio su gana: Latino Servicios de Salud “Nunca hemos manejado la palabra seguro, ni indemnización, ni nada por el estilo, está muy claro ante todo mundo”, sostiene Marco Antonio Peña, encargado de la empresa Latino Servicios de Salud, quien a su vez, considera que el fondo del asunto ha sido por el término, la palabra. “Si a ti te da una apendicitis yo te cubro hasta 20 mil pesos”, dice a manera de síntesis del servicio médico que han venido prestando desde 2009. Refiere que el Plan incluye atención dental, limpieza, revisión anual –mujeres, Rayos X de mama, cérvico uterinos; hombres, el prostático-, la revisión que todos nos tenemos que hacer al menos una vez al año, descontándosele a los usuarios un promedio de 58 pesos semanales. — Entonces, ¿dónde estuvo el error? “Es la interpretación de la Ley a como les dé su gana, y si te quieres fregar a alguien, es una forma fácil de meterlo al bote”. Suma un comentario: en junio de 2013, citaron a la gente a declarar, y en enero de 2014 ya había orden de aprehensión. Peña comenta que la empresa inició operaciones buscando la integración de hospitales y consultorios para atender a empleados de empresas, promoviendo la implementación de un plan de cobertura médica limitada hasta 20 mil pesos. En Mexicali operan cinco empresas que ofertan servicios similares, aunque con infraestructura médica muy diferente. “La intención es atenderlos, desde una simple gripa hasta cirugías menores. “Nosotros tenemos los consultorios ahí, es una infraestructura que es requisito para cumplir el Artículo 3 de la Ley de Seguros y Fianzas, nosotros estábamos confiando en que no estábamos incurriendo en un delito”, asevera Peña en apresurada entrevista telefónica. Explica que ante ese tipo de operaciones, la idea era estar seguros de que estaban operando bien, por lo que en 2010 se consultó a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Asegura que desde 2009 ya tenían una opinión favorable de un perito registrado ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. “Su opinión fue que no incurríamos en ningún delito”. Refiere que la CNSF nunca emitió oficialmente su opinión, pero en enero de 2011 tuvieron una visita de esa dependencia desconcentrada de la SHCP, donde revisaron el listado de clientes, montos y gastos aproximados. “En corto se nos dijo que no incurríamos en el delito porque teníamos instalaciones propias, operábamos regionalmente y, si era necesaria una operación, forzosamente se realizaban en el Hospital Hispano o el de la Familia; eso era parte del Plan, y los socios de esos hospitales son socios de Latino”. En palabras de Marco Antonio Peña, se quedaron con esa opinión y con el documento del perito. En junio de 2013 surgió la primera investigación, y les llamó la atención que citaron a la gente de la cual ellos les habían dado la información. “No dijeron nada contra nosotros”, fue hasta julio del mismo año que se dieron cuenta que estaban siendo parte de una investigación federal. El encargado de Latino Servicios de Salud indica que ellos manejaron el servicio siempre como un plan, no como un seguro. Comenta además que el Código de Procedimientos Penales homogenizó, a partir de marzo y a nivel nacional, todo lo relacionado a esto. “Un punto importante es que los delitos que se consideran graves, no tienen derecho a fianza ni amparo -donde se incluye terrorismo, sabotaje, traición a la patria-, lo que esperábamos es que nos dijeran, ‘aquí la están regando, y corríjanse’, o ‘tienen una multa, o lo cerramos’. Pero nada de eso, simplemente se fueron a la yugular, y sobre todo que hay una cabeza ahí, que es la que más buscaban”, expone el encargado de la empresa. Ahora esperan que se aplique la modificación al Código de Procedimientos Penales para poder tener derecho a fianza. “Nosotros en lo que nos basamos es que no hay dolo, nosotros levantamos la mano y preguntamos”, insiste Marco Antonio, además de aceptar que también existe incertidumbre de una posible detención. Expone que sí se cuenta con los elementos probatorios, y que con esos elementos comprobatorios queden eximidos de cargos, o la otra opción es que la autoridad admita que el proceso prosiga amparados y pagando una fianza, con libertad bajo caución. “Cualquiera de las dos es la que queremos”, finalizó. Desviación de seguro “Han aumentado ese tipo de negocios”, refiere el presidente de la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas en Mexicali, Reginaldo Esquer Toledo, en relación a empresas que cobran una pequeña cantidad por otorgar el servicio de gastos médicos menores con un limitante estimado en 20 mil pesos. “No es una aseguradora”, explica el titular del organismo que aglutina a agentes de seguros cachanillas, añadiendo que en Mexicali existen varias compañías -quizá media docena- que ofrecen ese servicio. “Yo digo que el servicio que están dando a la sociedad es bueno, no está mal. El problema es que es una desviación de lo que nosotros manejamos como seguro. ¿Cómo cumplirían con todos esos compromisos?”, se auto cuestiona Esquer, quien amplía: “Si manejamos riesgos que no sabemos cuándo van a ocurrir, ¿qué pasaría en un evento masivo? ¿No tendrían los recursos para pagar? Y no a los médicos, porque a ellos posiblemente sean contratados por un sueldo, pero medicinas, atención a hospitales”. Esquer Toledo abunda que hay empresas que tienen contratadas las dos opciones, el gasto medico menor -para una atención inmediata- y los seguros de gastos médicos, que contemplan un deducible, un co-seguro. También, que existen las denominadas ISES (Instituciones de Seguros Especializadas en Gastos Médicos), empresas que sí están autorizadas y reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. “Esas están registradas ante la Secretaría de Salud, están reguladas, esas sí tiene sus capitales, sus reservas, y funcionan como gastos médicos menores y mayores también. Tienen atención preventiva y exámenes cada determinado tiempo”. El consultado comenta que hay médicos que se han unido para dar ese servicio a empresas estadounidenses, tanto del lado norteamericano como del mexicano, aunque parece que esa opción binacional no ha podido ser regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), “aquí el problema es que no estén regladas por la Comisión… ¿quién les va a exigir que cumplan ese contrato?”. El especialista insiste en que, si se trata de un seguro, debe estar regulado por la CNSF, un organismo gubernamental -similar a la Comisión Nacional Bancaria- desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Esto porque las aseguradoras tienen que depositar las reservas técnicas. No puedes ‘poner un precio nomás porque sí, del costo de un servicio, de una prima. Existe la instancia reguladora en ese sentido. En el caso de gastos médicos menores, aparte de las ISES, son las que no están reguladas por la Comisión”, señala Esquer Toledo, para después añadir que esas instancias deben estar reguladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que tienen un costo y las empresas deben deducir ese gasto. “No creo que sean los únicos aquí en Mexicali que estén haciendo ese tipo de servicios”, dice Esquer en alusión a la empresa donde se involucró Trejo Dozal. El presidente de la AMASFAC asegura tener 35 años de experiencia en la venta de seguros en Mexicali, y que desde al menos hace 25 años, algunas empresas han promovido los llamados “seguros de gastos médicos menores”. Se le pregunta si recuerda algún antecedente de demandas y órdenes de aprehensión a integrantes de compañías de este tipo, a lo que responde, sin pensarlo mucho, “honestamente no… no entiendo esto, no sé si alguien se quejó, o están tratando de regular este tipo de empresa. No es una práctica reciente, ni son los únicos”, sintetiza Esquer Toledo. Contrato de servicios, no seguro “Siento que ellos no estaban realmente operando como una aseguradora”, establece el abogado Elías Flores Gallegos, “ellos dicen que se violó el Artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, pero esa Ley solo regula a las instituciones y a las sociedades mutualistas, ambas de seguros. Pero hay otra Ley, que es la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. De los documentos que he tenido oportunidad de revisar, no se desprende que se haya violado ninguna disposición de la Ley de Instituciones de Seguros”. En su opinión, la acusación principal es que estaban operando como una aseguradora, las cuales se regulan por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, no por la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas. “Aquí como que buscaron por donde amolar a estos cuates, lo que hicieron fue encuadrar lo que ellos están haciendo en un delito”, asevera Flores sobre que los acusen de estar realizando operaciones de seguros y les apliquen la Ley de Sociedades Mutualistas, una legislación distinta. “Para mí es más apegado lo que ellos hacen a un Contrato de Prestación de Servicios Individuales, con una especie de prepago, pero con un monto topado”, argumenta Flores Gallegos en función de lo que significa un plan de servicios médicos -independientemente del nombre que le pongan-, más que un seguro. “La esencia es la prestación de un servicio”, aclara. El abogado no ve con claridad el elemento subjetivo del delito, el dolo, sobre todo en función de que los usuarios no se han querellado, lo cual significa que el servicio es bueno y están contentos con el servicio. “Es muy cuestionable (el proceso legal) y delicado, porque puede afectar a otros sectores. Para mí más que nada es una violación administrativa”, resume. Vaivenes políticos Oftalmólogo de profesión, Guillermo Trejo Dozal ha llevado la controversia adherida a su participación política. En 1989 encabezó un grupo de médicos cachanillas que apoyaron al panista Ernesto Ruffo y, ante el triunfo, ocupó primero la Dirección del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California (ISSSTECALI), y posteriormente, la Dirección de Desarrollo Social. De esta última dependencia salió en 1995, tras unas desafortunadas declaraciones periodísticas donde aceptaba que la entrega de despensas tenía como fin recabar votos al partido blanquiazul. El especialista se refugió en su consultorio, pero en 2004 lo resucitaron los perredistas, volviéndolo candidato a la alcaldía de Mexicali –“Hacen falta más huevos”, su frase de campaña-, apoyado por el entonces líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, Leonel Cota. Ante la derrota municipal, Trejo reapareció cuatro años después, de nuevo con el PRD, en la lista de aspirantes a la dirección estatal del perredismo, lo que tampoco concretó. En 2013, sorpresivamente reapareció en la escena pública al ser designado por el panista Francisco Vega de Lamadrid como secretario general de Gobierno, virtualmente el número dos del gabinete. Salida de Trejo: retroceso Empresarios proponen: Juan Manuel Gastélum o Gastón Luken a la Secretaría Al salir Guillermo Trejo Dozal, el segundo de abordo en la administración estatal, para hacer frente a una orden de aprehensión en su contra, la administración de Francisco Vega de Lamadrid tiene un retroceso, pues lo poco que se ha avanzado en los primeros tres meses del año, queda en suspenso, coincidieron organismos empresariales en Tijuana. Los titulares del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Manuel Hernández Niebla, y de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), René Romandía Tamayo, afirman que corresponderá al gobierno estatal definir si el funcionario con permiso, renuncia en definitiva al cargo, o lo mantiene en el puesto hasta que aclare su situación legal. En lo que concuerdan los empresarios, es que las características de un secretario de Gobierno deben ser: integridad, conciliación, trabajo en equipo, poder de convocatoria, y buen operador político. Trejo fue secretario del consejo de administración de la firma Latino Servicios de Salud S.C. y/o Latino Health Care, la cual habría facturado seguros médicos por más de 4 millones y medio de pesos, sin la licencia ni estructura correspondiente para cumplir con los asegurados, razón por la cual se le investigó, y el juez generó la orden de aprehensión. Según Tamayo Romandía, apenas va empezando el sexenio de Francisco Vega de Lamadrid “y todo esto es una señal que vamos a retroceder en los pocos avances que hemos tenido. Esa es nuestra preocupación y nos molesta, porque ya debería haber resultados. Generalmente cuando vas a tomar una posición importante se revisa tu perfil, que no tengas problemas con la autoridad, y me extraña porque este caso no es nuevo, es un litigio que lleva unos meses. Consideraron que esta demanda legal era cualquier cosa, pero no fue así”. Por otro lado, abundó, hay que darle el beneficio de la duda al secretario y que aclare su situación: “Como empresario tenemos que ver cómo viene la demanda. Si viene por presiones de empresas trasnacionales que consideraron el giro de negocio en el que estuvo el secretario, que no fue una competencia legal, sino desleal porque ofertaban un servicio; porque de acuerdo a la interpretación, se considera como servicio y no como seguro médico, al final del día van a ir a un caso legal, él se va a amparar, va a poner sus abogados para defenderse. Es un litigio donde puede haber una negociación para llegar a buenos términos, o en sí, pueden tardar meses o hasta años”. — ¿El secretario debió pedir permiso o renunciar? “Esa decisión la debe tomar el secretario con el gobernador, qué es lo mejor para la administración y que ellos tomen la decisión. No sé si al caso se le pueda dar decisión inmediata, pero creo que ya no regresa”. — ¿Cuáles deben ser las características del próximo secretario? “Debe ser una persona que sea un conciliador, que pueda trabajar en equipo, que realmente vea las necesidades del estado, que tenga poder de convocatoria. Es lo que me gustaría más que su carrera política, que pudiera hacer equipo de trabajo”. — ¿A quién propondría? “Tiene que ser azul, muy de confianza de Francisco Vega. El más allegado es Juan Manuel Gastélum, o bien, Antonio Valladolid”. Por su parte, Juan Manuel Hernández Niebla habló con el secretario de Desarrollo Económico en el Estado, Carlo Bonfante: “Me dijo que desde hace tres años y medio, ambos se habían desligado de esa operación (Latino Servicios de Salud S.C. y/o Latino Health Care). Y dijo garantizarme que las cosas se estaban haciendo bien, y ésta es una situación más de tipo político que de tipo legal y administrativo. No me dio nombres de dónde venía el golpe, pero me lo hizo saber de esa manera”. A decir por Hernández, se debe dar el beneficio de la duda al indiciado, para que demuestre que efectivamente no hay ninguna actividad ilegal de su parte: “La gobernabilidad del Estado es responsabilidad del gobernador, él sabrá a quién y pone y a quién quita. Él sabrá cómo genera la organización dentro de su gobierno, y a nosotros nos corresponderá pedirle cuentas directamente a él. “La importancia del secretario de Gobierno es primordial, no por nada es el segundo de abordo cuando el gobernador no está presente físicamente. En mi opinión, quien esté en este cargo debe ser un operador político nato. Que tenga una relación con todas las entidades y organismos federales como estatales; quienes intervienen en la labor del Gobierno del Estado en el día a día, es el encargado de prevenir y apagar los fuegos que se le puedan prender al gobernador, y debe tener una visión clara de lo que se requiere en el Estado. “Si me dijeras quién tienen la capacidad para un puesto como éste, diría que Gastón Luken. Es de Mexicali, tiene el respeto de todas las personas y organismos, con una capacidad administrativa y reputación bastante buena. A final de cuentas el gobernador es quien nombra, debe ser una persona de su entera confianza, con quien tenga una comunicación clara y que conozca la visión de gobierno. “Nos preocupa que pasen estas cosas porque es un volver a arrancar. Tenemos un gobierno de cuatro meses, quiero pensar que como el segundo de abordo -el secretario-, debería tener una visión clara”. Por último, el titular del CCE opinó: “No terminamos de entender el objetivo y la visión que se tiene a largo plazo en este gobierno, nos preocupa esta parte de arrancar de cero, esperemos que Guillermo Trejo solucione el problema y pueda continuar con su función”. Dirigentes y legisladores se preocupan por “filtración” Acusan fuego amigo, minimizan orden de aprehensión Sobre la salida de Guillermo Trejo Dozal del Gobierno del Estado, dirigentes partidistas y coordinadores parlamentarios prefieren no especular. Coinciden: lo ocurrido pudiera denotar conflictos en el gabinete del gobernador y deslealtad de sus integrantes. Como secretario general de Gobierno, Guillermo Trejo Dozal cumplió cinco meses de gestión, hasta que la orden de aprehensión en su contra se dio, y su solicitud de licencia fue presentada al gobernador del Estado de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid. Roberto Dávalos, diputado del Partido de la Revolución Democrática, plantea que al interior del gabinete hay quienes aprovechan el enredo legal del secretario con licencia, para intentar sentarse en su silla, la de secretario general de Gobierno. “Era claro que en el Gobierno del Estado hay gentes que les interesa ese espacio, es un espacio toral, un espacio trascendental, porque es el que maneja los asuntos internos del gobierno, es una secretaría que ve asuntos de convenios, de concesiones, y temas álgidos de la política interna del Estado… yo creo que desde el principio se vio que había intereses de la misma gente, del mismo gabinete y yo así lo veo; aprovechan lo ocasión para acelerar este tema”. De ahí parte su hipótesis de un fuego amigo contra Trejo, “sería interesante preguntarle a los medios de donde se sacó la información para darnos cuenta quien la filtró”, puntualiza el perredista. El coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Gustavo Sánchez Vásquez, considera que sería lamentable que la filtración de la orden de aprehensión viniera de uno de los hombres de Kiko Vega. “Una orden de aprehensión, de entrada no debe ser conocida por nadie, inclusive a quien va dirigida, porque ese tipo de procedimientos tienen una secrecía, porque vienen de los Juzgados, lamentablemente esto salió a la luz pública. Yo no tengo los elementos para asegurar si fue filtrada o no fue filtrada, lo que si sé es que fue motivo de comentarios en los medios, y esa circunstancia la torna no correcta… repito, no tengo elementos, pero si fuese así, lamentaría mucho que un asunto personal y delicado se haga político”. René Mendívil, diputado y líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, opina que la forma en que se manejó la información, deja muchas dudas en el significado de cómo se dieron los hechos, toda vez que, aunque la orden de aprehensión es obsequiada el último día del primer mes del año, las consecuencias se dan en este mes de abril. Para José Luis Ovando Patrón, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, hablar de un fuego amigo “es tan ridículo” como pensar que la formulación de este presunto delito, se estuvo fraguando desde años atrás: “Es un asunto que no tiene que ver con la administración pública, es un asunto entre particulares, e insisto, él (Trejo) fue el que solicitó la licencia, le pidió al gobernador que le permitiera atender este tema para no afectar el buen desarrollo del trabajo de gobierno”. Para contextualizar, planteó un ejemplo paralelo sucedido en Michoacán, que asegura, es “radicalmente opuesto”: “En otro extremo tenemos al secretario general de Gobierno priista de Michoacán (Jesús Reyna), que tiene que ser detenido por el Gobierno Federal porque tiene vínculos con ‘La Tuta’, está grabado con el líder de ese cártel (Los Caballeros Templarios), y por supuesto que es un delincuente consumado. O sea, nada más para ponderar las cosas y verlo en el punto más objetivo posible, éste es un asunto entre particulares, que el doctor solicita atender”. Como representante del blanquiazul, se le pregunta si el presunto delito penal podría afectar la imagen del partido en el gobierno: “No, pues es que no tiene nada que ver con un hecho delictivo, es entre particulares, no lo acusan ni de narcotráfico, ni de terrorismo ni nada; es simple diferencia entre particulares que, insisto, se va a resolver pronto, y que él de manera responsable se separa del cargo”. Por su parte, la presidenta del PRI en Baja California, Nancy Sánchez, asegura que el Gobierno del Estado debe valorar que el distanciamiento de Trejo Dozal es temporal, y que regresará a sus funciones, “espero que así sea, porque es una figura necesaria”, espeta. “A partir de que el doctor visita las sedes de los partidos políticos, iniciamos nuevamente un trabajo de contacto con el Congreso estatal, con él mismo, en relación con los acaldes, trabajamos el tema de la Ley del Servicio Civil, lo de la Reforma Política, era nuestro enlace desde que empezó este gobierno”. José Luis Ovando refirió que es muy pronto para hablar de un “buen secretario general de Gobierno”, y Roberto Dávalos prefirió no comentar sobre las funciones de Trejo, “en este caso, del árbol caído no me gustaría hacer leña”, dice. René Mendívil sostiene que es necesario que de tardarse el proceso legal que mantiene a Guillermo Trejo separado de la función pública, se tome la decisión de buscar otras alternativas. “Lo que sí, por supuesto, es que no podemos dilatar en razón de esperar en alguna definición de certeza en cuanto al tiempo que estará separado, si es una separación temporal, como hasta hoy se nos ha comentado es de treinta días. Sería importante que en ese lapso se esclarezca si hay o no responsabilidad penal, pero si excede se plazo y sigue la incertidumbre respecto a la circunstancia jurídica que tendría el doctor, pues sin duda tendrá que replantearse lo que ha manifestado”. Gustavo Sánchez Vásquez, es de la idea que no es de urgencia un nuevo nombramiento, y se somete a la Ley que, dicta, se otorgue a la oficial mayor, Loreto Quintero, la responsabilidad. Pero de ser necesario un nuevo nombramiento, especifica: “Una persona que sea leal al gobernador”. Saúl Alejandro Ramírez
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