Ante la alerta de búsqueda de personas extraviadas, autoridades atribuyen las ausencias a conflictos domésticos y sin delito aparente de por medio, y la tarea de encontrar a desaparecidos queda en manos de la familia. De los mil 403 casos reportados en 2013, 702 siguen registrados como no localizados, cifra a la que ahora se suma una psicosis de supuesto robo de menores Itzel Karina Velasco Valenzuela, de 17 años de edad, desapareció cuando salió de su casa a un mandado. Su ausencia aquella tarde de marzo de 2013 fue forzada. Inmediatamente su familia acudió a presentar el reporte ante autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Mexicali, lugar donde radica la familia Velasco Valenzuela, pero no fueron atendidos en lo inmediato. Pasadas rigurosamente 72 horas de la desaparición, las autoridades aceptaron levantar el reporte, “pero no hicieron nada, por días, semanas, no supimos nada de ellos, por lo que decidimos buscar por nuestra cuenta”, informó la madre de la joven. Tras varios días de ausencia, Itzel Karina se reportó vía telefónica para decir que no podía darles cuenta de su ubicación, “porque se metería en problemas”, lo que alarmó más a la familia. Casi medio año después, tras una indagatoria sin tregua y a cuenta propia, su familia logró localizarla. Su estado no era óptimo, pero decidieron no llevar el caso más allá de la amarga experiencia ya vivida. No más denuncias infructuosas que les mostraran la indolencia de las autoridades, “lo importante es que ella ya está con nosotros y a salvo”, expuso su madre en entrevista a ZETA, para agregar que en enero de 2014, meses después de haberla encontrado, las autoridades se reportaron “para dar seguimiento al caso de su hija”. Este hecho resume lo “pronta, expedita y sensibilizada” que es la procuración de justicia cuando de personas etiquetadas de ausentes se trata. No pasa nada Menores de edad o jóvenes mujeres desaparecen en Baja California sin dejar rastro, el promedio es de 10 al mes, hecho que no alarma a las autoridades. Justifican las ausencias a problemas de desintegración familiar, aun cuando a las frías estadísticas se suman hechos mortales. Esta cifra se desprende de otra igual o más alarmante: 702 personas no localizadas tan solo en 2013, de las mil 403 reportadas en la entidad, de las cuales el 80 por ciento son menores de edad. Si bien, un amplio porcentaje de los desaparecidos lo hacen por voluntad, la autoridad no lo puede asentar enfáticamente por no existir un seguimiento puntual del caso. Vaya, hasta para tipificar las desapariciones, el desdén oficial es evidente. Al no existir la petición de un rescate, los casos no entran en la clasificación de secuestro, mucho menos en el de levantados, rango este último en el que la autoridad engloba aquellos relacionados con vendettas del crimen organizado o el narcotráfico. Los no localizados se canalizan al Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), instancia en la que “de poco sirve poner el reporte, porque no investigan”, coinciden quienes viven el infortunio de buscar a un ser querido. “Se van de fiesta”: CAPEA La mayoría de los reportes son porque los extraviados “o se van de fiesta o con el novio”, señala Juan Manuel León Martínez, titular de CAPEA en Tijuana, ciudad que concentra más del 90 por ciento de los no localizados. Justifica con el caso de Magaly Salazar Bravo, supuestamente secuestrada en septiembre de 2012 y quien posteriormente fue localizada trabajando -voluntariamente- en un bar desnudista en Guadalajara, Jalisco. Este argumento es el pretexto oficial para no investigar y convierte la búsqueda en un viacrucis para los familiares, a quienes CAPEA “parece que nos hace el favor”, denunció el familiar de una víctima. Al mes, más de cien personas extraviadas son reportadas en Tijuana; en marzo 2014 se recibieron 134 denuncias, de las cuales 88 personas fueron localizadas. El casi medio centenar de los no localizados no es de alarmar, sostiene León Martínez, porque “al menos el 90 por ciento retornó a sus hogares, pero no se da cuenta a las autoridades de ello, por eso se infla la estadística”. Los casos inconclusos, menos de un 10 por ciento, consideró, “se trata de niños DIF o personas indocumentadas”. Esta versión es desmentida por Consuelo Luna Pineda, subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia: los casos de niños que escapan de los refugios son mínimos, cinco en 2013, tres en Tijuana y dos en Mexicali; ninguno en 2014. El apoyo que se requiere de CAPEA, precisó, “es para localizar a los familiares de los niños DIF, no tanto para reportar a menores desaparecidos”. “Les hacemos la chamba”: familiares Con mensajes a medias, cuatro jóvenes desaparecidos en San Quintín, Baja California, intentan comunicarse con sus familias. Sin razón aparente, la mañana del viernes 4 de abril de 2014 se ausentaron de sus hogares Beatriz Marcos Manuel, de15 años y estudiante del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) Número 146; su amiga, Lizet Abilene Luis García, de 16 y alumna del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California (COBACH); así como Juan Carlos Medrano, de 17, también estudiante del CBTA; y Luis Enrique Ríos Segura, de 15, alumno de la Telesecundaria 29 del Ejido El Papalote. Los cuatro salieron de sus respectivos domicilios para ir a sus centros escolares, pero sus pasos los dirigieron a la Central de Autobuses Costa de Oro. Adquirieron boletos de estudiante con destino a Tijuana, indicaron los encargados de la terminal al padre de una de las jóvenes. Al parecer iban acompañados por alguien no identificado. Si llegaron o no a Tijuana, es algo que no se ha podido confirmar. A casi una semana de su ausencia, la angustia da paso al desespero e impotencia “de ver que las autoridades no hacen nada, ni siquiera han publicado sus datos para que la ciudadanía nos ayude a localizarlos”, anota la mamá de Luis Enrique. Ante la ausencia, las cuatro familias de los estudiantes se reunieron y acudieron a la PGJE de San Quintín; ahí les pidieron esperar e indagar primero con amigos y familiares, antes de poner el reporte. Ese mismo día, Juan Carlos Medrano se comunicó con su hermano y le dijo que “los seis estaban en Mexicali, presentando un examen para ingresar a la Fuerza Aérea, y que ahí se quedarían si pasaban la prueba e inmediatamente colgó”. Una de las chicas, Beatriz, llamó a su hermana Lidia del celular de uno de los jóvenes desaparecidos el miércoles 9 de abril, pero no expresó palabra alguna, luego de un minuto, el teléfono quedó apagado. Mientras los días pasan y la angustia aumenta la desesperación de las familias, las autoridades les piden no perder la calma: “Al fin y al cabo son cosas de chamacos”. Otro caso. Luz del Carmen Aguiar Acosta, de 41 años y enferma de sus facultades mentales, desapareció el martes 4 de febrero de 2014 de su ciudad de origen: San Luis Río Colorado, Sonora. Durante cinco días, su familia trató por cuenta propia de localizarla, utilizando las redes sociales como herramienta de búsqueda. Así obtuvieron evidencia que la desaparecida se encontraba en Mexicali, Baja California. Acudieron a ese municipio a corroborarlo, pidiendo el apoyo de la PGJE, pero les fue negado. “Ni exponiéndoles su cuadro clínico nos tomaron el reporte y nos negaron ayuda para un volanteo”, expuso a ZETA un tío de Luz del Carmen. Como la desaparecida es de San Luis, “el reporte de extravío teníamos que ponerlo allá, solo así podrían aquí apoyarnos con la búsqueda”, agregó. En lo que la familia hacía los preparativos para el retorno, ella fue detenida por no pagar un hot dog que había consumido; uno de los elementos de la Policía Municipal de Mexicali la identificó por la foto que había visto en un blog de noticias, entonces atendió la solicitud de apoyo de la familia. Así, Luz del Carmen pudo volver con los suyos. “Terminamos haciendo la chamba de las autoridades y ellos reciben el sueldo”, concluyó el tío. Brenda Berenice Robles, desaparecida en Tijuana, fue localizada el lunes 7 de abril en Sonora, víctima de violencia familiar. Logró ser rescatada por su hermano, “porque en la PGJE me dijeron que investigara por mi cuenta, y ya que la localizara, les dijera dónde rescatarla”. Finalmente él la encontró y la trajo de vuelta. Justicia ausente Son los familiares quienes realizan la búsqueda y dan pistas de los ausentes, y cuando la Procuraduría del Estado logra armar un caso, el exceso de “trabajo” del juez al que fue asignado impide girar la orden de aprehensión contra el victimario. Es el caso de Leticia Jaime Oliva, de 21 años, levantada el 6 de marzo de 2013 en la colonia Balbuena, en Mexicali; al día siguiente su cuerpo fue localizado calcinado en un callejón entre las calles Michoacán y Morelia en Pueblo Nuevo. El 30 de mayo del mismo año, su familia recibió los resultados del examen de ADN practicado al cuerpo y confirmaron se trataba de Leticia. Al duelo por la pérdida de su hija se suma la impotencia de saber que su asesino no ha sido castigado, aun cuando, asegura, “ya se tiene identificado y ubicado”. Se refiere a las declaraciones de testigos que presenciaron cuando Leticia fue forzada a subir a un taxi. Sin embargo, a un año del hecho no se ha girado orden de aprehensión contra el supuesto asesino, “porque el juez tiene mucho trabajo”, le argumentan agentes ministeriales y el licenciado de oficio asignados a su caso, a la abatida madre. “Alerta Amber no es mi obligación”: CAPEA El 80 por ciento de los extraviados en Baja California son menores de edad, hecho que se atribuye “a la desintegración familiar y falta de comunicación, y en eso nosotros no podemos ayudar mucho”, anotó el titular de CAPEA, Juan Manuel León Martínez. Los menores huyen del hogar evadiendo la responsabilidad de alguna actividad encomendada, pero al tiempo retornan, agregó. Por ello, para la localización de un menor no siempre se activa la Alerta Amber, sistema que permite la notificación pública de menores desaparecidos. León Martínez explicó que solo se activa antes de las tres horas de extraviado el menor, siempre y cuando éste cuente con 12 años o menos, “y se tengan evidencias reales que está expuesto a un peligro inminente de daño físico”. Aclaró que no porque no se dé una Alerta Amber se va a dejar de investigar, como tampoco su activación significa que se va a localizar más rápido a la persona. “Alerta Amber no es mi obligación, ni es mi compromiso directo el localizar a la persona; Alerta Amber son todos”, subrayó. Si bien es cierto, los desenlaces trágicos de Alertas Amber han sido de menores victimizados por algún familiar o una persona cercana a su entorno, es un hecho que ni en Baja California, ni en ninguna otra entidad del país, se cuenta con una base de datos que permita un radio de búsqueda mayor. Salvo acuerdos “de palabra”, supeditados a las relaciones personales entre el titular de CAPEA y sus homólogos del resto de los estados de la República, no existe un sistema que enliste todos y cada uno de los casos de personas desaparecidas y/o extraviadas. “Hace falta más tecnología”, admite León Martínez. Ya sea ausentes o desaparecidos, cualquiera que sea la clasificación que se les dé, la apatía de las autoridades en la atención de casos denunciados es el común denominador, señala Fernando Ocegueda, coordinador de la Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California. La omisión raya en la indolencia cuando se trata de hombres, así sean menores de edad: “Resígnese señor, su hijo es de los casos de ‘El Pozolero’”, es la respuesta que le dan a Víctor Valenzuela cuando acude a la Procuraduría General de Justicia del Estado a preguntar por la investigación de su hijo de 16 años, del que no sabe desde hace cinco años. El tema de los desaparecidos en la entidad es manejado por encimita, “no es redituable hablar de ello”, refiere Fernando Ocegueda. El fantasma de la trata El hecho que Baja California ocupe el tercer lugar nacional en el número de averiguaciones previas, 92 casos de 2011 a la fecha, contra el delito de trata de personas y que se haya rescatado a 157 víctimas, como lo expone Claudia Murillo, fiscal contra la Trata en la entidad, pareciera carecer de relevancia; las autoridades no vinculan la desaparición de personas con este flagelo. “Y sí hay una relación, porque mujeres desaparecidas en Tlaxcala han sido localizadas en prostíbulos de Tijuana”, afirma Gabriela Navarro Peraza, coordinadora estatal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Declaración que se contrapone con la versión de Miguel Ángel Guerrero, subprocurador contra la Delincuencia Organizada, quien no ha detectado banda de trata en Tijuana. “Hay como dos o tres expedientes de mujeres desaparecidas, pero no relacionados con ese tema”. Pero Gabriela Navarro insiste: “Si buscan, van a encontrar”. Así como en Baja California, particularmente Tijuana, han sido localizadas jóvenes provenientes de otras entidades, la mayoría seducidas y traídas con engaños, “así podría localizarse a nuestras jóvenes desaparecidas en otras estados del país”, compartió Claudia Murillo. Pese a los pobres resultados, Miguel Ángel Guerrero exhorta a la población a denunciar los casos de trata, secuestrados, desaparecidos o extraviados: “Con nosotros tienen la posibilidad de una asesoría, de detener a los victimarios y ayudar y rescatar a las víctimas”. Desinformación: psicosis Las constantes pesquisas de jóvenes ausentes y la falta de información sobre estos casos por parte de una autoridad que no investiga, ha alentado una sicosis sobre supuestos casos de menores raptados y victimizados para el tráfico de órganos. Gestada en las redes sociales, la alarma cunde en Tijuana, sin que ningún caso haya sido comprobado, obligando a las autoridades policiacas a desmentir los rumores. Ni secuestro de niños, ni presencia de panel blanca en las inmediaciones de instituciones educativas para sustraer pequeños, nada es verdad, “todo es una falsa alarma”, sostuvieron Alejandro Lares Valladares, secretario de Seguridad Pública Municipal, y Miguel Ángel Guerrero Castro, coordinador de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Sobre la imagen de una niña asesinada que circula en redes sociales, Guerrero informó que se trata de un caso registrado en el Estado de Veracruz.
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