Policías armados custodian a un séquito de 15 personas entre actuarios, abogados, representantes de inmobiliarias y despachos corporativos para desalojar a una familia de su vivienda. Lanzan la amenaza “abre o te llevamos a la cárcel y te va a ir peor”. Carolina Alvarado calma el llanto de su hijo de tres años, mientras marca al celular de su esposo cuando ve desde la ventana a uno de los policías cortar el candado de su reja. Segundos después, el mismo agente patea la delgada puerta del hogar y desenfunda su arma. Quien se presenta como la represente legal del despacho de cobranza, Consultores Profesionales Corporativo, muestra a Carolina una hoja de papel –mas no le permite leerla– como la “orden del juez” para el desalojo. En menos de una hora, Carolina y su hijo están con sus pertenencias sobre la banqueta. Cuando llega su esposo José Núñez, le indican que acuda al despacho “para firmar unos papeles”. La pareja sostiene que no fue notificada del desalojo. Diez años antes de esa mañana de octubre de 2013, Carolina y José tramitaron ante el Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), su crédito conyugal para adquirir una vivienda de 120 metros cuadrados en el fraccionamiento “Vistas del Valle” de la subdelegación Ojo de Agua. En 2008, ella pierde su trabajo y deja de cubrir sus cuotas, pero José continúa con sus aportaciones vía nómina. Juntos acudieron al departamento de Cobranza de INFONAVIT para encontrar una solución, “pero nos traían a puras vueltas”, explica la mujer. Posteriormente, el organismo entregó a Consultores Profesionales Corporativo la cartera vencida que incluía la cuenta de la pareja. Ahí, les solicitaron 30 mil pesos para solucionar la demanda por incumplimiento de pago, ya que INFONAVIT no facilitó la reestructuración de la deuda. “Presentamos un amparo en 2010 y lo perdimos supuestamente porque nos mandaron un citatorio y no acatamos la orden juez, quien estableció que se había presentado rebeldía, pero nunca recibimos notificación alguna. Ni mi esposa ni yo firmamos y el despacho dice que sí lo hicimos”, explica José Núñez a ZETA. El colmo. El 11 de febrero de 2014 –cuatro meses después del desalojo– recibe, vía internet, el siguiente mensaje de INFONAVIT: “¡Felicidades, estás a punto de terminar de pagar tu crédito!”. Hasta la fecha, al trabajador se le descuentan mil 200 pesos al mes de su salario para pagar el crédito de la vivienda ahora ocupada por un velador de la inmobiliaria que adquirió el inmueble. Reserva una cantidad igual para pagar la renta de su nueva casa. Entre las aportaciones del matrimonio, se cubrieron casi 180 mil de los 250 mil pesos del crédito. A medias, han recibido explicaciones de INFONAVIT. Por lo que saben, la vivienda fue rematada en junio de 2013 y no hay fecha ni para que se suspendan los descuentos de la nómina del trabajador ni para la devolución de los casi 5 mil pesos cobrados desde el desalojo. ZETA se comunicó y acudió al despacho, pero no hubo respuesta del corporativo. Lo mismo con INFONAVIT. Mañosas notificaciones a domicilios falsos Alejandro Carvajal, coordinador nacional de la Red de Usuarios de Servicios Financieros de la asociación civil El Barzón conoce bien este tipo de actuaciones de las instituciones crediticias. “Uno de los principales problemas de la Reforma Financiera –en vigor desde el 9 de enero de 2014– es que se recortan los juicios judiciales a favor de las instituciones de dos años hasta a dos meses y se les da las facilidades en materia judicial para rematar de manera más rápida”. Entre los abusos documentados por esta asociación civil, están los desalojos basados en intimidaciones. “Se les hace firmar convenios de entrega de las viviendas sin que exista el debido proceso so pena de amenazas de arrestos o de cárcel”. Desde 2012, El Barzón ha llevado 380 casos de juicios hipotecarios en Tijuana. De éstos se han logrado recuperar 12 viviendas y otras 30 están en proceso de recuperación. La asociación ha detectado que en el 90 por ciento de los casos, hay irregularidades en cuanto a los emplazamientos o notificaciones. Incluso, tienen registrados casos donde las hipotecarias envían notificaciones a domicilios equivocados o falsos para agilizar el proceso de desalojo. En los últimos dos años, la problemática de viviendas abandonadas se han recrudecido, El Barzón ha contabilizado en la entidad, 240 mil familias que dejaron sus hogares por desalojos o bien por presión debido a la falta de pagos. Adicionalmente, los abogados que ahí laboran han asesorado a alrededor de 600 personas, la mitad están a punto de ver sus casas rematadas. La asociación ofrece tres tipos de ayuda: preventiva, legal y judicial. “Comen o pagan vivienda” A Martha Rueda, coordinadora estatal de El Barzón, le preocupan particularmente las consecuencias de la Reforma Fiscal en la economía de aquellos que apenas pueden sostener los pagos de un crédito o hipoteca. “Desde enero, se triplicó el número de personas que llegan a pedir información, en un día atendemos a 30 personas y es que las hipotecarias que se mantuvieron medianamente demandando sus pagos o créditos, ahora están presionando a la gente para que salga de sus casas”, refiere. Y agrega, mientas no mejoren las condiciones económicas, el problema va a subsistir. Para Martha Rueda, la explicación es simple, pero altamente perjudicial. “La gente va a entrar a una situación muy complicada, mientras no haya una tasa mayor de empleo y aumenten los precios de los alimentos, o comen o pagan vivienda”. Según los datos ofrecidos por esta organización, desde 2013 aumentaron el número de profesionistas a punto de perder su vivienda. Los fraccionamientos afectados se distribuyen por toda la ciudad, lo mismo en la Zona Este que en Santa Fe o Playas de Tijuana. Para dimensionar el problema, de acuerdo a las cifras oficiales de INFONAVIT, en Baja California, se otorgaron 30 mil 980 créditos en 2013. En todo el país, el Instituto tiene una cartera de crédito en balance de 906 mil 500 millones de pesos, eso lo convierte en el mayor originador de créditos hipotecarios en el país. De su meta de 28 mil 590 créditos para 2014, la delegación estatal ha formalizado hasta el 8 de abril de 2014, 6 mil 325 créditos. En una sola semana, se otorgan hasta 538 créditos. Cuando la estadística se fija en aquellos trabajadores con un ingreso menor a dos salarios mínimos, el 28 por ciento de estos créditos, les son entregados. Policía llega más rápido a desalojar que a una emergencia. Mediante un crédito INFONAVIT, Leticia Arellano adquirió una vivienda en Ciudad Valle Las Palmas. De entrada, su copia del contrato entre la inmobiliaria GEO y ella, carece de firmas por parte de los representantes de la empresa y de las autoridades de INFONAVIT. En el documento, del cual ZETA posee copia, el titular de la Notaría Pública Número Cuatro hace constar el contrato de compraventa, así como el de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, en el volumen 7033 del 11 de marzo de 2011. Leticia recuerda que junto a su esposo, acudió al Hotel Azteca en julio de 2011 para firmar las escrituras de su hogar. Ahí estaban otras 200 familias. La pareja recibió las garantías, llaves y un juego de focos para la casa. El crédito vía nómina fue de 185 mil pesos para cubrir el valor de la casa con paredes de cuatro pulgadas de ancho y compartidas con las dos casas entre las que se encuentra. Mientras la madre de familia trabajaba en Summit de Baja California, empacando audífonos, esta empresa le notificó de un error al momento de deducir los pagos a INFONAVIT. Se trataba de la duplicidad en números de cuenta de créditos. Por esta razón y cuestiones personales, Leticia abandona la empresa. Cuando se acerca a la dependencia para conocer sus alternativas en la forma de pago, obtiene una única respuesta, “entra a trabajar otra vez”. Tras dar nacimiento a su hijo, Leticia comienza a laborar en una empresa distinta. Pero resulta peor ya que le informan que el número de cuenta no aparece registrado en el sistema INFONAVIT. Sin embargo, el número es el mismo de diversos documentos emitidos por la dependencia federal como el oficio de Suspensión de Descuentos dirigido a Summit de Baja California, con fecha de julio de 2011, cuando Leticia dejó de laborar ahí. Al acudir al Instituto, Leticia es informada que en efecto, se suspendieron los descuentos en su salario porque “la casa ya no era mía”, recuerda. Desde entonces, la familia con dos hijos ha intentado hacer ver a INFONAVIT el error cometido por la propia dependencia. Han mostrado, por ejemplo, las hojas de constancia de pago realizados por la empresa donde Leticia laboraba. Al no encontrar una respuesta, optaron por acudir con GEO. La respuesta de la inmobiliaria fue endeudarla con un crédito hipotecario, “no te queda de otra”, pero la mujer no accedió porque no cuenta con los recursos suficientes para hacerlo. En enero de 2014, recibió notificaciones de desalojo escritas en hojas de libreta. Acudió nuevamente a GEO para enterarse que la empresa había detectado un error en las escrituras, por lo que Leticia había sido citada, pero como se encontraba fuera de la ciudad, resultó en falta de comparecencia. “Pues por eso perdiste la casa”, le dijo la empleada de la inmobiliaria. Fue entonces que el 18 de febrero, acudieron a desalojarla, pero al encontrarse vacío su hogar, policías, abogados, actuarios y representantes legales optaron por irse. El presidente de Tijuanenses Unidos por Una Vivienda Digna, Óliver Vázquez también asesora a familias como ésta. En más de diez años, ha representado a vecinos de 23 fraccionamientos como Villa Fontana, Villa del Sol y Real de San Francisco. Leticia reflexiona más allá de su situación patrimonial, sobre el actuar de la policía municipal. En un fraccionamiento donde aumentan las viviendas abandonados, los agentes no responden a sus llamadas de noche para reportar a un grupo de personas que se introducen a la casa de al lado –con la que comparte pared– para fumar marihuana. De día, al igual que en Vistas del Valle, donde vive Carolina Alvarado, los niños utilizan las viviendas abandonadas, entre montones de basura, pedazos de ropa y grafiti, como área de juego. Rematadas o sin dueño, las viviendas abandonadas se multiplican y muchas de las familias que antes las ocupaban, se pierden entre los engorrosos trámites, la falta de asesoría y los engaños de hipotecarias e instituciones crediticias.
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