Denuncia despido, emergen irregularidades en IMSS, hacienda y otras instancias

Mario Alberto Íñiguez carga con una caja de plástico. En ella, resguarda decenas de documentos, copias, expedientes, todo relacionado con su despido de Estructuras y Perfiles de Mexicali, para la cual fungió durante 18 años como auditor. El caso revela las truculentas prácticas de algunos empresarios para evadir pagos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Hacienda y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). La empresa local –con 13 sucursales– es propiedad de Rafael Godínez Pineda y de acuerdo al empleado despedido, el asunto se originó a raíz de la intención patronal de contratar una compañía intermediaria, de las conocidas como outsourcing. Su oposición a esta decisión, significó su inmediata salida de la empresa. Con su despido, los cerca de 200 trabajadores que estaban reticentes a firmar las nuevas condiciones laborales, lo hicieron. Las empresas de outsourcing –utilizadas principalmente en el sector maquiladoras– fungen como intermediarias entre la patronal y los trabajadores. De esta forma, la relación laboral entre ambos no existe, sino con la intermediaria, por lo que el patrón puede evadir todas las obligaciones al no haber una relación directa obrero-patronal. De paso también evaden pagos al IMSS, al registrar ante el organismo sueldos más bajos que los reales. Lo mismo ocurre con la Secretaría de Hacienda e Infonavit. “Temo por mi vida”, dice Íñiguez, con la caja de sus documentos a un lado. El hombre se desempeñaba como auditor –ganaba cerca de 36 mil pesos mensuales– en la empresa Estructuras y Perfiles de Mexicali, desde hace cerca de 18 años, aunque tuvo una salida temporal hace 10 años. De acuerdo a su versión, el dueño de la empresa formalizó, en septiembre de 2012, un contrato con una empresa de outsourcing, Servicios Técnicos Especializados Empresariales. “La intención de ese outsourcing era registrar a todos los empleados ante el Seguro Social con un sueldo de 99.70 pesos”, comenta Íñiguez. Además, a los trabajadores se les hacía entrega de un recibo por 698 pesos y, por separado, pagos de hasta 7 mil pesos, lo cual quedaba asentado en otro recibo expedido por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). “Es una simulación completa”, asegura el ahora ex empleado. La propuesta patronal creó incertidumbre entre la base de trabajadores e incluía a Íñiguez en el cambio, pero éste no aceptó. Refiere que vía nómina le cubrían su sueldo de 380 pesos diarios, mientras la diferencia, unos 700 pesos, se le pagaba con un cheque personal de la cuenta del patrón. El argumento del dueño de la empresa era que buscaba ahorros en cuanto a las cuotas obrero-patronales en el IMSS. En función de su despido Mario Alberto interpuso una demanda por despido injustificado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Íñiguez acepta que firmó una renuncia y un finiquito, pero que fue engañado y que su demanda está procediendo ante los tribunales laborales. En su demanda ha incluido la falta de reparto de utilidades y considera que a raíz de la denuncia deben emerger una serie de irregularidades, como la omisión de impuestos. Ejemplifica: la hija del dueño está registrada con 3 mil pesos semanales, pero el sindicato de la CROC le paga otros 7 mil pesos, aun así es propietaria en Mexicali de una casa de cerca de medio millón de dólares. Dice que involucró al IMSS como tercer implicado por las cuotas omitidas. A la subdelegación de esta dependencia, llevó toda la información correspondiente para comprobar sus dichos, pero después de un par de semanas la única respuesta fue un “No procede”. Ante esta situación, además de la demanda laboral, Íñiguez interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por falsedad en declaraciones.